Capítulo 2. Evolución histórica del fenómeno de la corrupción en Guatemala
El Estado de Guatemala es uno de los países que presenta mayores rezagos respecto de su
desarrollo económico, social y político, por lo que su ciudadanía se enfrenta a una serie de elementos
que han estructurado el contexto de su sociedad y que no han permitido un desarrollo integral para
todos los grupos de población. Algunos de estos factores estructurales que se encuentran insertos, no
solamente en la cosa pública, sino dentro de la sociedad guatemalteca, es la cultura de la corrupción,
por lo que la inversión pública no se ha centrado en las prioridades reales de la ciudadanía. La
corrupción ha generado un costo económico y social para el país al limitar la respuesta del Estado y
su presencia en todo el territorio. El acceso a servicios públicos para toda la ciudadanía, por tanto, se
ha visto limitado, en especial, para el 59% de la población que se encuentra en una situación de
pobreza. Han existido avances respecto de algunos instrumentos y mecanismos para contrarrestar la
cultura de la corrupción, pero el balance de esta problemática en el país demuestra que el Estado
mantiene una deuda pendiente para combatirla.
En los apartados de este capítulo se presenta las mediciones de la percepción de la corrupción en
el país, de otros elementos relacionados con ella y del sistema de impunidad. Como podrá observarse,
la corrupción siempre ha estado presente en el sistema político, por lo que esta es una problemática
que se ha mantenido vigente pero no visible en todos los casos, solo hasta años más recientes, cuando
los retos del desarrollo se han potenciado, aunado a que el uso de la tecnología ha permitido realizar
una trazabilidad de casos y evaluar el desempeño de funcionarios, así como las redes sociales que han
facilitado el acceso a la información para realizar un análisis más exhaustivo del actuar público. De
esa cuenta, estos mecanismos han representado una plataforma para expresar el rechazo, reprobar y
deslegitimar la gestión de quienes desempeñan una responsabilidad pública.
12.1 Marco de resultados de país en materia de corrupción e impunidad
Este subapartado buscar presentar el comportamiento de los resultados de las principales
mediciones globales sobre corrupción, de las cuales, Guatemala ha sido objeto de estudio. Dada la
naturaleza de esta problemática, tal como se describió en el capítulo anterior, y tomando en cuenta
que no existe un marco teórico consensuado, algunas de las principales herramientas para su medición
han sido a través de estudios de percepción.
Índice de la Percepción de la Corrupción. Esta es una de las mediciones medulares de la
corrupción a nivel internacional que se realiza de forma anual y se enfoca en detectar la apreciación
de la corrupción en el sector público. En su última evaluación, la herramienta aplicó el ejercicio en
180 países a través de la captura de datos de información de fuentes externas, tales como comités de
expertos, consultores, actores vinculados con análisis de riesgos, el Foro Económico Mundial y el
BM1. La metodología define una puntuación entre 0 y 100, en donde 0 es muy corrupto y 100 lo menos
corrupto2. El informe de 2021 destaca que los países de la región latinoamericana ha sido objeto de
hechos que han vulnerado la libertad de expresión, prensa y asociación. En ese sentido, resalta a
Guatemala como uno de los países que han hecho uso de mecanismos como intimidación, difamación,
la desinformación a través de noticias falsas y ataques dirigidos a actores vinculados con la defensa
de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción3
.
1 Transparencia Internacional, «Sobre el Índice de Percepción de la Corrupción», Transparencia Internacional, acceso el
15 de agosto de 2022, https://www.transparency.org/es/press/2021-corruption-perceptions-index-press-release
2 Transparencia Internacional, «¿Cuál es la diferencia entre la clasificación de un país/territorio y su puntuación?»,
Transparencia Internacional, acceso el 15 de agosto de 2022, https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-
calculated
3 Transparencia Internacional, «La corrupción está socavando la democracia y los derechos humanos», Transparencia
Internacional, acceso el 15 de agosto de 2022, https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-americas-a-region-in-
crisis
2En las últimas diez mediciones, el país ha presentado resultados que han mostrado una involución
para su sistema democrático. Aunque la fuente indica que la comparación entre años no es idónea, los
punteos nos dan una visión que indica que el país no reúne las condiciones mínimas de un sistema
político que provea de una certeza y que busque el interés colectivo de su ciudadanía, y, por tanto,
esto desincentiva la inversión económica y limita las oportunidades de agencia de su población. En
las últimas dos mediciones, Guatemala ha sido evaluada entre 180 países y ha obtenido 25 de 100
puntos en ambas ocasiones, con lo cual, casi logra ubicarse en el grupo que presentan la menor
puntuación; es decir, entre los países con más corrupción en el mundo (<=20 puntos), en donde se
encuentran Siria, Somalia, Venezuela, y Yemen. En un periodo de 10 años, el país se ubicó en el lugar
número 113 entre 176 países en 2012, posición que decayó al número 150 entre 180 países en 2021.
Con ello, ha tenido una variación de menos 8 puntos en su puntuación, tal como se puede observar en
la gráfica siguiente, hecho que ha sido resaltado por Transparencia Internacional
Los últimos dos años son los que han mostrado el puntaje más bajo, incluso ha sido menor que en
el periodo 2015-2018, un periodo que marcó un parteaguas en la lucha contra la corrupción y en el
que se develaron varios casos de esta. No obstante, el desmantelamiento y cancelación del mandato
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- pudo haber constituido un
elemento fundamental para valorar los esfuerzos del Estado en su lucha contra la corrupción, hecho
que ha permitido consolidar alianzas de diferentes estructuras del crimen organizado y delincuentes
de cuello blanco, como se verá en el capítulo siguiente.
El promedio del punteo de la región de las Américas se sitúa en 43, al igual que la cifra global. A
este nivel, Guatemala se encuentra al roce de agruparse con países como Nicaragua, Haití y
Venezuela, que cuentan con sistemas autoritarios, con restricciones de libertad de expresión y con
opacidad de la gestión de sus autoridades.
El Barómetro Global de la Corrupción. Este es aplicado en América Latina y El Caribe. La
última medición se realizó en 2019 y presenta la opinión pública de la ciudadanía en relación con la
corrupción y sus manifestaciones. Sus resultados fueron publicados por Transparencia Internacional
y la aplicación del instrumento en 2019 evidenció que la problemática de la corrupción tiene una
afectación de algunos grupos, tales como las mujeres, considerando su vulnerabilidad al restringírsele
el acceso a servicios públicos; por lo que son más proclives para pagar sobornos. Además, pone en la
5palestra un fenómeno que no había sido visibilizado anteriormente: la sextorsión, considerada como
una forma de corrupción de género. La medición también evalúa otras manifestaciones como la
compra de votos, amenazas para influir en votaciones y la desinformación a través de noticias falsas.
La última encuesta presentó que Guatemala fue uno de los 18 países evaluados, donde el 46%
de la muestra de ciudadanos pensaba que la corrupción había incrementado en los últimos 12 meses;
es decir que la mitad de los encuestados percibía que así había acontecido. Este porcentaje incrementó
la percepción de dos años atrás en 4 puntos porcentuales. A pesar de su incremento, la cifra de 2019
se ubica por debajo del promedio de la región (53%).
Otro de los resultados que llamó la atención es que el 90% de las personas indicaron que la
corrupción es un problema importante, que implica que la ciudadanía lo posiciona como una prioridad
pública. Este hecho es relevante porque no implica que los ciudadanos de todos los sectores tomen un
5 Transparencia Internacional, Barómetro Global de la Corrupción América Latina y El Caribe 2019. Opiniones y
experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción, (Alemania: Transparency, 2019), 4.
6papel activo en contrarrestarla. El año 2015 para Guatemala fue paradigmático, pero sin la
movilización de actores externos, el devenir histórico hubiese sido diferente. Adicionalmente, la
encuesta mostró que el 76% de las personas piensan que los ciudadanos pueden hacer una diferencia
en lucha contra la corrupción, porcentaje que incrementó de la medición de 2017 cuando se ubicó en
un 70%. El mismo porcentaje de personas manifestó que tienen una confianza baja en instituciones
como la policía, cortes y gobierno, y 71% expresaron que el despacho del presidente es en su mayoría
corrupto.
Por otro lado, el 25% -cifra que ha sido similar respecto de 2017- indicó que tuvo que pagar
un soborno para tener acceso a un servicio público, tal como salud y educación. Esto llama sumamente
la atención, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala norma la igualdad
e incorpora artículos para garantizar el goce de derechos económicos, sociales, civiles y políticos,
además de la vigencia de un robusto marco legal que lo refuerza. Por último, la sextorsión también
fue evidenciada como una manifestación de abuso de poder, en la que el 23% de las personas
encuestadas indicaron que se habían enfrentado a ella o conocían a alguien que había pasado por esa
situación.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). Este índice mide la capacidad
de los gobiernos para el abordaje integral de la corrupción: su identificación, sanción y prevención.
En ese sentido, valora y cataloga la eficacia de los países para combatir la corrupción a través de 14
variables. La medición se encuentra en un rango de 1 a 10, donde la puntuación más alta implica que
existe una respuesta efectiva para castigar a quienes realizan un acto de corrupción. La herramienta
fue adoptada por primera vez en 2019 y consiste en una encuesta que es aplicada a expertos en
anticorrupción de Control Risks, la academia, sector privado, sociedad civil y medios de
7comunicación, quienes evalúan elementos que estructuran tres componentes que conforman el índice:
capacidad legal, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación6
.
En la primera medición, Guatemala obtuvo un resultado general de 4.55 sobre 10 puntos. En
2020, el punteo decreció a un 4.04, posicionándose en el lugar 11 de 15 países, en donde el
componente que tuvo un mejor desempeño fue el relacionado con sociedad civil, medios de
comunicación y sector privado -5.28-, seguido por capacidad legal -4.13- y democracia e instituciones
políticas -3.10-. La valoración cayó aún más en la evaluación de 2021, cuando el puntaje se ubicó en
3.84, alcanzando el lugar número 13 de 15 países. De los tres componentes, el relacionado con la
capacidad legal fue el que tuvo una afectación en su desempeño al haber decaído de 4.13 a 3.75, en
tanto los dos restantes no presentaron una variación significativa.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) Evaluando la capacidad de
América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción, (s.f.: 2022), 2-3.
8Son siete los elementos que integran la categoría de Capacidad Legal y se relacionan con la
«independencia y eficiencia judicial, independencia y eficacia de los organismos anticorrupción,
acceso a la información pública y transparencia general del gobierno, la independencia y recursos de
la fiscalía general y de los agentes de investigación, el nivel de conocimientos y recursos disponibles
para combatir los delitos de cuello blanco, calidad de los instrumentos de la delación premiada y el
nivel de cooperación internacional en materia de orden público»7. Esta última fue la que alcanzó la
mejor puntuación dentro de este bloque, seguida por el acceso a la información pública y transparencia
judicial, mientras que la independencia del Ministerio Público, de los organismos anticorrupción y del
sistema judicial fueron los que obtuvieron la menor puntuación. El mismo comportamiento se obtuvo
para 2020. Ello se debe a la cooptación de estas instancias por parte de estructuras de poder paralelas
al Estado y del crimen organizado que ha logrado insertarse en ellas.
Por su parte, en el bloque Democracia e Instituciones Políticas, los procesos legislativos y de
gobierno fue el factor que obtuvo la menor puntuación. Llama la atención que la calidad general de la
democracia haya logrado la valoración más alta de este componente -que dista en tres puntos de la
media alcanzada por el conjunto de los países evaluados-, considerando el debilitamiento de la
independencia de algunos poderes y órganos de control, cuyas variables fueron las que obtuvieron una
menor puntuación en el bloque anterior; además, porque el desempeño de estos coadyuva a garantizar
un Estado de Derecho, el debido proceso, y por tanto, la calidad de un sistema democrático.
El tercer y último bloque del Índice, que se relaciona con Sociedad Civil y Medios de
Comunicación, contiene cuatro variables, en donde la calidad de prensa y del periodismo de
investigación fue la mejor evaluada, la cual es el único elemento que casi alcanza la media de los
países que fueron objeto de la medición. Las dos variables que tuvieron el menor desempeño versan
sobre la educación y la movilización de la sociedad civil contra la corrupción. Estas dos tienen una
asociación directa con la promoción de una cultura política, como se vio en el capítulo anterior.
Aunque la movilización de sociedad civil no ha sido nula, esta no ha mantenido un comportamiento
consistente, sostenible y con una visión de largo plazo para contrarrestar el abuso de poder y toma de
decisiones que buscan satisfacer intereses particulares.
Latinobarómetro. Consiste en una encuesta de opinión dirigida a la ciudadanía que se realiza de
forma anual en 18 países latinoamericanos para medir actitudes, valores y comportamientos en
relación con la democracia, economía y otros aspectos de las sociedades8. El estudio se integra a partir
de varios apartados, entre los que resalta el de Corrupción y fraude social, y este a su vez se estructura
por tres componentes. El primero es sobre las actitudes ante la corrupción y fraude social, que contiene
siete preguntas enfocadas a determinar el grado de aceptación de la ciudadanía de cara a la corrupción.
Una de las más importantes es sobre la anuencia o reticencia de la ciudadanía a permitir un nivel de
la corrupción siempre que se solucionen los problemas del país. Los resultados para 2020 muestran
que el 41% respondieron que estaban de acuerdo y un 6% muy de acuerdo; es decir, que, de 10
personas, 5 aceptan hechos de corrupción, en tanto se aborden otros problemas del país. No obstante,
es conocido, que la corrupción tiene costos para el país, como se abordó en el capítulo uno de este
trabajo. Por tanto, es falaz creer que los problemas de la agenda pública se resolverán de forma
eficiente y eficaz, en tanto prevalezca una cultura de corrupción en el sector público.
Este indicador ha mantenido un comportamiento similar desde el 2002; sin embargo, en 2017 el
porcentaje de aceptación entre «de acuerdo» y «muy de acuerdo» se situó en 55.6%, lo cual llama la
atención, considerando que en ese año ocurrió una crisis política en el país que quebrantó las bases
para la sostenibilidad de la lucha contra la corrupción, como se verá más adelante. Ello también induce
a determinar que se validó la decisión de cortar las acciones de largo aliento para la contrarrestar esta
problemática en el país.
8 Latinobarómetro, «Corporación Latinobarómetro», Latinobarómetro, acceso el 16 de agosto de 2022,
https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
La siguiente métrica del instrumento se enfoca en determinar si los ciudadanos han
desarrollado alguna maniobra para evadir el pago de impuestos. Para 2020, el 22.3% respondió
afirmativamente, porcentaje que incrementó desde 2007, cuando este se ubicó en un 9.7%. Es decir,
que la proporción de personas que reconocieron haber realizado una acción como tal, se duplicó en
un periodo de 13 años.
La encuesta también contuvo la pregunta acerca de haber sido beneficiado por un subsidio
estatal cuando este no le correspondía, en donde el 13.5% de las personas respondieron haberlo
recibido. Esta cifra se ha mantenido en un rango entre un 6% -en 2007-
, y 16% -en 2002-, cuando
alcanzó el máximo en 20 años.
La simulación de estar enfermo para no ir a trabajar fue otra de las interrogantes del cuestionario,
que implica una manifestación de engaño. Al respecto, el 27.3% indicó que sí lo había hecho, que
significa que, de 10 personas, 3 afirmaron haberlo realizado.
12Por otra parte, se indagó sobre la percepción de la posibilidad de erradicar la corrupción de la
política, a lo cual, el 61% de las personas indicó que estaban «muy de acuerdo» y «de acuerdo» con
la afirmación, en tanto que este porcentaje se ubicó en un 57.5% cuatro antes. Lo anterior indica que
el comportamiento de los ciudadanos sobre alguna práctica corrupta ha incrementado y a su vez, ha
aumentado la percepción de que la corrupción es posible erradicarla.
El estudio también muestra la percepción de la cultura de la denuncia. Un 65% de la muestra
encuestada reconoció que si no denuncia un acto de corrupción del cual tenga conocimiento, se
transforma en cómplice. Este porcentaje incrementó en cinco puntos porcentuales, en comparación al
2018, donde la proporción se situó en un 60%. El porcentaje de personas que indicaron estar en
desacuerdo con esta afirmación se sitúa en un 24.9% para 2020 y en un 30.6% para 2018, tal como se
puede observar a continuación.
Este mismo componente incluyó la interrogante sobre qué grupo de personas son las que se
encuentran involucradas en actos de corrupción, y el resultado mostró que el grupo que más porcentaje
13obtuvo en esta percepción son el presidente y sus funcionarios con un 36.1%9, le siguen los
parlamentarios con un 28.9%, los gobiernos locales y la policía con un 25.2 y 25.3%, respectivamente,
los empresarios con un 17.3%, los empleados públicos con un 16.6% y los funcionarios de la Oficina
Nacional de Impuestos con un 13.5%. Los líderes religiosos y algunas familias también fueron
valorados en este ejercicio, con un 10.1% y 9.6%, respectivamente.
El conjunto de respuestas de este apartado explica la idiosincrasia de la cultura política de una
sociedad. En la medida que estas actitudes no permeen, su desempeño será igual en el ámbito privado
que en el público, o con mayores probabilidades al tener una ventaja en una posición de poder.
El segundo componente aborda la Percepción del nivel de corrupción y fraude social, que contiene
una primera pregunta acerca si las personas o sus familias han sabido de algún acto de corrupción.
9 Resultado que coincide con los contenidos en el Barómetro Global de la Corrupción.
14Los resultados muestran que el 81.6% de las personas encuestadas respondieron que sí conocían de
algún acto de corrupción para 2020, en tanto que para 2015 y 2016, cuando se dieron a conocer
públicamente casos de corrupción, esta proporción se ubicó en 88.7 y 83.6%, mientras que, en 2011,
la cifra se situó en un 95.4%, al final de un gobierno saliente señalado de acciones de corrupción, pero
sin alcanzar un número igual o mayor de casos procesados por corrupción, como el gobierno siguiente.
El siguiente planteamiento se enfocó sobre la percepción de la variación del nivel de corrupción en el
país desde el año anterior, para lo cual, el 29.8% de la muestra encuestada indicó que «aumentó
mucho» y un 19% respondió que «aumentó algo». El 24.4% manifestó que esta se ha mantenido igual;
un 12.1%, «disminuyó algo» y un 3.5% «disminuyó mucho». Por el contrario, para 2016, el 16.2%
percibió que la corrupción había disminuido algo, y, por tanto, el porcentaje que respondió «aumentó
mucho» y «aumentó algo» alcanzó el 41%; mientras que estas dos respuestas sumaron un 49.6% en
2020 y un 50.8% en 2018.
Aumentó mucho Aumentó algo Se ha mantenido igual
Disminuyó algo Disminuyó mucho No sabe
Fuente: Latinobarómetro 2020.
15El tercer componente asociado con la Lucha contra la corrupción contiene una pregunta acerca
de cuánto cree la población que se ha avanzado en reducir la corrupción en las instituciones públicas
en los últimos dos años. Al respecto, llama la atención que el porcentaje que ha manifestado que
«nada» se ubicó en un 41.5% en 2010, y este ha bajado cinco puntos porcentuales para 2020 al situarse
en un 36.7%, valoración que no se ha ubicado en un rango mayor ante el desmontaje de algunas
intervenciones y mecanismos en relación con la lucha contra la corrupción a partir de 2017. Al mismo
tiempo, es interesante resaltar que la percepción sobre si se ha avanzado «mucho» ha incrementado
entre 2015 y 2020, del 9.9% al 14.1%.
En el siguiente apartado se detalla la evolución de los hechos de corrupción en el país, que explican
por qué la brecha de Guatemala para sentar las bases de un Estado de Derecho y un sistema
democrático garante de derechos es tan grande.
2.2 Desarrollo histórico de la corrupción en Guatemala10
La historia de Guatemala se ha caracterizado por la captura de su Estado por grupos de interés que
han instalado fuerzas de poder paralelas y han limitado el desarrollo y maduración de un sistema
democrático en el país, lo que ha dado pie a la satisfacción de fines particulares, cimentando las bases
para las desigualdades económicas y sociales que prevalecen hoy en día. La corrupción fue una de las
prácticas y legados de la Corona española a través de las encomiendas e indulgencias11; prácticas que
estuvieron visibilizadas mediante el nepotismo y venta de cargos públicos en la gestión de los
presidentes de la Audiencia de Guatemala en el siglo XVI12
.
10 Los hechos que se presentan en este apartado son los más emblemáticos y representativos que funcionarios y servidores
públicos han ejercido a través de los años. Existen otros más, pero se rescataron aquellos que han marcado un hito para un
Estado democrático y que, por tanto, constituyen un mecanismo de involución para el sistema político del país. Los hechos
que se describen en este apartado abordan los acontecidos hasta el 2019.
11 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 38.
12 Idem, 39 y 51.
16La formación de la figura caudillista a mediados del siglo XIX con Rafael Carrera configuró un
sistema político en donde el carácter militar le brindaría estabilidad a los Estados del istmo
centroamericano. La institución castrense ha tenido un rol predominante en el sistema político de
Guatemala y su involucramiento ha sido determinante en la consolidación del Estado. Ha representado
uno de los actores principales en la conducción de la política del país, su participación ha sido clave
en hitos de la historia política de Guatemala que han propiciado la cooptación del Estado y han abierto
la puerta para la cultura de corrupción que ha predominado por décadas.
Los integrantes militares aludieron a la construcción de un Estado democrático desde el
movimiento liberal de 1871 y en pro de la construcción de un Estado igualitario. Este momento
constituyó un hito en la consolidación de sinergias entre el Estado y la burguesía y su rol
preponderante en Guatemala. La reciente fundación de Guatemala, independiente de una federación,
requería la dinamización de su economía, por lo que la articulación con actores comerciales representó
un proceso en el que los intereses se vieron tergiversados para satisfacer objetivos económicos de
terratenientes, en particular de los caficultores. De acuerdo con investigaciones de autores como
Tobar, jefes políticos locales, comisionados militares y agentes privados que laboraban en las fincas,
se desempeñaron como «enganchadores particulares», cumpliendo con responsabilidades para el
reclutamiento de mano de obra y establecimiento de una estructura laboral que sometía a personas
indígenas a un trabajo forzoso que propiciaba un «sistema de corrupción y abuso de poder», con el fin
de garantizar mano de obra abundante para los finqueros, quienes tenían la facultad de fijar bajo
discrecionalidad el pago13. Ello fue desarrollándose en el marco de instrumentos normativos que
legalizaron este actuar hasta 1920. Para la autora, este marco evidenció un actuar servil y corrupto de
13 Anneliza Tobar Estrada, «Estado Capturado, Estado Empobrecedor. Los patrones de actuación del Estado guatemalteco
y la persistencia de la pobreza (1944-2012)» (tesis doctoral, Colegio de la Frontera Norte, 2018), 61-62 y 64.
17funcionarios que se desempeñaron para satisfacer los intereses de terratenientes14, considerando que
el café, para finales del siglo XIX, constituía la base de la economía del país.
Aunado a lo anterior, a inicios del siglo XX, comenzó un proceso de inserción de empresas
estadounidenses las cuales se convirtieron en fuente de conflicto político posteriormente. Con la
instalación de la United Fruit Company -UFCO- en el país, se promovió el cultivo del banano como
otro impulsor de la economía guatemalteca, a la cual, se le permitió que estuviera a cargo de la
producción, distribución y comercialización del cultivo. El Estado suscribió un contrato que le
entregaba tierras en usufructo para la plantación, el muelle de Puerto Barrios, el derecho a la
utilización del agua de ríos para el riego correspondiente, la libre importación de materiales y exención
del pago de impuestos por 35 años. Por su parte, la UFCO sería responsable de construir la línea de
ferrocarril para unir la ciudad con Puerto Barrios, para lo cual, debía pagar US$6 mil o $1 por cada
racimo de banano que exportara. No obstante, la empresa adoptó prácticas para evadir estos
compromisos, y ocultaba el verdadero peso de los bananos exportados15
.
La participación de la empresa en el mercado nacional y su presencia en el país sirvió al gobierno
de Estados Unidos posteriormente como plataforma para afianzar su política exterior, en defensa de
los intereses del capitalismo, y en el marco de una guerra ideológica que marcaba un parteaguas en la
historia política global. Su presencia sirvió para limitar el accionar de gobiernos progresistas en el
país, y este enfoque en su política exterior en el istmo centroamericano coadyuvó a afianzar gobiernos
de corte militar, que promulgaron su interés por un sistema democrático. Empero, estos últimos
procuraron mantener un estatus quo que en el trasfondo les permitió mantener su influencia en las
decisiones políticas.
14 Idem, 64.
15 Idem, 69-70.
18A mediados de la tercera década del siglo XX, arribó a la presidencia Jorge Ubico, una figura que
fue apoyada por las élites del país y por el gobierno de Estados Unidos16, pues representaba un líder
fuerte que podía contrarrestar al partido comunista y la agitación de la clase trabajadora, tras la
depresión de 1929, el colapso del café, y señalamientos «actos de corrupción rampante en la
administración pública»17. De esa cuenta, la campaña de Ubico se enfocó en la honestidad y recalcó
la importancia de reconducir la administración pública18
. Un instrumento importante a inicios de su
administración fue la Emisión de la Ley de Probidad (Decreto 1707), que buscó evitar la corrupción
y resguardar los haberes estatales. Su alcance incluía desde el presidente hasta el empleado de menor
rango; esta regulaba que todos los funcionarios debían declarar sus bienes y deudas, incluyendo las
de sus esposas e hijos. Además, estipulaba una serie de criterios que vedaban a una persona tener
acceso al manejo de un presupuesto19
. El Departamento de Hacienda era el responsable de verificar
información sobre actos de corrupción, y se sancionaba con el retiro del cargo y un año de prisión
correccional para quienes ocultaran deudas. Sin embargo, la gestión ubiquista culminó
caracterizándose por ser otra plagada de actos de corrupción y abuso de poder. Los funcionarios
identificaron estrategias para jugar con los criterios de la ley y declararon un valor mayor al real de
las compras adquiridas. Algunos de sus funcionarios se enriquecieron adquiriendo tierras a un valor
menor, incluyendo al mismo Ubico20
.
El gobierno de Ubico se constituyó en una dictadura y a través de las reformas a la Constitución,
logró mantenerse en el cargo por 13 años. Gobernó con «mano dura» y el sistema de pesos y
16 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 128.
17 Idem, 126.
18 Idem, 128.
19 Iliana Patricia Valdez Ochoa, «Asociaciones femeninas durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda (1,931-1,944):
Caso de María Chinchilla», (tesis, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2002), 18.
20 Idem, 19-20.
19contrapesos fue prácticamente nulo. Los impactos en el perfilamiento de un Estado democrático
fueron escasos, y el interés por reconstruir una administración pública, bajo estándares de una buena
mayordomía de recursos y manejo de las arcas públicas de forma proba fueron aspiraciones efímeras
al inicio de su administración. Esta más bien continuó afianzando un sistema político que adolecería
de un marco institucional que abogara por la democracia hasta mediados de la década de los 80s.
Su derrocamiento y el de su sucesor partió de un movimiento estudiantil que luchó por la
instalación de un régimen democrático, pero en el fondo no logró deconstruir los vejámenes de las
gestiones caudillistas y dictatoriales. La Revolución del 44 abría una ventana de oportunidad para dar
un giro al sistema político del país; sin embargo, el contexto global de una Guerra Fría incidió para
que las administraciones de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, que abogaron por cimentar un Estado
incluyente y fundamentado en bases democráticas, se les atribuyera responsabilidades por apoyar un
sistema comunista, por lo que el enfoque de la política de un gobierno extranjero fue respaldarse en
figuras militares que mantuvieran el estatus quo en el país.
La ruptura por establecer un Estado sustancialmente democrático constituye a su vez un hito que
permitió seguir consolidando una cultura de corrupción. La preeminencia del ejército guatemalteco
en dirigir el gobierno para contrarrestar las corrientes comunistas logró posicionarse como uno de los
pilares fundamentales para la gestión del Estado, que fue cooptado paulatinamente por estructuras de
corte militar. De esa cuenta, la segunda mitad del siglo significó la apertura de un «período de
autoritarismo, represión y restricción de las libertades políticas», en donde las acciones que defendían
mantener un sistema político que promulgara la democracia podía constituirse en una amenaza
comunista21
.
21 Anneliza Tobar Estrada, «Estado Capturado, Estado Empobrecedor. Los patrones de actuación del Estado guatemalteco
y la persistencia de la pobreza (1944-2012)» (tesis doctoral, Colegio de la Frontera Norte, 2018), 131.
20En el periodo de 1954 a 1985, gobernaron ocho militares y solamente uno civil, y tres de ellos
fueron gobiernos de facto, producto de golpes de Estado22
. En el periodo predominó el fraude
electoral, cuya estrategia pretendía reconducir la cosa pública, por lo que los golpes de Estado
apoyaron gobiernos anticomunistas y algunos la lucha contra la corrupción, aunque la gestión del
gobernante de facto se caracterizaría posteriormente por continuar obteniendo ventajas particulares.
En este periodo fue evidente la ausencia de políticas y de mecanismos de rendición de cuentas y
anticorrupción.
El primer golpe de Estado fue el perpetuado al general José Miguel Ydígoras Fuentes, el cual se
enmarcó en la «Operación Honestidad», y buscaba sanear la administración de las arcas públicas y
«corregir los vicios de las administraciones anteriores»23. De acuerdo con investigaciones de Tobar,
esta operación significó una transición hacia un nuevo orden y el rescate de valores como la disciplina
y moral, a través de un manejo de los fondos con honradez y la erradicación de negocios ilícitos24
. Sin
embargo, la gestión de Ydígoras Fuentes se caracterizó por una débil capacidad para gobernar, la falta
de honestidad para administrar los fondos públicos y actos de nepotismo. Nombró en las carteras
ministeriales a funcionarios que no contaban con el perfil idóneo para estar a cargo de estas. Entre
ellos, figuró Julia Quiñónez, quien fue designada como ministra de educación, cuyo nombramiento le
generó un desgaste por emerger conflictos con el magisterio nacional25, y otros de sus integrantes
representaban intereses agrícolas, industriales y militares26
.
22 Idem, 133.
23 Idem, 137.
24 Idem, 137.
25 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 29.
26 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 161.
21Durante su gestión se dieron las primeras acciones de la guerrilla en el país y un fraude en las
elecciones a diputados en 1962, que provocó el descontento ciudadano que demandó su renuncia
después de varias protestas estudiantiles y asesinatos de estudiantes de derecho por parte del ejército27
.
Como respuesta, Ydígoras, realizó cambios en los integrantes del Gabinete a miembros del ejército y
definió la militarización de servicios públicos28, lo cual denotó que su gestión respondía a
instrucciones de la institución castrense29
.
En medio de esta convulsión política, surgía el hecho que Juan José Arévalo regresara y se
presentara como candidato en las elecciones presidenciales en 1963, que, ante el carácter progresista
de su gestión anterior, representaba una amenaza para el ejército y la élite económica, por lo que inició
a gestarse un golpe de Estado, que recibió el apoyo del sector industrial, agricultor y financiero, el
ejército, y del Gobierno de Estados Unidos30
.
De esa cuenta, el ejército derrocó a Ydígoras y nombró presidente de la República al ministro de
la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia, con el objetivo de «reestablecer el imperio de la
moral»31, quien recalcó que el Ejército cumplía su rol en la defensa de la paz y tranquilidad para
reencauzar al país hacia el desarrollo económico y la probidad32
. Así, el Estado de Guatemala transitó
hacia un nuevo contexto político, en el que fueron disueltos los otros dos poderes del Estado, se
cancelaron las actividades partidistas y la gestión gubernamental se basó en decretos-leyes33. Su
27 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 32-33.
28 Idem, 33.
29 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 169.
30 Idem, 170.
31 Anneliza Tobar Estrada, «Estado Capturado, Estado Empobrecedor. Los patrones de actuación del Estado guatemalteco
y la persistencia de la pobreza (1944-2012)» (tesis doctoral, Colegio de la Frontera Norte, 2018), 137.
32 Idem, 137.
33 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 34.
22gestión también limitó la participación de actores sociales en la elaboración de una nueva constitución,
se desarrollaron medios de control y espionaje hacia la ciudadanía, lo cual evidenció el autoritarismo
y opacidad de su administración34
.
Ante el resultado del sufragio de la elección de Julio César Méndez Montenegro, el único civil
que habría obtenido la victoria democráticamente, el ejército pactó secretamente con el partido que lo
llevó a la Presidencia, para que incorporara la obligación por continuar con la lucha armada contra la
insurgencia y frenara cualquier acción para negociar con la guerrilla. Además, se convino la
independencia del Ministerio de la Defensa35
. Estas acciones iban en detrimento de un sistema
democrático y la secretividad bajo la cual operaban las fuerzas castrenses buscaba mantener su estatus
político, económico y social por medio de la satisfacción de intereses sectoriales que abonaron a
alimentar condiciones para la corrupción que se profundizaría posteriormente.
Así, los actos de corrupción que prevalecieron en este periodo fueron los fraudes electorales para
la presidencia y los nombramientos del candidato electo los refrendaba el Congreso de la República
mediante elecciones de segundo grado, por lo que hasta este momento, la prioridad en la agenda
pública se centró en la lucha contra la insurgencia, y la corrupción no se posicionaba como una
problemática como tal. La incertidumbre e inseguridad generada por el contexto validó la necesidad
de gobiernos autoritarios y de figuras fuertes, que se concretarían en personalidades caudillistas, para
contener actos de secuestro, asesinatos, entre otros.
Por otra parte, iniciaron a surgir y a tener preeminencia movimientos sociales organizados; no
obstante, se intentó por contener su involucramiento por provenir de bases de carácter socialista. Así,
34 Idem, 35-37.
35 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 173.
23un contexto por limitar la participación de sociedad civil surgía como parte de la opacidad de la gestión
gubernamental36
.
Para 1974 y 1978, las urnas fueron instrumentalizadas, ya que la decisión de la elección para el
cargo presidencial fue tomada por la élite castrense37. En el caso de la primera, el fraude electoral fue
evidente, después de que se generara un apagón eléctrico y se suspendió la transmisión de noticieros
hasta el día siguiente, cuando se presentaron resultados diferentes a los registrados un día antes38. Los
últimos presentaban al general Kjell Laugerud como presidente electo.
Para 1978, la designación para ocupar el cargo recayó en el ministro de la defensa, el general
Romeo Lucas García, quien continuó la política de represión de los movimientos sociales y opositores
a su gobierno39. En esta administración, hubo un aumento del aparato burocrático estatal y el
presupuesto público se orientó mayormente a la lucha contra la guerrilla. El resto de los recursos
nacionales se destinaron a la construcción de obra gris y de infraestructura que representó un
mecanismo para el endeudamiento externo40 y el enriquecimiento ilícito de funcionarios, entre ellos,
militares41. Algunos de estos proyectos se relacionaron con la construcción de hidroeléctricas, que
tuvieron financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y del BM, pero adolecieron
de mecanismos de fiscalización y de supervisión adecuados42. El descontento por estos actos se
36 Anneliza Tobar Estrada, «Estado Capturado, Estado Empobrecedor. Los patrones de actuación del Estado guatemalteco
y la persistencia de la pobreza (1944-2012)» (tesis doctoral, Colegio de la Frontera Norte, 2018), 149.
37 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 47.
38 Idem, 50.
39 Idem, 55-56.
40 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 183.
41 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 59.
42 Fernando González Davison, Guatemala, Política Exterior (historia y nuevas estrategias) (Guatemala: Serviprensa C.
A., 2001), 91.
24evidenció incluso entre el mismo ejército, dado que el costo de la guerra interna recaía en algunos de
ellos, mientras que otros se enriquecían y obtenían privilegios43
.
Es importante destacar que en esta administración se iniciaron a configurar estructuras de poder
paralelas al Estado, que buscaban apoyar al movimiento oficial contrainsurgente y el enriquecimiento
personal ilícito, las cuales constituyen las bases del modelo de corrupción que aún se mantiene vigente.
Una de estas fue La Cofradía, integrada por miembros de la inteligencia militar, liderada por el general
Manuel Callejas y Callejas y el general Luis Francisco Ortega Menaldo, que nació a partir del
establecimiento de una «oficina en el Ministerio de Finanzas Públicas para detectar el tráfico de armas
y municiones destinados a los grupos de izquierda armados» y progresivamente logró insertarse en
otras instituciones públicas, como la Fuerza Aérea, para operar contrabando, narcotráfico y otros
ilícitos44
.
Otras de estas estructuras que datan de finales de la década de 1970 e inicios de 1980, para ejercer
un poder ilícito y paralelo al Estado, fueron el Sindicato, la Red Moreno y el Grupo Salvavidas, así
como las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC- y el Estado Mayor Presidencial -EPM-. Estas últimas
como organizaciones institucionalizadas para coadyuvar en la lucha contrainsurgente, pero en ellas
recayeron actos de impunidad, delitos de corrupción y violación de derechos humanos.
La Red Moreno cobra relevancia por haber cooptado los puestos fronterizos del país, cuyos
integrantes secuestraban las mercancías de contendedores, y demandaban a sus propietarios un pago
para su devolución, del cual, un porcentaje entregaban a Alfredo Moreno Molina, quien encabezaba
43 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 59.
44 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
20.
25la estructura. La red incorporaba además a funcionarios del Organismo Judicial, Policía Nacional,
Guardia de Hacienda, Ministerio Público, ejército y el Ministerio de Finanzas Públicas45
.
Para las elecciones de 1982, en el ínterin del desarrollo de la designación del mandatario por
diputados, se gestó un golpe de Estado, el segundo en veinte años, promovido por jóvenes militares
oficiales, quienes mostraron descontento a lo interno del ejército46. Este hecho marca un hito en la
historia política de Guatemala puesto que acababa con la etapa de la «democracia de fachada» que
había iniciado en 197047. Como resultado, se instaló un triunvirato, conformado por tres generales,
entre ellos, Efraín Ríos Montt. El nuevo gobierno priorizó la reorganización del ejército para luchar
contra la guerrilla y reencauzar al país hacia un sistema democrático48
. A pesar del interés por
reconducir al país a un sistema democrático, los actos de corrupción se mantuvieron vigentes y el
interés de Ríos Montt por mantenerse en el cargo fue evidente, después de que los otros dos generales
se separaron del triunvirato49
.
Para 1983, se gestó un golpe de Estado en contra de Ríos Montt, y por decisión de los jefes
militares, el Ministro de Defensa, el general Humberto Mejía Víctores, asumió como Jefe de Estado.
Es importante destacar que, en este periodo, los esfuerzos se concentraron en reducir los actos de
violencia, en retirar de puestos públicos a miembros del ejército y hubo una reorganización de zonas
militares. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, cuya composición fue diversa50, de la
cual emanó una nueva constitución, que se mantiene vigente hasta la fecha, que enfatizó la defensa de
45 Idem, 36.
46 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 59.
47 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 186.
48 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 60.
49 Idem, 64.
50 Idem, 65.
26los derechos humanos, la realización de segundas vueltas electorales que brindara la legalidad de los
resultados, priorizó la descentralización y se encaminó a afianzar el poder local. Este nuevo parteaguas
en el contexto político de Guatemala abría la era democrática en el país, finalizaba con regímenes
militares y constituía un espacio, nuevamente, para el involucramiento de la sociedad civil organizada,
la cual se configuró para demandar el esclarecimiento de crímenes perpetuados en las últimas décadas,
sobre asesinatos, desapariciones forzadas, actos de represión y violaciones de derechos humanos51
.
De esa cuenta, se iniciaba con una nueva etapa en la reconstrucción del Estado y de instalación de
mecanismos de rendición de cuentas de funcionarios públicos.
En noviembre de 1985, se convocó a elecciones presidenciales, en donde resultó como presidente
electo, Vinicio Cerezo, por el partido de la Democracia Cristiana. La apertura democrática fue en
apariencia, puesto que el ejército continuaba ostentando el poder real a través de un presidente civil
electo popularmente y mediante la estructura del EPM. Por otro lado, prevaleció el descontento de
integrantes del ejército por la reducción del alcance de las funciones del ejército y de las políticas de
descentralización. El presidente, además, se enfrentó a cinco intentos de golpe de estado52, que se
orientaron a alinearlo hacia los intereses de los militares y el estatus quo. El presidente concedió
privilegios a algunos militares que lo apoyaron y al sector más conservador del ejército53
.
En el gobierno de Cerezo se mantuvieron los casos de corrupción, los cuales fueron denunciados
por los medios de comunicación. El más emblemático fue la privatización de una línea aérea, la
Compañía de Aviación (Aviateca), cuyo proceso se realizó de manera poco transparente. El
empresariado guatemalteco argüía que, además de la corrupción, otras limitantes para el desarrollo
51 Idem, 67-68.
52 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 71.
53 Idem, 74.
27del país se afincaban en el tamaño e ineficiencia del gobierno, por lo que rechazaba el financiamiento
de nuevos ministerios y empresas estatales, que significaban el involucramiento del Estado en
actividades fuera de su alcance y competencia54
. La Iglesia católica también mostró su rechazo ante
el despilfarro y la corrupción que se visibilizaba en este gobierno55
.
El reacomodo del poder militar conllevó a posicionarlo como una estructura paralela del poder
político, cuya presencia se evidenció con más énfasis en la segunda década del siglo XXI. Una de las
instancias que se conformó en este periodo y se visibilizó años después, fue el Grupo Salvavidas, una
organización más pequeña y exclusiva, que formó parte de la Red Moreno56. Otro de los mecanismos
en los que figuras militares se mantuvieron cerca de negocios ilícitos desde instituciones públicas fue
con la constitución de empresas de seguridad mediante las cuales se convirtieron en contratistas del
Estado, y mantuvieron vínculos con partidos políticos57
.
De las elecciones de 1990, resultó electo presidente Jorge Serrano Elías, por el partido Movimiento
Acción Solidaria -MAS-
, quien recibió el apoyo de Efraín Ríos Montt. Dada la debilidad del partido
en el Congreso de la República, el partido tuvo que negociar con la Unión del Centro Nacional -UCN-
, la bancada más grande. Esta alianza no estuvo exenta de actos de corrupción, puesto que se dio a
conocer que compraba el voto de cada diputado con una suma considerable por cada ley aprobada58
.
Asimismo, se hizo público que tanto Serrano como el vicepresidente, Gustavo Espina, habían
54 Anneliza Tobar Estrada, «Estado Capturado, Estado Empobrecedor. Los patrones de actuación del Estado guatemalteco
y la persistencia de la pobreza (1944-2012)» (tesis doctoral, Colegio de la Frontera Norte, 2018), 211.
55 ICEFI, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 205.
56 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
36-37.
57 Anneliza Tobar Estrada, «Estado Capturado, Estado Empobrecedor. Los patrones de actuación del Estado guatemalteco
y la persistencia de la pobreza (1944-2012)» (tesis doctoral, Colegio de la Frontera Norte, 2018), 211-212.
58 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 76.
28acumulado un patrimonio que destacaba respecto de su situación económica previa a ocupar las
primeras magistraturas59
.
En esta gestión gubernamental, el general Otto Callejas, militar retirado, líder de la Cofradía y con
vínculos con la Red Moreno, fue nombrado director general de Aduanas, en donde realizó varios
nombramientos de amigos y familiares de los integrantes de La Cofradía60. Otro de los integrantes de
este gobierno sería el general Ortega Menaldo, quien fue jefe del EPM, y quien apoyaría el posterior
golpe de Estado.
Durante el primer semestre de 1993, el país se encontraba en una convulsión política que tenía sus
causas en el malestar de la población por las políticas económicas emprendidas por Serrano y la
corrupción. Este contexto desencadenó en protestas y en un paro nacional por parte de los trabajadores
estatales61
. Así, el 25 de mayo de 1993, el Presidente Serrano ejecutó un autogolpe de Estado,
informando a los guatemaltecos sobre la suspensión de garantías constitucionales, la disolución del
Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, y la destitución del
Procurador de Derechos Humanos. Este golpe de Estado lo justificó en la corrupción y el chantaje del
que era objeto por parte de miembros del ejército y del sector privado62
.
El resultado fue la conformación de la Instancia Nacional de Consenso con el fin de preparar una
lista de notables para la presidencia y vicepresidencia de la República. La Corte de Constitucionalidad
ordenó al Congreso designar a quienes ostentarían dichos cargos, de donde resultó nombrado Ramiro
59 El País, «La Fiscalía General de Guatemala acusa al presidente Serrano de corrupción masiva», El País, 15 de junio de
1993. https://elpais.com/diario/1993/06/16/internacional/740181612_850215.html
60 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
20-21.
61 Emma Martínez, «¿Por qué el “serranazo”?», Envío Universidad Centroamericana (UCA) No. 138 (1993),
https://www.envio.org.ni/articulo/789
62 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 79.
29De León Carpio63, cuyo gobierno mostró pocos avances, debida a la falta de experiencia en puestos
públicos, especialmente en el Organismo Ejecutivo64. Una de las medidas tomadas por el nuevo
presidente en materia de transparencia, un ámbito aún incipiente en la gestión gubernamental fue la
eliminación de «gastos confidenciales» que constituía una fuente de corrupción65
.
Las elecciones de 1996 llevaron a Álvaro Arzú a la presidencia, y su gobierno representó un hito
en la adopción de medidas que intentó encauzar la gestión pública hacia las bases de un marco de
transparencia y de rendición de cuentas, específicamente en la administración del presupuesto público
y la administración tributaria. Estas medidas se contextualizaron además en los programas de ajuste
estructural -PAE- impulsadas por el BM que pretendían la modernización de los Estados.
Este fundamento constituyó la base, además, para las políticas de privatización de recursos
estatales. De esa cuenta, se privatizó la Empresa Eléctrica de Guatemala -EEGSA-, el Instituto
Nacional de Electricidad, Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-, el Banco Nacional de Vivienda –
BANVI- y la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala -TELGUA-. Esta última fue la más
emblemática por haberse desarrollado con poca transparencia y su gobierno fue señalado de haber
corrompido la licitación de la empresa66
.
Dentro del proceso de modernización del Estado también se dio la instalación del Sistema
Integrado de Contabilidad del Estado y las reformas al Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del
Estado, las cuales tuvieron el objetivo de involucrar al sector privado y organizaciones no
gubernamentales en la ejecución de proyectos públicos67. No obstante, años más tarde, estos
63 Icefi, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 212.
64 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 82.
65 Idem, 83.
66 Idem, 91.
67 URL, Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala, (Guatemala: s.f., 2016), 23.
30mecanismos se transformaron en focos de corrupción -tal fue el caso del Programa de Extensión de
Cobertura-, y sirvieron de base para suplantar intervenciones, que le corresponde al Estado asegurar
en su rol de garante de derechos.
Aunque la política fiscal no fue una de las prioridades del gobierno de Arzú, sí fue uno de los
consensos que logró con el sector privado. Esta además era parte de los Acuerdos de Paz -negociación
que finalmente culminaba tras una década-, los cuales incluía, entre otros temas, elementos vinculados
con la administración tributaria, y que constituyó un legado de su gobierno, como un pilar para la
lucha contra el contrabando. De esa cuenta, se instaló la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- y a través de su ley orgánica, se regularon funciones para que la recaudación
tributaria se realizara sobre una base eficaz y transparente para erradicar la evasión y defraudación
fiscal68
.
Un caso que marcó la gestión de Arzú fue la investigación que señaló que Alfredo Moreno era
responsable de delitos de evasión fiscal, falsedad material y enriquecimiento ilícito. Las pruebas
vinculaban también a otros oficiales como Ortega Menaldo, Ríos Montt, Napoleón Rojas Méndez,
entre otros, y Alfonso Portillo, que sucedería a Arzú en el cargo. Ortega y Rojas, junto a otros oficiales
del ejército y la policía fueron destituidos69
.
Pese a estos avances, el gobierno de Arzú fue señalado también de otros actos irregulares,
relacionados con nepotismo, ya que algunos de los funcionarios nombraron a personas allegadas en
puestos públicos y no por su capacidad técnica70. Además del caso de TELGUA, fue objeto de crítica
68 Icefi, Historia de la Tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la actualidad), (Guatemala, 2007), 217-221.
69 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
37-38.
70 ASIES, Fundación Soros, Konrad Adenauer Stiftung, y PNUD, Compendio de Historia de Guatemala 1944-2000
(Guatemala: CIMGRA, 2004), 91.
31la falta de transparencia en la construcción del Campo Marte, y su gobierno a la fecha, se le señala
por el encubrimiento de los responsables del asesinato del Monseñor Juan Gerardi71
.
Con un discurso populista, Alfonso Portillo llegó a la Presidencia en el año 2000, argumentando
su compromiso por abrir investigaciones de los procesos de privatización dados los señalamientos de
los casos de corrupción. Otro tema medular de su campaña se respaldó en el esclarecimiento del
asesinato de Monseñor Juan Gerardi72. Su victoria también se debió al respaldo político de Ríos Montt.
No obstante, el balance de su gestión mostró deudas sustanciales respecto de la lucha contra la
corrupción, y más bien, su gobierno ha sido recordado por profundizar y hacer evidente la cultura de
la corrupción en las instituciones públicas, por sus vínculos con el narcotráfico y por ser el primer
mandatario en ser imputado con cargos de corrupción y narcotráfico y extraditado a Estados Unidos
por lavado de dinero. Los pendientes en la materia se mantuvieron vigentes y prevaleció en la realidad
un sistema autoritario detrás de un presidente electo popularmente. La autoridad real en este periodo
se personificó en Ríos Montt73
.
Además, Portillo se rodeó de una élite militar que pretendía mantenerse cerca de la toma de
decisiones del Ejecutivo. De esa cuenta, Ortega Menaldo, Jacobo Esdras Salán Sánchez y Napoleón
Rojas Méndez, relacionados con la Red Moreno, fueron dos de los altos consejeros del entonces
presidente, aunque oficialmente no ejercían un cargo público74. Por su parte, el Ministerio Público los
señaló como los militares retirados que serían sujetos a investigación por sus vínculos y participación
con el crimen organizado. Tanto Ortega y Salán lideraron en ese momento una red de espionaje para
71 Idem, 94.
72 Idem, 95.
A., 2001), 141 y 144.
23 y 45.
73 Fernando González Davison, Guatemala, Política Exterior (historia y nuevas estrategias) (Guatemala: Serviprensa C.
74 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
32realizar persecuciones e intercepciones telefónicas75
. Adicionalmente, Estados Unidos identificó a
Ortega como un líder de las cinco estructuras de narcotráfico que en ese momento operaban en el país,
y en ese marco, le revocó la visa76
.
Posterior a que Portillo dejara el cargo, se dio a conocer el caso en el que fueron desviados Q120
millones del Ministerio de la Defensa hacia cuentas personales. Este fue uno de los casos más
emblemáticos de corrupción durante su administración. En la sustracción de Q30 millones, estarían
implicados Salán Sánchez y Rojas Méndez, quienes fueron los responsables de trasladar esta cantidad
al Crédito Hipotecario Nacional, cuyo presidente estuvo también involucrado, ya que esta cifra fue
depositada en cuentas a nombre de empresas de su propiedad y otras que fueron constituidas para este
propósito77. Por su parte, Alfredo Moreno fue absuelto en tribunales durante la administración de
Portillo78. De esta forma, actos de impunidad estarían marcando el precedente de esta cultura en el
país.
En este periodo, el gasto público creció en gastos de funcionamiento de las instituciones públicas
en un contexto de corrupción y actos de nepotismo79
. Además, dos bancos fueron intervenidos, los
cuales eran propiedad de uno de los financistas de campaña del presidente Portillo. A estos, el Banco
Central les dio más de Q1,200 millones. Este caso fue judicializado y en el curso de la intervención
de los bancos, el presidente de la Junta Monetaria fue secuestrado. Después de una serie de vaivenes
de acusaciones y absoluciones contra el propietario de los bancos intervenidos, este fue imputado de
75 Idem, 47.
76 Idem, 23.
77 CICIG, «Declaran contra militares sindicados de sustracción millonaria», CICIG, 28 de mayo de 2014.
https://www.cicig.org/casos/declaran-contra-militares-sindicados-de-sustraccion-millonaria/
78 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
38 y 47.
79 Fernando González Davison, Guatemala, Política Exterior (historia y nuevas estrategias) (Guatemala: Serviprensa C.
A., 2001), 145.
33cargos de contrabando, entrega ilícita de préstamos y retenciones impropias. Finalmente, fue puesto
en libertad bajo una fianza de Q7 millones80
.
Este contexto generó una fuga de capitales privados hacia el extranjero81 y esta desconfianza
también se extendió a organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional
-FMI-, que advirtió la entrega de más préstamos externos ante la débil capacidad de pago y la crisis
financiera del país82. Otro resultado fue que Guatemala fue incorporada dentro de la lista negra de
países que cuentan con un sistema bancario que facilita el lavado de dinero de actividades ilícitas83
.
Portillo cumplió parcialmente uno de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -de los Acuerdos
de Paz, que estipulaba la eliminación del EPM y la creación de una instancia para la seguridad del
mandatario y vicemandatario, para lo cual instituyó la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad -SAAS-. No obstante, el EPM continuó vigente y el presupuesto asignado durante su
gestión fue triplicado, hasta que fue liquidado en 2003, último año de gobierno, ante las constantes
presiones para hacerlo84
.
Por otro lado, en 2001, ochenta personas condenadas a sentencia de muerte o a varios años de
prisión se fugaron de la prisión más segura del país, y se identificó que las autoridades de este centro
80 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
79-80.
A., 2001), 145.
82 Idem, 145.
83 Idem, 145.
29-30.
81 Fernando González Davison, Guatemala, Política Exterior (historia y nuevas estrategias) (Guatemala: Serviprensa C.
84 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
34sabían con antelación del plan85. Este hecho también develaba cómo se encontraba incrustada la
cultura de corrupción en las instituciones públicas.
Una de las carteras que más se vieron señaladas durante su periodo fue el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuyo responsable fue señalado por casos de plazas
fantasmas y fue imputado por delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción86
.
Uno de los momentos importantes en la gestión de Portillo, fue la consolidación del
relacionamiento con las fuerzas contrainsurgentes, cuando reconoció a los miembros de las PAC como
héroes que defendieron al país, asumiendo un compromiso para pagarles Q20,00087
. Detrás de este
reconocimiento, se escondía la negociación para el apoyo al partido que llevó a Portillo a la
presidencia, para que, en las elecciones de 2003, se obtuviera el respaldo político al candidato Ríos
Montt, estrategia que fracasó ante el impedimento de Ríos Montt para participar en la contienda
electoral88. La organización de los ex PAC se concretó en lo que se conocería como el jueves negro y
viernes de luto, en el marco de una protesta violenta para demandar el derecho de participación del
general retirado, que puso en vulnerabilidad el Estado de Derecho, estrategia promovida por el mismo
partido oficial que gobernaba en ese momento.
Otro de los vínculos que se fortalecieron en este momento fue con el narcotráfico. La familia
Lorenzana que lideraba uno de los cárteles de Zacapa, de donde es oriundo el exmandatario, fortaleció
sus relaciones con funcionarios públicos, principalmente con el entonces presidente. De acuerdo con
85 Fernando González Davison, Guatemala, Política Exterior (historia y nuevas estrategias) (Guatemala: Serviprensa C.
A., 2001), 146.
86 José Pablo del Águila, «CIV: Cinco exministros de cuatro gobiernos están señalados por corrupción», Prensa Libre, 20
de octubre de 2020, https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/civ-cinco-exministros-de-cuatro-gobiernos-estan-
senalados-por-corrupcion/
87 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
58.
88 Idem, 59.
35declaraciones de testigos, el patriarca de la familia ofrecía sobornos a militares, quienes le
proporcionaban información para evadir a autoridades y operativos de decomisos desde la segunda
mitad de la década de los 90s89
. El narcotráfico llegó a tener una presencia más fuerte a nivel local
que las instituciones del Estado, suplantando funciones y cubriendo servicios públicos que este no
proveía, lo cual le valió la legitimidad a estas estructuras en las regiones donde tenían presencia90
.
Ante la comunidad internacional, el gobierno de Portillo asumió un aparente posicionamiento en
contra de la corrupción y el narcotráfico. Con Estados Unidos estableció un compromiso por continuar
con una política que buscaba la lucha contra el narcotráfico que permitió la presencia de Estados
Unidos en Petén91. Además, durante su gestión, Portillo suscribió convenciones contra la corrupción
y sobre transparencia en la adquisición de armas convencionales92
.
Dos hechos que catapultaron el futuro del presidente fue el hecho que recibió una suma de US$2.5
millones por el Gobierno de Taiwán, como sobornos a cambio del reconocimiento diplomático a este
país93, y ejecutó un desfalco por US$52 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –
IGSS-
94, otros de los actos simbólicos de corrupción que imperaron en su gestión. En ese marco,
Portillo fue acusado de lavar hasta US$70 millones en bancos de Estados Unidos, lo que le valió su
extradición hacia este país, y tras declararse culpable, fue condenado a seis años95
.
89 Julie López, «De la traición de los hijos y la venganza del padre», Plaza Pública, 22 de abril de 2015,
https://www.plazapublica.com.gt/content/de-la-traicion-de-los-hijos-y-la-venganza-del-padre
90 Edgar Gutiérrez, «Élites y crimen organizado en Guatemala: Introducción», Insight Crime, 1 de septiembre de 2016,
https://es.insightcrime.org/investigaciones/guatemala-elites-crimen-organizado-introduccion/
91 Fernando González Davison, Guatemala, Política Exterior (historia y nuevas estrategias) (Guatemala: Serviprensa C.
A., 2001), 145-147.
92 Idem, 147.
93 José Elías, «Portillo, expresidente guatemalteco, se declara culpable de corrupción», El País, 18 de marzo de 2014,
https://elpais.com/internacional/2014/03/19/actualidad/1395183701_273993.html.
94 Israel López, «Guatemala, rehén de la corrupción», Excelsior, 4 de septiembre de 2015,
https://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/04/1043900
95 DW, «El expresidente de Guatemala condenado a seis años por cohecho», DW, 22 de mayo de 2014,
https://www.dw.com/es/el-ex-presidente-de-guatemala-condenado-a-seis-a%C3%B1os-por-cohecho/a-17655075
36Oscar Berger, al igual que sus antecesores, llegó a ser mandatario en una campaña electoral que
pregonaba por la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, su gestión no escapó
de señalamientos irregulares e ilícitos. El principal fue la remodelación del Aeropuerto Internacional
La Aurora, cuyos trabajos fueron objeto de supuestas anomalías en la licitación del contrato y de los
costos correspondientes que, fueron aumentando y que, para poder financiarlo, hubo que realizar una
transferencia de Q250 millones del Ministerio de Educación y de Gobernación96
.
La gestión de la cartera de Comunicaciones fue cuestionada por el uso discrecional de recursos
públicos a través de la figura de fideicomisos, que les permitía evitar las licitaciones públicas97. La
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, fue una de las que más se vio envuelta en
señalamientos de corrupción, a tal grado que, al término de la administración, dejó una deuda de
aproximadamente Q2 mil millones98
.
Otro de los casos más relevantes fue la instrumentalización de la Secretaría de Obras Sociales de
la Esposa del Presidente -SOSEP-, para introducir mercancía en más de 1,500 contenedores de
contrabando99. Para ello, utilizaron la figura de donación que evadía la declaración en aduanas. Este
hecho involucró al yerno, hijos y cónyuge del mandatario100
.
Un suceso que puso en cuestionamiento la gestión de Berger fue una estructura paralela de
limpieza social, conformada por oficiales de alto rango de la policía y ejército inserta en el Ministerio
de Gobernación y Sistema Penitenciario, que desencadenó el asesinato extrajudicial de 10 reos –
96 Israel López, «Guatemala, rehén de la corrupción», Excelsior, 4 de septiembre de 2015,
https://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/04/1043900
97 Fundadesc, «En qué falló el gobierno de Berger», Albedrío, No. 37 (enero 2006).
http://www.albedrio.org/htm/articulos/f/fundadesc-002.htm.
98 AquíAhora, «Oscar Berger podría ser investigado por la CICIG», AquíAhora, 13 de junio de 2016.
https://aquiahora.com.gt/index.php/2016/06/13/oscar-berger-podria-ser-investigado-por-la-cicig/
99 Idem.
100 Fundadesc, «En qué falló el gobierno de Berger», Albedrío, No. 37 (enero 2006).
http://www.albedrio.org/htm/articulos/f/fundadesc-002.htm
37conocido como caso Pavón- para retomar el control de los centros de privación de libertad, después
del escape de 19 prisioneros de otra de las prisiones de más alta seguridad. Años más tarde, se
descubrió que esta estructura estuvo vinculada con tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros,
extorsión y otras actividades ilícitas101
.
Por el otro lado, Berger promovió medidas para dar una respuesta a la problemática de la
corrupción, en específico para investigar los señalamientos de su antecesor. Desde el inicio de su
gestión presionó al Ministerio Público por presentar informes sobre el avance de casos de corrupción
durante la administración de Portillo; sin embargo, el fiscal general no acató el requerimiento y fue
destituido102
.
En los primeros días de la gestión de Berger, se descubrió un caso en el que se impugnaba el delito
de malversación de fondos a Marco Tulio Abadío, ex intendente de la SAT -en la administración de
Portillo-, ya que había desviado varios millones de recursos públicos asignados a esta institución a
cuentas de familiares, y una parte de esta suma había servido para financiar campañas electorales a un
partido político que llevaría posteriormente a la presidencia a su candidato y sucedería a Berger103
.
Otro de los casos que salió a la luz y tomó relevancia fue el señalamiento contra el ex contralor de
cuentas de la administración portillista, quien trianguló una operación de recursos públicos para
favorecer dos partidos políticos104. Esto abrió el marco para iniciar con la investigación de más casos
de corrupción de la gestión del exmandatario.
101 WOLA, The International Commission Against Impunity in Guatemala. A WOLA Report on the CICIG experience
(Washington, 2015), 11.
102 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
117.
103 Javier Lainfiesta, «Embargan más de Q34 millones a exjefe de la SAT Marco Tulio Abadío», Prensa Libre, 18 de
octubre de 2018, https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/embargan-cuentas-de-marco-tulio-abadio-exjefe-de-la-
sat-por-q34-millones/
104 Fundadesc, «En qué falló el gobierno de Berger», Albedrío, No. 37 (enero 2006).
http://www.albedrio.org/htm/articulos/f/fundadesc-002.htm
38Durante la gestión de Berger, se inició la instalación de mecanismos desde el Ejecutivo para dar
respuesta a la corrupción. Esta figura se concretó en un Comisionado para la Modernización del
Estado y la Transparencia105, a través de la cual se emprendieron una serie de iniciativas que
parcialmente se concretaron, tales como la adopción de Guatecompras, un acuerdo gubernativo que
facilitaba el acceso a la información pública y un código de ética para funcionarios públicos106. A
través de esta comisión también se dio seguimiento al compromiso de Berger por crear la Comisión
Investigadora sobre Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad -CICIACS-
, «como un
instrumento indispensable en el combate de las fuerzas paralelas que han operado dentro de las
instituciones del Estado»107, propuesta que sería el antecedente de la CICIG. Después de declararse
como inconstitucional la propuesta de la CICIACS y ante las presiones de sociedad civil, en 2007,
mediante un acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, ratificado por el
Congreso de la República, se creó la CICIG que buscaba desmantelar estructuras criminales y
fortalecer el Estado de Derecho, la cual estaba fundamentada en el Compromiso IV del Acuerdo
Global de Derechos Humanos de 1994108. La CICIG representó una fiscalía que trabajaría que
centraba sus esfuerzos en «promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos
cometidos por los CIACS como “querellante adhesivo” … y por otra, promover reformas legislativas
para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones guatemaltecas para poder perseguir y
enjuiciar a estas estructuras criminales»109
.
105 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
94.
106 Fundadesc, «En qué falló el gobierno de Berger», Albedrío, No. 37 (enero 2006).
http://www.albedrio.org/htm/articulos/f/fundadesc-002.htm
107 WOLA, Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos (s.f.),
94.
108 Elisenda Calvet Martínez, «La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): dilemas tras 12
años de actuación», Documentos de Trabajo Fundación Carolina, 2019, 3 y 7-8.
109 Idem, 9.
39En 2008, asumió la presidencia Álvaro Colom, quien llegó a la primera magistratura por la Unión
Nacional de la Esperanza -UNE-, un partido de recién conformación y corte social demócrata. Las
elecciones también instalaban en el Congreso una tercera parte del total a diputados del partido oficial;
sin embargo, en el primer año de la legislatura empezó a evidenciarse el fenómeno de transfuguismo
político, lo cual denotaba el interés personal de los legisladores110
.
El nuevo gobierno se orientó por sentar las bases de una política social inclusiva, anclado a la
instalación de una plataforma de programas sociales clientelistas que favorecían a un caudal político
del partido y en beneficio de la figura de la primera dama, quien los conducía, bajo un Consejo de
Cohesión Social. Este mecanismo le brindaba un alcance a la primera dama para orientar la gestión
de los programas, sin ser funcionaria pública, lo cual le generó un desgaste al gobierno uneísta, además
de considerar los señalamientos de opacidad y percepción de actos de corrupción en estos. Era la
primera vez que la primera dama asumía un rol protagónico, relegando la autoridad del mandatario111
.
Dada la prioridad de los programas sociales, las transferencias presupuestarias surgieron como
una práctica emergente para alimentar los presupuestos de otras carteras a cargo de la ejecución de
dichos programas; sin embargo, ello denotaba la falta de planificación y estructuración de estos. Esta
se constituyó como una práctica recurrente y visibilizó la preeminencia de las órdenes de una figura
que no tenía una responsabilidad pública, pero buscaba un caudal político, desempeño que caía en
suplantación de funciones112
.
110 Andrés Zepeda, «La frustración. El gobierno de la ambigüedad», Plaza Pública, 30 de enero de 2012,
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-frustracion-el-gobierno-de-la-ambigueedad
111 Idem.
112 Andrés Zepeda, «La decepción. El gobierno de la desesperanza», Plaza Pública, 12 de febrero de 2012,
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-decepcion-el-gobierno-de-la-desesperanza
40Los programas sociales, tales como Mi Familia Progresa y Bolsa Solidaria, así también
funcionarios de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
y el Tribunal Supremo Electoral fueron objeto de denuncias penales por parte de la Contraloría
General de Cuentas por malversación, abuso de autoridad y sobrevaloración en procesos de
adquisiciones y contrataciones113. La opacidad caracterizó a esta administración, y una de sus
consecuencias se concretó con la remoción de un ministro de educación ante su renuencia de proveer
información114, a pesar de la aprobación del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información
Pública, que significaba un avance estructural en la rendición de cuentas y transparencia en el país.
Una segunda figura cercana al mandatario fue su secretario privado, Gustavo Alejos, uno de los
principales financistas de la campaña electoral, quien desde la fecha se configuró como un operador
político por dos periodos gubernamentales más, sin ocupar un cargo público en estos. Durante la
gestión de Colom jugó un rol en la designación de funcionarios en el Ejecutivo115, y años posteriores,
en la integración de comisiones de postulación que nombran a las magistraturas del Organismo
Judicial. Fue un actor cuya función pública encendió las alarmas de la corrupción, especialmente en
la licitación de contratos públicos por sus vínculos con casas farmacéuticas.
En este momento, la CICIG se encontraba en funciones, pero con un modelo incipiente de
operación considerando la naturaleza sui génesis de su estructura y mandato, por lo que el enfoque en
sus primeros años no se concentró en casos de corrupción precisamente. Uno de los primeros casos
emblemáticos de investigación fue la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, cuya presunta
responsabilidad recaía en el mandatario y la primera dama, de acuerdo con un video póstumo que
113 Idem.
114 Andrés Zepeda, «La frustración. El gobierno de la ambigüedad», Plaza Pública, 30 de enero de 2012,
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-frustracion-el-gobierno-de-la-ambigueedad.
115 Idem.
41grabaría el mismo abogado, en donde determinaba también la autoría de la muerte de un empresario
y su hija. El primero presuntamente contaba con información acerca de actos de corrupción en uno de
los bancos del sistema. La CICIG junto con el MP y la policía realizaron la investigación del caso y
se concluyó que Rosenberg había sido el autor intelectual de su propia muerte116. El homicidio
aconteció en el segundo año de gobierno, lo cual generó una polarización en el país y la pérdida de
aceptación y legitimidad de la pareja gobernante.
El curso de acción de la CICIG en sus inicios se centró también en la desarticulación de redes
criminales, introduciendo el enfoque criminológico como principal método de investigación117. Otros
de los casos con los que arrancó su funcionamiento fueron los relacionados con la investigación de la
limpieza social extrajudicial durante la gestión de Berger. Para 2010, la CICIG alcanzó un logro
importante de los primeros casos de corrupción, tal como fue la detención del expresidente Portillo,
acontecida durante la gestión de Colom y quien autorizó su extradición hacia Estados Unidos, después
de que Portillo fuera absuelto por los tribunales guatemaltecos118
.
En 2008 acontecía un hecho de corrupción que develaba la incrustación de la cultura de corrupción
también en el Organismo Legislativo. La noticia de la desviación de Q82.8 millones del presupuesto
de este poder hacia una bolsa de valores acaparó los medios de comunicación. El entonces presidente
de la Junta Directiva del Congreso de la República denunció el hecho, alegando que desconocía la
operación e incriminando a otros funcionarios administrativos de esta instancia119. Los fondos después
116 Julie López, «Guatemala: “Rosenberg ordenó su muerte”», BBC, 12 de enero de 2010,
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/01/100112_1838_guatemala_rosenberg_gz
117 Andrés Zepeda, «Lo que queda del gobierno de la esperanza en el país de la eterna crisis: “cambios para no cambiar”»,
Plaza Pública, 21 de enero de 2012, https://www.plazapublica.com.gt/content/la-frustracion-el-gobierno-de-la-
ambigueedad
118 Insight Crime, «CIACS», Insight Crimes, 9 de marzo de 2017, https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-
guatemala/ciacs/
119 Prensa Libre, «Desvío millonario sacude al Congreso en el 2008», Prensa Libre, 1 de junio de 2017,
https://www.prensalibre.com/hemeroteca/desvio-millonario-sacude-al-congreso-en-el-2008/
42de ser depositados en la institución financiera fueron destinados a cuentas de su gerente general, quien
emitió cheques a favor de terceros. Las investigaciones señalaron la presunta responsabilidad de
Meyer -el entonces presidente del Congreso de la República-, su secretario privado y del exdirector
financiero y del gerente general de la bolsa de valores, quienes fueron juzgados posteriormente y se
determinó su grado de responsabilidad en las transacciones120
.
Un elemento que caracterizó la legislatura de este cuatrienio fue el enraizamiento de prácticas de
adjudicación de obras públicas a constructoras vinculadas con diputados y alcaldes; transacciones en
donde se reflejó el involucramiento también de empresarios. Los sobornos y la sobrevaloración de los
costos fueron otras de las prácticas de corrupción en estos procesos y que ha dejado de lado la calidad
de la obra gris en el país121. Los tratos para la adjudicación de obras públicas también representaron
la base de negociación con legisladores para que el hermano de Alejos fuera electo como presidente
de la Junta Directiva del Congreso122
.
Complementariamente, la CICIG identificó que en el país estas operaciones también se vinculan
con el crimen organizado y se concatenan con el financiamiento de partidos políticos123. Esto se reflejó
claramente después de que Colom tomó el cargo. Específicamente su cónyuge y cuñada tenían lazos
estrechos con redes del narcotráfico. Incluso en el momento en el que el narcotraficante Juan Ortiz
López, Chamalé, fue capturado y trasladado, él realizó una llamada telefónica a la cuñada de Colom
y al ministro de la Defensa124. Los vínculos se extendían al interés por «la postulación de candidatos
120 Ministerio Público, «Juez dicta sentencia contra implicados en caso de desvío de fondos del Congreso de la República»,
Ministerio Público, 2 de octubre del 2012, https://www.mp.gob.gt/noticia/juez-dicta-sentencia-contra-implicados-en-
caso-de-desvio-de-fondos-del-congreso-de-la-republica/
121 CICIG, Financiamiento de la Política en Guatemala, (Guatemala: Serviprensa, 2015), 50.
122 Andrés Zepeda, «La decepción. El gobierno de la desesperanza», Plaza Pública, 12 de febrero de 2012,
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-decepcion-el-gobierno-de-la-desesperanza
123 CICIG, Financiamiento de la Política en Guatemala, (Guatemala: Serviprensa, 2015), 50.
124 Julie López, «Narcotráfico y política: nuevas historias de un viejo affaire», Plaza Pública, 2 de junio de 2019,
https://www.plazapublica.com.gt/content/narcotrafico-y-politica-nuevas-historias-de-un-viejo-affaire
43a cargos de elección local en el suroccidente del país, así como de la asignación de obra pública … en
estrecha colaboración con representantes del Congreso Nacional»125
.
La hermana de la primera dama también mantuvo nexos con el cártel de los Lorenzana, quienes
financiarían su campaña electoral en 2011. El patriarca de este cártel fue detenido en este mismo año
por fuerzas de seguridad y en el curso de cuatro intentos por su arresto, vecinos de Zacapa realizaron
una manifestación por allanamientos que efectuaron en sus propiedades, lo cual demostró la presencia
y legitimidad que había logrado el cártel en el área126
. Uno de los cárteles que se instaló en el país
durante este periodo fue el de los Zetas con quienes los Lorenzana mantenían negocios y tras su
captura, estos se apropiaron de las áreas donde operaban127
.
Las elecciones de 2011 marcaron un momento sui generis en la nueva era democrática. Por
primera vez, una mujer buscaba la primera magistratura del país y se trataba de la ex primera dama,
quien, ante limitantes constitucionales para optar a una candidatura presidencial, optó por el divorcio
del mandatario. No obstante, su inscripción fue denegada por la Corte Suprema de Justicia128. Así
también, por parte de la oposición la candidatura a la vicepresidencia se personificaba en otra mujer
quien había ostentado una diputación y había señalado actos de corrupción en la gestión uneísta. Por
parte de la misma organización política se presentó como candidato, Otto Pérez Molina, un ex militar,
quien había participado en las negociaciones y firma de los Acuerdos de Paz y que había estado
vinculado a las estructuras paralelas del Estado en la década de los 80.
125 CICIG, Financiamiento de la Política en Guatemala, (Guatemala: Serviprensa, 2015), 57.
126 International Crisis Group, Guatemala: Narcotráfico y violencia. Informe sobre América Latina No. 39, (Guatemala,
Bogotá, Bruselas: s.f., 2011), 14.
127 Prensa Libre, «Extraditado a Nueva York Waldemar Lorenzana», Prensa Libre, 19 de marzo de 2014,
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/waldemar_lorenzana_lima-extradicion-estados_unidos-
presidios_0_1103889692-html/
128 Renzo Lautaro Rosal, «Escenarios de fragilidad política, balance político. Guatemala 2010-2011», Revista de Ciencia
Política 32, No. 1 (2012): https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2012000100009#n12
44Su campaña no escapó al financiamiento del narcotráfico. Su principal vínculo fue con
Marllory Chacón, la «Reina del Sur», principal aliada del Cartel de Sinaloa en Guatemala, y quien
además de apoyar al Partido Patriota -PP-, el nuevo partido oficial, lo había hecho con otras
organizaciones políticas129. Otro de los nexos del PP fue con los Zetas, a cuya estructura la
vicepresidenta Baldetti benefició al facilitarles el trasiego de drogas, a cambio del financiamiento
recibido y la seguridad durante su campaña electoral; y con Los Huistas, otro de los socios del Cartel
de Sinaloa en Huehuetenango130
.
Los propietarios de la televisión abierta tomaron un rol importante en el financiamiento de esta
campaña, quienes trasladaron recursos a empresas de cartón creadas por la candidata vicepresidencial.
En retorno, durante el periodo 2012-2015, el binomio presidencial adjudicó contratos por más de Q216
millones a los medios de televisión abierta cuando tomaron posesión del cargo131. De esa misma
manera, otras empresas, como compañías de telefónicas, brindaron financiamiento a través de
empresas ficticias, sin que hubiese un producto o servicio de por medio132
.
El nuevo gobierno, de acuerdo con investigaciones de la CICIG, configuró una estructura
jerárquica con designaciones en las titularidades de las carteras ministeriales y de otras instituciones
públicas para la ejecución de operaciones que beneficiaron sus patrimonios personales133
. Figuras
como Juan Carlos Monzón, Mauricio López Bonilla, Alejandro Sinibaldi, Erick Archila Dehesa,
Ulises Anzueto eran los operadores para la ejecución de negocios en el Ejecutivo134, y Gudy Rivera,
129 CICIG, Financiamiento de la Política en Guatemala, (Guatemala: Serviprensa, 2015), 57-58.
130 Julie López, «Narcotráfico y política: nuevas historias de un viejo affaire», Plaza Pública, 2 de junio de 2019,
https://www.plazapublica.com.gt/content/narcotrafico-y-politica-nuevas-historias-de-un-viejo-affaire
131 CICIG, Guatemala: Un Estado Capturado, (Guatemala: s.f., 2019), 38.
132 Idem, 39.
133 CICIG, Impunidad y Redes Ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala, (Guatemala: Serviprensa, 2019), 23-
24.
134 Idem, 24.
45Juan de Dios Rodríguez, y Carlos Muñoz en el Congreso de la República, IGSS y SAT,
respectivamente.
La organización de estos funcionarios era de tal magnitud, que llegaron a «normalizar y
regular» el cobro de comisiones, que se denominaron Incentivo Comercial Monetario. Los
empresarios que fueron beneficiados con la adjudicación de contratos públicos debían entregar el 60%
a la estructura, que se concretaba en efectivo o en especie135. Algunas de las instituciones en donde la
estructura se encontraba inserta y pudo cooptar recursos para su beneficio fueron Aeronáutica Civil,
Dirección General de Migración, Registro de Información Catastral y dos empresas portuarias;
además de ser partícipes en otros actos de corrupción en aduanas136
.
Los casos de corrupción que acontecieron entre 2012 y 2015 no serían develados hasta este
último año, cuando la CICIG, junto con el MP, se concentró y afianzó los procesos de investigación
de casos de corrupción. La cantidad de procesos eran numerosos, de tal forma que, en promedio, cada
semana, se realizarían conferencias de prensa para dar a conocer el hecho y las capturas. Así se
denominarían los «jueves de CICIG» que se prolongaron hacia la próxima gestión gubernamental.
El primero que presentaron fue el caso que denominaron «La Línea», que demostró que
estructuras paralelas al Estado se mantenían vigentes. Se arguyó que este era la continuidad de La
Cofradía y El Sindicato. Se trató de un caso por defraudación aduanera, operada por tramitadores y
vistas de aduanas a través de comisiones para facilitar el paso de contenedores. De acuerdo con los
informes del Ministerio Público, el monto que recaudó la estructura ascendió a más de Q38
millones137. El operador que lideró la estructura fue el secretario de la vicepresidenta, y fue el
135 CICIG, Guatemala: Un Estado Capturado, (Guatemala: s.f., 2019), 39.
136 Idem, 40.
137 WOLA, El combate a la corrupción en Guatemala. Evaluando la Capacidad del Estado para Reducir la Corrupción
y Mejorar la Rendición de Cuentas (Guatemala, s.f.: 2020), 38.
46responsable de girar sus instrucciones a los siguientes niveles de la estructura, que se extendía a actores
externos de la administración pública. Las investigaciones demostraron indicios que el binomio
presidencial se encontraba también vinculado a la estructura138
.
Como resultado, la ciudadanía inició con una serie de protestas por parte de varios sectores
que demandaron la renuncia de la vicepresidenta, la cual se concretó y fue anunciada por el presidente
de la República, después de 22 días de haber hecho públicos los resultados de la investigación139. Esto
fue producto, además, de la resolución de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República
para retirar la inmunidad a la exvicepresidenta y proceder con la investigación del caso140. Tres meses
posteriormente, la exfuncionaria fue capturada por la presunción de delitos de defraudación aduanera,
asociación ilícita y estafa141
.
El caso La Coperacha fue también uno de los actos que representó la idiosincrasia política del
país por medio de la adulación a los líderes de la organización a través de actos de corrupción. Entre
2012 y 2014, un grupo de ministros realizaron una colecta de dinero para entregarle obsequios (lancha,
helicóptero y una casa) al presidente de la República, acciones que eran promovidas por la
vicepresidente. Por su parte, el presidente realizó la misma operación en 2014 para entregar una
propiedad en Roatán a favor de Baldetti. De acuerdo con la CICIG, los aportes que realizaba cada
138 También se dieron a conocer otros casos de corrupción en donde la vicepresidenta Baldetti estuvo implicada y por los
que ha sido procesada, tales como el caso Agua Mágica, Cooptación del Estado y Plazas Fantasmas del Registro de
Información Catastral -RIC-
.
139 Alex Rojas y Manuel Hernández, «Roxana Baldetti renuncia a la vicepresidencia», Prensa Libre, 8 de mayo de 2015,
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/roxana-baldetti-renuncia-a-la-vicepresidencia/
140 Oswaldo J. Hernández, «Roxana Baldetti, la despedida», Plaza Pública, 9 de mayo de 2015,
https://www.plazapublica.com.gt/content/roxana-baldetti-la-despedida
141 Oscar Canel, «Caso La Línea: Se cumplen siete años de la renuncia de Roxana Baldetti», La Hora, 9 de mayo de 2022,
https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/05/09/caso-la-linea-se-cumplen-siete-anos-de-la-renuncia-de-roxana-
baldetti/
47ministro no correspondían con los capitales reportados en sus declaraciones patrimoniales, por lo que
estos provenían de comisiones y apropiación de fondos públicos142
.
Otros casos que resaltaron en esta administración fueron operaciones ilícitas en el Ministerio
de Gobernación en donde se encontraba relacionado su titular, que, entre otros aspectos, se hallaron
indicios para favorecer el trasiego de drogas. Por otra parte, continuaron las operaciones ilícitas en la
adjudicación de contratos para infraestructura pública para obtener coimas, en el que destaca el caso
Odebrecht143
.
El Congreso de la República también fue uno de los poderes, donde el presidente del
Legislativo aprovechó su posición para gestionar plazas fantasmas, al contratar agentes de seguridad
puestos a su disposición, quienes ya tenían una relación laboral con una empresa de seguridad por
proveer este servicio. Los agentes contratados le entregaban un porcentaje del salario que recibían por
parte del Congreso, y este era depositado en cuentas de una empresa de su propiedad144
.
El trabajo del Comisionado de la CICIG y de la fiscal general de ese momento revelaron el
enraizamiento de la cultura de la corrupción en el Estado y mostraban aparentemente un momento
cúspide para la ciudadanía para poner fin a estas prácticas. No obstante, el delineamiento de los casos
de corrupción ha mostrado que esta siempre ha permanecido, pero no habían sido develados tantos
casos hasta como en ese momento. Más bien, el 2015 marcó un hito en visibilizarlos y mostró que la
corrupción se encuentra inserta también en otros sectores del aparato estatal y de la sociedad.
Tras varios meses de protestas ciudadanas y presiones del sector privado organizado y la
comunidad internacional en el 2015, el mandatario presentó su renuncia ante la serie de evidencias
142 CICIG, Guatemala: Un Estado Capturado, (Guatemala: s.f., 2019), 57-58.
143 Idem, 43-44, 46 y 49.
144 CICIG, «Solicitud de antejuicio contra diputado Pedro Muadi», CICIG, 25 de junio de 2015,
48que lo incriminaban a la estructura de defraudación aduanera, La Línea. Así, inició una serie de
audiencias en los tribunales para ligarlo a proceso.
A partir de ello, la CICIG y el MP marcaban un paso importante en la investigación de casos
de corrupción y dio inicio una etapa de presentación de casos a través de conferencias de prensa que
eran transmitidas en vivo. Las redes sociales fueron clave en la difusión de estos. No obstante, la
disonancia de la ciudadanía respecto de la realidad y arquitectura estatal volcaría la percepción hacia
la esperanza de una configuración de la institucionalidad y sus funcionarios públicos, que, tras siete
años de haber iniciado este proceso, quedó en una utopía de un grupo enfocado en transformar al país
hacia un Estado democrático con sólidas bases del Estado de Derecho y del debido proceso145. La
continuidad de investigaciones de otros casos que alcanzó a actores de otros organismos del Estado y
del sector privado, polarizó el apoyo y legitimidad del mandato de la CICIG y de la gestión del MP,
de tal forma, que cada caso quedaba cuestionado sobre la forma de judicializar la política del país. La
forma de abordar y no delimitar si un caso recaía en un ámbito administrativo o penal fue otro de los
errores y deficiencias de la Comisión.
El rol del gobierno de Estados Unidos también fue fundamental en todo este proceso, tomando
en consideración que era uno de los principales donantes para el funcionamiento de la CICIG. Cuatro
funcionarios del gobierno estadounidense fueron clave para el devenir político en ese año. Entre ellos,
el vicepresidente, quien realizó una visita a los países del Triángulo Norte para posicionar y
consensuar la adopción del Plan para la Prosperidad, una iniciativa que triplicaría la asistencia en los
tres países de la región. En este acercamiento profundizó la importancia de la extensión del mandato
de la CICIG, cuyo acuerdo fue renovado por dos años más, posteriormente. Otro suceso que marcó la
145 También destaca que la entonces fiscal general tendría aspiraciones por correr como candidata a la primera magistratura
del país, lo cual le restó objetividad a las investigaciones de corrupción que había promovido.
49relevancia de la Comisión fue una comunicación enviada por dos congresistas al mandatario que
buscaba ampliar el periodo de vigencia de la CICIG. El cuarto actor fue el embajador acreditado en el
país, quien apoyó la participación ciudadana y fue uno de los defensores activos de la Comisión y de
la lucha contra la corrupción146
.
No se puede dejar al margen, que uno de los fenómenos que apareció en la escena política y
social del país en este periodo fue la instalación de los netcenters ante el boom del uso de las redes
sociales. Su surgimiento en Guatemala se concretó durante el gobierno de Pérez Molina, cuando la
Secretaría de Comunicación Social instaló una oficina en las oficinas del Instituto Guatemalteco de
Turismo -INGUAT-, lo cual fue admitido por el Subsecretario de Comunicación en una citación del
Congreso de la República, argumentando que era para dar un monitoreo a la opinión pública147
.
Fue en el gobierno de Jimmy Morales que se intensificó el uso de estos para deslegitimar la
estructuración de casos de corrupción148, por lo que las redes sociales empezaron a ser aprovechadas
para la difusión de información y desinformación del contexto político y de la cosa pública. Estos
fueron percibidos como mecanismos para generar tendencias de opinión que en la realidad no
evidenciaban el sentir de la ciudadanía.
Morales llegó a la Presidencia de la República por medio de un partido político de recién
conformación, creado principalmente por militares retirados, que provenían de la Asociación de
Veteranos Militares -AVEMILGUA-
149. El principal fundador fue el ex general Edgar Ovalle. Otros
de los nombres de militares que rodearon al presidente durante su gestión fueron Ricardo Bustamante,
146Angel Bermúdez, «El papel clave de Estados Unidos en la crisis de Guatemala», BBC News, 3 de septiembre de 2015,
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150831_guatemala_estados_unidos_corrupcion_cicig_ab
147 CICIG, Informe Bots, Netcenters y combate a la impunidad, (Guatemala: s.f.: 2019), 18.
148 Idem, 5
149 Insight Crime, «Guatemala vota por candidato respaldado por militares», Insight Crime, 8 de septiembre de 2015,
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/guatemala-vota-candidato-respaldado-militares/
50vinculado a las estructuras paralelas de poder de los 80s, y los hermanos Padilla Melgar. A este grupo,
se le denominó «La Juntita» quienes se constituyeron en asesores del mandatario y avalaron sus
decisiones.
La elección de este candidato fue resultado de la aberración de la ciudadanía por elegir a
candidatos de la «vieja política». Su lema «ni corrupto ni ladrón» fue lo que lo posicionó como uno
de los favoritos y lo catapultó a ser el presidente electo en el 2015, el mismo año que se generó la
convulsión política del país.
No obstante, el financiamiento de su campaña electoral también estuvo empañada por actos de
corrupción. La élite económica jugó un importante rol en financiar la campaña como reacción ante el
temor de que uno de los otros candidatos fuertes y vinculados con el crimen organizado pudiera salir
electo150; sin embargo, estos recursos no fueron reportados ante el Tribunal Supremo Electoral y
fueron triangulados a través de una empresa creada para el efecto. En el proceso por contrarrestar la
llegada de los otros candidatos, también Sinibaldi fue un protagonista al inicio de la contienda, pues
su intención era correr como candidato presidencial, y para ello, a través de los fondos de obras de
infraestructura, patrocinó la campaña, «No te toca», la cual se articuló con los intereses de la cúpula
empresarial. Así, el representante de un comité cívico logró concatenar estos esfuerzos para apoyar la
campaña de Jimmy Morales. A cambio, el grupo empresarial logró influir en la conformación del
gabinete del presidente electo151. El caso se daría a conocer por la CICIG y el MP en 2017 y en primera
audiencia, el grupo de empresarios fue ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Como respuesta, en 2018 los empresarios brindaron una conferencia de prensa en donde brindaron
una disculpa pública a la sociedad guatemalteca, justificando sus acciones por el «desarrollo del país
150 Entre los otros candidatos se encontraba la ex primera dama, Sandra Torres.
151 CICIG, Guatemala: Un Estado Capturado, (Guatemala: s.f., 2019), 63-66.
51y del fortalecimiento de su Gobernabilidad Democrática»152. Por este caso, el MP solicitó un proceso
de antejuicio contra Jimmy Morales153, que después de que la Comisión Pesquisidora del Congreso
de la República recomendara retirar la inmunidad del exmandatario, la mayoría del pleno del órgano
votó porque esto no procediera154
.
La contienda electoral en el 2015 siguió caracterizando al sistema por tener inserto al crimen
organizado, no únicamente como financistas, sino también como candidatos que postularían por un
cargo público. Un ejemplo fue el caso del alcalde de Ipala, Eswin Jerson Javier Javier. De acuerdo
con la CICIG, personifica a un actor que ha incurrido en tres formas de cooptar al gobierno local a
través del financiamiento ilícito; mediante el «crimen organizado, construcción de obra pública y
medios de comunicación»155. Javier, además de ser señalado por tener vínculos con el narcotráfico
por su participación en la estructura criminal «Los Ipala», es propietario de una constructora y de una
emisora de cable156
.
Un tercer caso de corrupción en la contienda electoral de 2015 fue el relacionado con el
financiamiento del candidato presidencial Manuel Baldizón, por el partido LIDER, cuyos recursos
provinieron de una estructura de cuatro grupos. El primero fue un conjunto de empresas, que, aunque
reportó los aportes ante el Tribunal Supremo Electoral, estos superaron el capital y operaciones de las
empresas. Después de las elecciones de 2015, estas empresas fueron disueltas157. El siguiente, fue un
152 Willian Cumes, «“Pedimos disculpas a Guatemala”, dicen empresarios que financiaron a FCN-Nación», Prensa Libre,
19 de abril de 2018, https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/empresarios-se-pronuncian-por-caso-de-
financiamiento-electoral-ilicito-a-fcnnacion/
153 Esto se realizó en la calidad que ejerció como Secretario General del Partido FCN-Nación cuando se realizaron los
aportes correspondientes.
154 BBC Mundo, «El Congreso de Guatemala rechaza antejuicio al presidente Jimmy Morales», BBC, 12 de septiembre de
2017, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41235780
155 CICIG, Financiamiento de la Política en Guatemala, (Guatemala: Serviprensa, 2015), 59.
156 Idem, 59.
157 Idem, 67.
52grupo de empresas del sector de transporte público, que de los subsidios públicos que el gobierno les
brinda, realizaron los aportes para el financiamiento de la campaña de Baldizón. Este, como
propietario de empresas, facturó a los transportistas cerca de Q20 millones por servicios que no se
prestaron158. El tercero y cuarto estuvieron relacionados con contratistas del Estado y compañías
telefónicas y constructoras159
.
La exprimera dama, Sandra Torres, volvió a ser una protagonista en la campaña electoral, por
incurrir también en financiamiento ilícito y por el que fue procesada posteriormente. Su compañero
fue un empresario del sector azucarero y mobiliario del país, quien posteriormente fue señalado por
ser favorecido por personas que operaron en la SAT y vinculadas a la estructura La Línea para obtener
la devolución de crédito fiscal160. Este binomio presidencial fue responsable de conformar una
estructura para recaudar fondos para su campaña, los cuales no fueron registrados ante el TSE. Según
investigaciones del MP y la CICIG, crearon empresas de cartón que no registraron actividad comercial
entre 2015 y 2017 pero sí tuvo movimiento en sus cuentas bancarias por más de Q11 millones.
Además, se dedujo que los recursos de la devolución del crédito fiscal sirvieron para el financiamiento
para la campaña del partido.
Durante el primer año de gestión de Morales, el MP y la CICIG dieron a conocer otro de los
casos de corrupción de la administración de Pérez Molina. Esta vez, en el Registro General de la
Propiedad, por el que fue capturada y procesada, su titular, Anabella de León. Las investigaciones
mostraron que se crearon 16 plazas fantasmas, y siete personas ocupaban un puesto en otra institución
pública. También se develó que, en 2013, se efectuaron pagos por servicios de banquetes que no se
158 Idem, 67.
159 Idem, 67.
160 Idem, 72.
53prestaron161. En este último hecho, estuvieron vinculados el hijo y hermano del entonces mandatario,
así como un diputado electo al Parlamento Centroamericano, -financista de la campaña de Morales y
propietario del restaurante que facturaría desayunos en un evento institucional-. Los familiares de
Morales fueron los responsables por facilitar las cotizaciones -una por la empresa del hermano del
presidente y dos ficticias- y facturas por los eventos162, en virtud de la relación que el progenitor de
Morales sostenía con la hija de una de las funcionarias del Registro. Los familiares del mandatario
advirtieron de su participación en el caso, previo a que las investigaciones los vincularan a ellos, por
lo que Morales dio un anuncio a la ciudadanía para dar a conocer su involucramiento en el hecho. En
2017, fueron detenidos y ligados a proceso penal, el cual se mantuvo en curso hasta en 2019, cuando
fueron condenados. Sin embargo, en 2021, tras una apelación, fueron absueltos163
.
La reciente investigación sobre financiamiento ilícito y la captura de los familiares de Morales
constituyeron los motivos que determinaron que, en agosto de 2017, el presidente declarara non-grato
al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez164
. Esta decisión polarizó al país. La valoración del
actuar de la Comisión no era igual que en 2015. Sus investigaciones habían demostrado que no
importaba a qué sector o estrato se perteneciera, la ciudadanía guatemalteca y sus funcionarios
públicos estaban sujetos a la ley; por lo que la CICIG ya no contaba con el apoyo de la cúpula
empresarial. El enfoque del apoyo de la comunidad internacional había cambiado también. El
161 CICIG, «Capturan a exregistradora de la propiedad y a otras 21 personas», CICIG, 1 de septiembre de 2016,
CAPTURAN A EXREGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y A OTRAS 21 PERSONAS
162 CICIG, «Capturas relacionadas con fraude al Registro de la Propiedad», CICIG, 18 de enero de 2017,
Capturas relacionadas con fraude al Registro de la Propiedad
163 César Pérez Marroquín y Edwin Pitán, «Sala confirma absolución de Samuel Morales y José Manuel Morales en el
caso Botín Registro de la Propiedad», Prensa Libre, 22 de septiembre de 2021,
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sala-confirma-absolucion-de-samuel-morales-y-jose-manuel-morales-
en-el-caso-botin-registro-de-la-propiedad-breaking/.
164 El Comisionado se encontraba fuera del país cuando fue anunciada la decisión del mandatario y no pudo regresar al
país, por lo que dirigió la Comisión desde el exterior.
54gobierno republicano de Estados Unidos no se congraciaba con la CICIG, en virtud de que esta había
investigado y capturado a una estructura que falsificaba pasaportes, y entre los detenidos, se
encontraba una familia rusa por haber utilizado identificaciones falsas. «Los Bitkov», habían sido
víctimas de persecución política del presidente ruso, Vladimir Putin, y contaban con el apoyo de un
lobista en el Congreso de Estados Unidos, a donde llegó el caso. De acuerdo con él, el gobierno ruso
influyó en la captura y sentencia de la familia en Guatemala165
.
Otro punto de discusión sobre el desatino de la CICIG fue el manejo de las investigaciones del
MP y CICIG, que mostraron también un grado de abuso de autoridad por parte de los órganos
competentes, tal como el efectuado en Casa Presidencial en búsqueda de documentación de Guardia
Presidencial, instalaciones donde no se encontraban las oficinas de esta última166
. Un año más tarde,
el mandatario tomó la decisión de no renovar el mandato de la CICIG, a donde convocó a un grupo
de personas que habían sido señaladas por la Comisión. Además, se hizo acompañar de representantes
de alto rango del ejército guatemalteco167. A partir de ello, el gobierno de Morales, a través de
Cancillería requirió a la ONU para que propusiera a un nuevo Comisionado, a lo cual, su secretario
general manifestó que no existía razón alguna para el efecto. Esto derivó para que Morales, en el
marco de la 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se manifestara en contra de
la Comisión y la señalara como una amenaza para la paz del país, pronunciándose además sobre «la
165 Lioman Lima, «El polémico caso de los Bitkov, la familia rusa presa en Guatemala que asegura ser víctima de una
persecución del Kremlin», BBC Mundo, 10 de mayo de 2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
44013092
166 Miguel Barrientos y Mynor Toc, «Jimmy Morales difunde video sobre cateo del MP y denuncia que se cometieron
abusos», Prensa Libre, 23 de abril de 2018, https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-gobierno-
guatemala-cicig-mp-video-allanamientos/?utm_source=modulosPL&utm_medium=linkinterno&utm_campaign=ux
167 BBC News Mundo, «El presidente Jimmy Morales saca de Guatemala a la CICIG, la comisión de la ONU que pide su
desafuero por corrupción», BBC News Mundo, 31 de agosto de 2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-45352192
55pasividad del secretario general de ese organismo»168. Este conjunto de disposiciones conllevó a
determinar que se había gestado un golpe de Estado técnico, que se le conoció como El Moralazo.
Colom y su gabinete de gobierno fueron otros actores que tuvieron que rendir cuentas ante el
sistema de justicia en el 2018, cuando la CICIG y el MP dieron a conocer el caso Transurbano, en el
cual, el exmandatario junto con sus ministros firmó un acuerdo gubernativo en el que otorgaban una
asignación presupuestaria de alrededor de Q82 millones a la Asociación de Empresas Autobuses
Urbanos con el fin de adoptar un sistema prepago de transporte en la región metropolitana y proveer
la seguridad en los buses. El caso versó sobre irregularidades en el sistema prepago y del manejo del
subsidio de seguridad169
.
También fueron ligados a procesos integrantes de dicha asociación y Baldizón170, por haber
sido beneficiado con recursos provenientes del subsidio para financiar sus campañas electorales en
2011 y 2015171
.
El término de la gestión de la exfiscal general172 constituyó un elemento fundamental, aunque
no determinante, para que los procesos de la lucha contra la corrupción no fueran sostenibles en el
168 Prensa Libre, «Once momentos críticos de la CICIG con el gobierno de Jimmy Morales», Prensa Libre, 7 de enero de
2019, https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/diez-momentos-de-criticos-de-la-cicig/.
169 Kenneth Monzón, «Caso Transurbano reúne al expresidente Álvaro Colom y su jefe de SAAS», Prensa Libre, 1 de
octubre de 2018, https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-cita-al-expresidente-alvaro-colom-y-a-sus-
exministros-por-el-caso-transurbano/
170 Para este momento, Manuel Baldizón había sido detenido en Estados Unidos y se le imputaron cargos de lavado de
dinero, al haber realizado transacciones financieras, que incluyeron la compra de adquisiciones en dicho Miami, con
recursos provenientes del narcotráfico, otorgados para financiar su campaña electoral. Por el hecho fue sentenciado a 50
meses de prisión. Véase: EFE, «Manuel Baldizón es condenado en EE. UU. Por lavado de dinero», Prensa Libre, 12 de
noviembre de 2019, https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/manuel-baldizon-es-condenado-en-ee-uu-por-
lavado-de-dinero/
171 Kenneth Monzón, «Manuel Baldizón usó Q6.5 millones del Transurbano en campañas, según MP», Prensa Libre, 13
de diciembre de 2018, https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-cita-al-expresidente-alvaro-colom-y-a-sus-
exministros-por-el-caso-transurbano/
172 La lucha contra la corrupción le valió a la exfiscal general un grado de legitimidad de la ciudadanía y el reconocimiento
de la comunidad internacional. No obstante, el desagrado por convertirse en un obstáculo para estructuras del crimen
organizado también fue resultado de su desempeño. De esa cuenta, en 2019, Mario Estrada, el líder de un narcopartido,
requirió a uno de los cárteles más grandes de México ayudarle para asesinar a la extitular del MP y requerir financiamiento
para la campaña electoral a cambio de ofrecer la infraestructura del país para el trasiego de drogas. Sin embargo, la
56tiempo. La nueva titular del Ministerio Público inició su gestión con un papel pasivo, haciendo uso
reiterativo de su función como «vigilante» del actuar de los funcionarios públicos. A pesar de ello, la
Fiscalía Especial contra la Corrupción -FECI-, creada como contraparte institucional de la CICIG,
continuó con el seguimiento de casos e investigaciones por hechos de corrupción en el sector público.
Uno de los casos de corrupción más representativos del gobierno de Jimmy Morales fue el
caso de la construcción del Libramiento, «una mega obra» que fue considerada como «hito histórico»
de la gestión de Morales y que fue inaugurada parcialmente en 2019173. No obstante, a cinco meses
de haber habilitado el tramo vial, este empezó a presentar las fallas de su diseño y construcción, entre
las cuales sobresalieron inundaciones, desprendimientos de rocas, taludes, etcétera174. La obra pública
fue señalada por diversos sectores que representó un hecho de corrupción a todas luces y que le valió
el descontento al presidente y a su ministro de comunicaciones. El caso fue objeto de investigación
después de la salida de Jimmy Morales.
Durante estos 4 años, también se hizo más visible el involucramiento del crimen organizado
en el Congreso de la República y en la Corte Suprema de Justicia. Con ello se afianzaba una alianza
que se conocería como el Pacto de Corruptos. Uno de los personajes más representativo por ser el
vínculo en la conjunción de fuerzas de los tres poderes para contrarrestar la lucha contra la corrupción
fue el exdiputado Felipe Alejos. Su participación en hechos de corrupción se remonta a su papel en el
negociación la realizó con agentes encubiertos de la DEA y fue capturado junto con otro integrante de su partido. Véase:
Irving Escobar y Manuel Hernández, «Mario Estrada es detenido en EE. UU. por nexos con el cartel de Sinaloa», Prensa
Libre, 17 de abril de 2019, https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mario-estrada-es-detenido-en-estados-unidos-
por-nexos-con-narcotrafico/
173 Gobierno de Guatemala, «Como un hito histórico es catalogado el libramiento de Chimaltenango», Gobierno de
Guatemala, 3 de mayo de 2021, https://guatemala.gob.gt/como-un-hito-historico-es-catalogado-el-libramiento-de-
chimaltenango/
174 Natiana Gándara, «Libramiento de Chimaltenango: A cinco meses de su inauguración evidencia más fallas», Prensa
Libre, 22 de septiembre de 2019, https://www.prensalibre.com/ciudades/chimaltenango/libramiento-de-chimaltenango-a-
cinco-meses-de-su-inauguracion-evidencia-mas-fallas/
57tráfico de influencias para la devolución de crédito fiscal que se realizó previo a la develación de casos
por la CICIG en 2015, cuando también ejercía como diputado al Congreso de la República. Alejos
intentó cobrar una tarifa a empresarios que buscaban obtener la devolución del impuesto sobre el valor
agregado -IVA-, por lo que fue investigado y el MP inició con un proceso de retiro de su derecho de
inmunidad, el cual fue denegado por la Corte Suprema de Justicia175
.
Desde 2012 empezó a ser más evidente la elección de personas que son parte de redes de
narcotráfico como diputados al Congreso de la República, a tal punto que han ejercido altos cargos en
la Junta Directiva del poder legislativo y han designado a personas afines y allegados a ellos para
ocupar puestos del Ejecutivo a nivel local176, dinámica que a partir de 2016 se profundizó.
La Corte Suprema de Justicia no escapó de los esfuerzos por desmantelar estructuras que han
cooptado el sistema de justicia. En el 2018, el MP y la CICIG dieron a conocer las operaciones que se
llevaron a cabo para la elección de cortes en 2014, a través de la conducción de Sergio Roberto López
Villatoro, exyerno del general retirado y ex presidente de facto, Ríos Montt. El primero fue el
responsable de diseñar una estrategia para estructurar un Organismo Legislativo afín a sus intereses.
De esa cuenta, realizó el pago a integrantes de las Comisiones de Postulación para determinar la
elección de las magistraturas de la CSJ y las Cortes de Apelaciones. El hecho más emblemático del
actuar de López Villatoro fue la adquisición parcial de un inmueble para un magistrado que fue parte
175 Kenneth Monzón, «Después de un año de retrasos, testigos cuentan la participación de Felipe Alejos en Traficantes de
Influencias», Prensa Libre, 31 de mayo de 2019, https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/despues-de-un-ano-de-
retrasos-testigos-cuentan-la-participacion-de-felipe-alejos-en-traficantes-de-influencias/
176 El Periódico, «Diputados del partido con “ideología narco” saltan a Vamos», El Periódico, 14 de junio de 2021,
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2021/06/14/diputados-del-partido-con-ideologia-narco-saltan-a-vamos/
58de dichas comisiones. Por este hecho, López Villatoro fue procesado y sentenciado en 2020, en donde
el juzgado resolvió otorgarle una medida sustitutiva y arresto domiciliario177
.
En 2019, nuevamente la CICIG y el MP presentaron un nuevo caso que mostró cómo otro
grupo también buscaba influir en el desempeño de los magistrados electos en 2014, en el que estarían
involucrados Baldizón y Sinibaldi. Una vez electos los magistrados, distribuyeron y requirieron las
lealtades de los nuevos magistrados entre los dos partidos políticos. Posteriormente, Baldizón se
constituyó como colaborador eficaz de la CICIG, sin embargo, el caso no avanzó por la cancelación
del mandato de la Comisión178
.
177 Julio Román y Edwin Pitán, «Otorgan arresto domiciliario al El Rey del tenis, vinculado al proceso de Comisiones
Paralelas», Prensa Libre, 26 de agosto de 2020, https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/otorgan-arresto-
domiciliario-al-el-rey-del-tenis-vinculado-al-proceso-de-comisiones-paralelas/
178 Evelyn De León, «Baldizón quiso ser colaborador de CICIG con testimonio manuscrito», Soy 502, 29 de agosto de
2019, https://www.soy502.com/articulo/cicig-confirma-baldizon-quiso-ser-colaborador-eficaz-5313
59