Liberalismo y subsidiariedad

 

Julio César De León Barbero*

 

 

Notas preliminares

 

Con el ocaso de la década de los ochentas en el siglo pasado se produjo el   fin de los regímenes políticos totalitarios que, bajo el ala protectora del marxismo-leninismo, constituyeron más que un simple fantasma en la Europa Oriental.

Cerca de ochenta años fueron necesarios para reconocer en el ejercicio omnímodo del poder público una vía equivocada para promover y garantizar a los hombres lo que Aristóteles llamó la mejor vida posible.

Por lo anterior,  muy raros son los que hoy por hoy defienden un poder público sin cortapisas; también lo son quienes esperan que el gobierno asalte el sitio de la industria, laboriosidad y productividad del sector privado.

La digestión de las enseñanzas de la historia reciente, sin embargo, no se completa del todo. Sugiero con esto que el anti-totalitarismo, el anti-estatismo, el anti-socialismo no necesariamente implican reconocer la eficiencia del mercado, la superioridad de la competencia y la bondad moral inherente al lucro. Es más, muchos que de comunistas o socialistas no tienen nada consideran al individuo, no obstante, como el enemigo público número uno.^[1] En consecuencia únicamente están dispuestos a aceptar la mano invisible del mercado siempre y cuando la visible mano del gobierno "enmiende" y "corrija" sus supuestas deficiencias.^[2]  

Dicho de otro modo, el rechazo y la repugnancia orientados al poder político desbocado, violador de los más elementales derechos del ciudadano, no deja de cederle el sitio a una simpatía "mesurada" por la intervención estatal ahí "donde corresponda".

Pero tal actitud tampoco es de reciente factura. Se incubó una vez que, en Europa, el socialismo -científico o no- entró en un franco estado de postración del que ya no logró recuperarse. Desde entonces -década de los cuarentas- se le conoce con el nombre de Estado providencia o Estado benefactor.^[3] Por aquellos años, países en los que otrora se enarboló la bandera de la libertad y del mercado libre (Inglaterra y los Estados Unidos de América) fueron inundados por las exigencias del estado paternal.^[4] En Inglaterra tomó la forma del laborismo y en Estados Unidos la del New Deal rooseveltiano. Y así, como en su momento la Revolución Francesa desató una fiebre democrática, el fracaso del socialismo se tradujo en ansias de providencialismo estatal: De pronto, una nueva fiebre "democrática" se desparramó por los cuatro cabos del globo sólo que esta vez era económica.

En terreno de lo teórico y en el ámbito académico fueron muchos los que prestaron su talento a la promoción de un socialismo que había renunciado a la violencia y a la revolución ciertamente, pero que no había renunciado a su confianza en el poder público para instaurar el ideal socialista.

En esos terrenos quizás quien más hizo para justificar el intervencionismo gubernamental en la economía en aras de la igualdad de las rentas fue, sin duda alguna, Arthur C. Pigou.  

Pigou es considerado heredero de las ideas económicas de Alfred Marshall, aparte de haber heredado su cátedra de economía política en Cambridge, la que desempeñó por treinta y cinco años.

Desde su obra de 1912 Wealth and Welfare, publicado posteriormente en forma ampliada con el título de Economics of Welfare, hasta Income, e Income Revisited, su tarea intelectual se encuentra animada por la propuesta de Alfred Marshall de que los impuestos y los subsidios han de emplearse para propagar la igualdad de rentas.^[5] De esta forma tenemos que reconocer que el pensar pigoureano constituyó un declarado promotor de la denominada economía del bienestar.

Ahora bien los acontecimientos históricos (p.e. el sonoro fracaso del estado benefactor en Suecia) y las batallas libradas en el campo de las ideas (sobre todo por economistas liberales, especialmente aquellos vinculados a la Escuela austriaca) han levantado sospechas más que justificadas acerca de los fundamentos teóricos y la practicidad del Estado paternal.

Reconozcamos pues que muchas de las atribuciones asignadas al Estado paternal han sido puestas en entredicho, ya por cuestión de principio (como ocurrió con la administración Thatcher y la administración Reagan) ya obedeciendo simples criterios prácticos. De esto último son patente muestra los vientos privatizadores arremolinados alrededor incluso de gobiernos socialistas (como el de Felipe González en España) que se vieron empujados, en su momento, a privatizar diversas empresas estatales.

Hay que recordar solamente que la ola de privatización comenzó en la década de los setenta del siglo pasado en los Estados Unidos de América. Frazier y Poole fundaron el Local Government Center en 1976 con el propósito de estudiar las consecuencias de que los gobiernos municipales contraran servicios privados. Los documentos producidos por esta institución comenzaron a tener un fuerte impacto a nivel de los gobiernos municipales. Eventualmente, personas que trabajaron en dicho centro se convirtieron en funcionarios del gobierno de Ronald Reagan y contribuyeron a impulsar procesos privatizadores. A esto le siguió la fundación en Inglaterra del Adam Smith Institute de parte de Eammon Butler, en el 79, dedicado a las mismas tareas. Por último hay que recordar la decisiva influencia que la llamada Escuela de la Public Choice ejerció al señalar la tendencia marcada en las empresas estatales al despilfarro y a mantener una pesada burocracia por razones meramente políticas

En general ha sido saludable que tales procesos de privatización hayan ocurrido. De esa manera el gobierno se desembaraza de empresas que lo hicieron jugar un pésimo papel como cartero, telefonista, transportista aéreo, electricista, administrador de hospitales, agricultor, y un largo etcétera. Derivado de lo anterior los ciudadanos, como debe ocurrir en un estado de derecho, no son más obligados a depender de los monopolios gubernamentales ni limitados en su derecho de organizarse para competir en la esfera de servicios otrora controlados y protegidos por el gobierno.

Pero tal tendencia a privatizar ha provocado un efecto negativo: Algunos, con estrechez de miras, ha llegado a asociar (y restringir) el pensar liberal al mero afán privatizador. Esto ha derivado en una caricatura más del liberalismo desdibujando su profundidad e integridad como visión ética, jurídica, política y económica de la vida humana dentro de un orden extenso de cooperación.

Ahora bien, en medio de todos estos cambios políticos y económicos, muchos de los cuales deben francamente loarse por provocar una revisión del rol del gobierno, se yergue la cuestión de si hay razones, doctrinarias y prácticas, que justifiquen la acción gubernamental en algunos aspectos de la vida en sociedad estrechamente vinculados a la prestación de servicios.

En otras palabras: ¿El gobierno ha de limitarse exclusivamente a velar por resguardar el orden social? ¿El poder coactivo puede usarse en ámbitos que rebasan la esfera de la justicia, la aplicación de la ley y el mantenimiento de la paz? ¿Es el ámbito privado, empresarial, suficiente para crear y  producir, es decir para satisfacer cuanta urgencia se cierne sobre la vida de personas y pueblos? ¿Se puede justificar la acción gubernamental en el ámbito económico y de los servicios una vez reconocida la ausencia de toda acción privada? Dicho de otro modo y más claramente: ¿Hay sitio para la acción subsidiaria del gobierno?

Esta última pregunta, que traduce más diáfanamente todas las demás interrogantes arriba planteadas, es lo que este trabajo aborda, a la luz de la filosofía social liberal.

 

1. UNA DEFINICIÓN DE SUBSIDIARIEDAD.

Al definir subsidio Rodrigo Borja lo hace de tal modo que refleja la opinión popular al respecto. Dice:

Esta palabra significa, en el ámbito económico, la entrega por el Estado de una subvención monetaria o de una ventaja medible en dinero en favor de una empresa o entidad pública o privada a fin de coadyuvar para el financiamiento de su actividad, bien sea la fabricación de bienes o la prestación de servicios.^[6]

Lo primero que se deriva de esta definición es que: a) o parte de los dineros de los contribuyentes -obtenidos como se sabe por vía coactiva- se utilizan para financiar determinados procesos productivos, o b) determinados productores no son tratados -castigados impositivamente- de la manera que a los demás se trata. Lo anterior, independientemente de cuál sea la razón del subsidio.

Borja reconoce que las razones que justifican tales procederes fundamentalmente son dos:

…bajar los precios de los productos de consumo masivo o las tarifas de servicios públicos básicos por la vía de compartir los costes de producción, o estimular el crecimiento de ciertos sectores de la economía.^[7]

Nos interesa ante todo la primera razón: la de reducir el coste de producción de ciertos servicios o bienes para que su venta al consumidor experimente una baja. En el fondo de esta definición de subsidio palpita la intención de socorrer o beneficiar a los ciudadanos más pobres. Asi lo expone Borja sin ningún velo:

Generalmente los subsidios responden a motivaciones de carácter social. Son parte de las políticas de equidad de los gobiernos. Constituyen una manera de defender los intereses de los consumidores pobres.^[8]

Dicho en otras palabras están inspirados en un afán igualitarista cuyas raíces se nutren en el suelo de la justicia social. Por ello en opinión de Borja decididamente constituyen

…instrumentos de compensación socioeconómica muy importantes, no obstante las deficiencias que a veces tienen estos sistemas,…^[9]

Ahora bien el concepto de subsidio como lo examinamos en los párrafos anteriores parece ser compartido esencialmente por algunas doctrinas cuya influencia en la opinión pública no deja de pesar. Examinaremos brevemente lo que el socialismo democrático, el pensar demócrata cristiano y la doctrina social de la iglesia católica opinan al respecto.

 

2. EL PENSAR SOCIAL-DEMÓCRATA.

El socialismo democrático es una criatura que reclama la paternidad tanto del capitalismo burgués como del socialismo francés y marxista. Dice defender tanto la libertad como la igualdad material entre las gentes. Según esta híbrida postura no se puede ser libre sin dinero pero tampoco se puede tener dinero sin libertad. Un ideal no sustituye al otro: Deben darse ambos.

En sus convicciones políticas cabe defender la vía del voto para legitimar al gobierno, la economía mixta (el mercado intervenido), la búsqueda de la equidad propia del socialismo, el control de la inversión extranjera, el impulso a las exportaciones, la libertad política siempre acompañada de la seguridad económica. Se autoevalúa la social democracia no como una contraparte de la democracia "burguesa" sino como su superación. Dice añadirle a aquélla lo que siempre le hizo falta: los elementos económicos y sociales, y esto por puro proceso dialéctico.

En el plano estrictamente económico el socialismo democrático sostiene:

…la regulación  gubernativa del proceso económico para alentar o desalentar determinadas actividades productivas y para corregir desequilibrios sociales, el control estatal de los grandes precios -los precios del trabajo, del dinero, de las divisas y de los bienes y servicios de consumo masivo- la utilización del sistema tributario como mecanismo de redistribución del ingreso, la tesis de que el trabajo físico y el intelectual son la sustancia principal del valor, las políticas de pleno empleo, la socialización de la economía a partir de la renta y no necesariamente del instrumento de producción, la gestión directa del Estado sobre las áreas estratégicas o claves de la economía…^[10]

Un documento del Partido Socialista Democrático de Guatemala reza:

…el socialismo democrático lucha por un orden social donde impere la democracia política, la democracia social y la democracia económica. No se acepta que en un país exista únicamente la Democracia Política; ni tampoco que mediante programas de proyección y avance social  se garantice una Democracia Social. Es imperativo llegar a una sociedad en la cual se realice plenamente la Democracia Global, es decir la Económica, Social y Política.^[11]

Y el mismo documento, al referirse a la economía basada en la libre empresa, abiertamente reconoce que:

…el socialismo democrático no quiere destruir la empresa privada. La califica como una manifestación de la libertad y de la iniciativa de los individuos dentro del proceso económico. No obstante, concibe la propiedad en su función social; es decir, que prevalezca el interés colectivo sobre el interés individual, que las ganancias que se produzcan se distribuyan de manera igualitaria y justa.^[12]

Por las citas anteriores es claro que en el corazón del socialismo democrático ocupa un sitio muy importante la acción gubernamental con propósitos de redistribuir la riqueza por la vía impositiva y protectora, lo cual coincide con la definición que Borja da acerca de subsidio. ^[13]

 

3. LA DEMOCRACIA CRISTIANA.

El auge de la Democracia Cristiana como entidad política se dió entre las dos Guerras Mundiales aun cuando germinalmente puede hallarse en los movimientos de acción católica de las décadas anteriores.

Ideológicamente el pensamiento cristiano-demócrata defiende y promueve la democracia. Su ideal democrático, no obstante, no queda en los límites de una decisión política consensuada sino que va más allá: Que la democracia sea social y económica, urgiendo a que tales exigencias formen parte esencial de la Constitución de los países. Al menos tal es la orientación que la Democracia Cristiana ha demostrado en nuestro medio.

Jakques Maritain, gran gurú de las ideas cristiano-demócratas afirma que el fracaso

… de las democracias modernas para realizar la democracia, es el hecho de que esta realización exigía ineluctablemente cumplirse tanto en el orden social como en el orden político, y que esta exigencia no fue satisfecha.^[14]

Torres Bustamante claramente señala que la concreción del gobierno demócrata cristiano ha de incluir:

…la realización integral de este sistema de gobierno en sus aspectos económico y social.^[15]

Una demócrata cristiana guatemalteca ha definido lo que en su doctrina se entiende por subsidio al decir que la subsidiariedad del Estado:

…significa no solamente que éste debe intervenir supliendo la ausencia o falta de capacidad del sector privado para asumir determinadas tareas, sino, además, el papel de promotor de la participación privada, e impulsor y animador del proceso de desarrollo social, compensando las desigualdades y desequilibrios significativos.^[16]

Las últimas palabras de la cita son la clave: Compensar las desigualdades entre los hombres y romper lo desequilibrios que en materia socio-económica pudieran surgir.

Para lograr esta redistribución de la riqueza, fundados en el pensar de Santo Tomás, J. Maritain y los documentos de la iglesia,^[17] la Democracia Cristiana insiste en exigir la intervención del gobierno en el ámbito de la economía. Sobre todo para promover y garantizar lo que creen es el mejor uso que puede darse a la propiedad privada: el uso para beneficio social.^[18]

En tales afanes el programa demócrata cristiano no duda en recetar, incluso, la nacionalización de cualquier sector productivo, si eso es lo que conviene.^[19]

 

4. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA.

Desde que Pío IX a finales de 1849 publicara la Encíclica Nostis et Nobiscum, condenando el socialismo y el comunismo, todos los Papas han expedido documentos relacionados con asuntos políticos, sociales y económicos.

No es interés de este trabajo pasar revista a toda esta documentación. En consecuencia, cualquier referencia será selectiva, sujeta al espacio propio de un ensayo y al tema central que aquí nos preocupa.

Pero primero he de dejar establecido que, a mi juicio, buena parte de los argumentos propios de estos documentos son lo suficientemente ambiguos como para encontrar en ellos alabanzas y condenas tanto para el socialismo como para el capitalismo.^[20]

La ambigüedad de tales documentos, explica por qué los tres grandes liberales del siglo Veinte: Mises, Hayek y Popper, para nada recurren a los documentos de la iglesia católica. En la monumental obra de cada uno los argumentos discurren ignorando por completo la autoridad del magisterio de la iglesia.

En el caso de Mises, incluso llega a hacer una crítica de los intentos "cristianos" por incursionar en lo socio-político alegando, verbigracia, que

No puede construirse una moral social adaptada a las necesidades de la vida terrena sobre las palabras del evangelio.^[21]

Y Karl Popper, alérgico a todo principio de autoridad  que pretenda "justificar" el conocimiento, no se queda atrás. Entre otras cosas dice:

… el fanatismo es siempre malo e incompatible con una sociedad pluralista, y que es nuestro deber oponernos a cualesquiera de sus formas, incluso cuando sus metas, aun cuando se persigan de modo fanático, sean éticamente inobjetables, (…) Los peligros del fanatismo, y nuestra obligación de  oponernos a él en toda circunstancia, son dos de las lecciones más importantes que podemos aprender de la historia.(…) ¿Acaso no muestra toda la historia de las religiones y revoluciones que la creencia fanática en una idea ética no sólo la pervierte, sino que una y otra vez  la convierte en su contraria? (…) ¿No nos lleva a proclamar la fraternidad universal entre los hombres y, al mismo tiempo, que somos los guardianes de nuestros hermanos, como para recordarnos que nuestro deseo de dominarles puede ser fratricida?^[22]

Mises, Hayek y Popper parecen tener claro, pues, que es necesario mantener  su discurso alejado de documentos carentes de claridad, definición y compromiso. Documentos que, además, y gracias a su naturaleza ambigua, son objeto de interpretaciones tan disímiles que sirven de base y fundamento a las posturas más extremas e irreconciliables.^[23]

Pero lo que deseamos señalar aquí es lo siguiente, la doctrina social de la Iglesia –como se puede constatar fácilmente en algunos documentos oficiales- alaba el mercado y la producción basada en la propiedad privada, esto es claro. Pero claramente también condena la economía de mercado por no repartir "equitativamente" la riqueza producida. Sin ambages urge que el Estado intervenga y proceda subsidiariamente para corregir las debilidades de la economía de mercado.^[24]

En su postura opuesta al libre mercado la doctrina social de la Iglesia reconoce los principios sobre los que se basa la economía capitalista (la ganancia, los beneficios) y los condena.  No son los principios adecuados; además, han dado origen a errores y consecuencias funestas, p. e., el imperio violento, despótico y sin entrañas del dinero.

La doctrina social de la Iglesia propone, entonces, nuevos principios:

Por tanto, han de buscarse principios más elevados y más nobles, que regulen severa e íntegramente a dicha dictadura, es decir, la justicia social y la caridad social. (…) Y la caridad social debe  ser como el alma de dicho orden, a cuya eficaz tutela y defensa deberá atender solícitamente la autoridad pública…^[25]

La propuesta es más concreta y más ambiciosa de lo que parece.  La justicia, a secas, entendida como aquellos comportamientos exigibles a todo aquel que quiera vivir en sociedad, no basta. Esa mínima moralia no es suficiente.  Hay que ir más allá: a la bondad, la caridad y la solidaridad. No basta ser justos; hay que ser bondadosos. No es suficiente respetar a los demás, respetar su esfera de vida privada; hay que ayudarles, promover, facilitar y concretar su bienestar siendo caritativos.

En estas palabras está muy claro:

¡Cuánto se engañan , por consiguiente, esos incautos que, atentos sólo al cumplimiento de la justicia, y de la conmutativa nada más, rechazan soberbiamente la ayuda de la caridad! La caridad, desde luego, de ninguna manera puede considerarse como un sucedáneo de la justicia, debida por obligación e inicuamente dejada de cumplir. Pero, aun dado por supuesto que cada cual acabara obteniendo todo aquello a que tiene derecho, el campo de la caridad es mucho más amplio: la sola justicia, en efecto, por fielmente que se la aplique, no cabe duda alguna que podrá remover las causas del litigio en materia social, pero no llegará jamás a unir los corazones y las almas.^[26]

La propuesta culmina aconsejando que el encargado de promover la caridad entre los ciudadanos y agentes económicos es el Estado. Su poder coactivo ha de estar al servicio del amor, la caridad y la unión de corazones. El Estado adquiere, así, caracteres tutelares discriminatorios:

Sólo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública; la clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desvalida.^[27]

Aquí está la razón fundamental que justifica la subsidiariedad del estado, el principio sobre el que descansa la concepción y el tratamiento de la propiedad privada: El amor preferencial por los pobres, la opción por los pobres, como muy bien lo entendieron los teólogos marxistas de la liberación (primero alentados y después castigados por la jerarquía). Llama poderosamente la atención que quien más atacó a los teólogos marxistas, el Papa Juan Pablo II, haya de manera clara:

Entre dichos temas quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes.^[28] 

Lo que podemos colegir de lo apuntado hasta aquí es lo siguiente: Entre el pensar socialdemócrata, la democracia cristiana y la doctrina social de la Iglesia hay puntos comunes: a) Están de acuerdo con la economía de mercado en cuanto eficiente para producir; b) no pretenden abolir el sistema productivo basado en la propiedad privada pero promueven la violación del derecho a la propiedad si eso conviene “socialmente”; c) se resisten a aceptar la existencia de la desigualdad económica y material entre las personas; d) sostienen que las desigualdades económicas son producto de un sistema que, como productor, es eficiente e inigualable, pero que como repartidor es inepto e inicuo; e) coinciden en que deben romperse las desigualdades, estableciendo un equilibrio vía la socialización de las rentas; f) persiguen, por igual, la prevalencia  del interés colectivo sobre el interés individual y una repartición igualitaria de la riqueza producida; g) sin ambages, requieren que el gobierno utilice su poder coactivo para llevar a cabo todas las anteriores propuestas. Como reza la Centesimus annus:

Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado  oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda sociedad.^[29]

En otras palabras, las tres ideologías examinadas son copia al calco de lo afirmado por Borja en citas anteriores: Las políticas de equidad de los gobiernos, que tienden a defender a los consumidores más pobres, deben controlar los precios, las rentas, el interés, los salarios y utilizar el sistema tributario como mecanismo para redistribuir el ingreso. En una palabra: justifican y recomiendan el subsidio a lo Borja.

Dicha  tripleta ideológica es, a la vez,  fuente de inspiración para quienes, fundados en una falsa teoría moral, promueven la "compensación", por parte del Estado, de grupos supuestamente olvidados, castigados, oprimidos, discriminados y/o victimizados: Indígenas, mujeres, niños de la calle, enfermos de SIDA, negros, fumadores, expatrulleros de la autodefensa civil ( ex PAC) y un interminable etcétera.

 

5. LA OPINIÓN DE LUDWIG VON MISES

            La intervención del gobierno y el uso de su poder coactivo para orientar los procesos económicos ha sido cuestión de interés permanente en el círculo de la ciencia económica.

Los teóricos que favorecen la cooperación libre y espontánea de los seres humanos en el contexto del mercado regularmente están de acuerdo en restringir la injerencia gubernamental en los procesos económicos.

Alguien que representa la postura más radical al respecto es Mises. Puede afirmarse que para Ludwig von Mises, al menos en el contexto de su opus magnum La acción humana, no hay argumento alguno que justifique la acción subsidiaria del estado. En tal caso, dice Mises:

Lo único… que en verdad interesa aclarar es si tales medidas permiten alcanzar aquellos objetivos a los que el estado aspira cuando las impone.^[30]

Según Mises no hay necesidad de vagar por los terrenos de la filosofía política o social o los de la filosofía del derecho para dilucidar si procede o no el intervencionismo estatal. Es sólo cuestión de aclarar si tales acciones realmente producen los resultados que se esperan.

No pretendemos, al abordar el estudio del intervencionismo determinar cuál sea la "adecuada", la "legítima", la "buena" actividad estatal. Lo único que deseamos esclarecer es cómo efectivamente opera, qué efectos provoca el intervencionismo. Aspiramos exclusivamente a averiguar si el sistema permite alcanzar aquellos objetivos que el estado, mediante las correspondientes medidas dirigistas, quiere conseguir.^[31]

Aclara el economista austriaco que el utilizado argumento de la regulación del tráfico en las calles  no se compara con la intervención estatal en la economía. Son dos cosas distintas. Si bien el gobierno municipal o estatal tiene en sus manos la circulación vehicular, no es de su incumbencia decidir qué, cómo, dónde, cuánto producir, los precios, los salarios, etc.

Los subsidiarios-intervencionistas, claro está, no desean destruir ni hacer desaparecer el mercado. No desean ser identificados con el socialismo extremo enemigo de la propiedad privada de los medios de producción. Reconocen las habilidades del empresario y la importancia del capital privado. Invocan, no obstante, la intervención del estado dado el caso que el mercado produzca efectos condenables desde el punto de vista "social". De ese modo la burocracia gubernamental se constituye árbitro de lo socialmente "aceptable" o "no aceptable". Mises concluye:

El mercado, en otras palabras, es libre mientras actúe tal y como las autoridades desean que lo haga; tiene "plena libertad" para realizar lo que la superioridad considera "bueno", pero carece de toda independencia en cuanto se trata de hacer algo que estima "malo" quien está en el poder.^[32]

¿Pero produce los resultados adecuados esa intervención estatal? ¿Lo "bueno" que consiste en bajar los precios, se logra? ¿Lo "bueno" que consiste en elevar los salarios reales, se logra? ¿Lo "bueno" que consiste en disminuir ostensiblemente la pobreza, se alcanza efectivamente? ¿Lo "bueno" que consiste en repartir "más equitativamente" la riqueza se concreta?

Si se trata de subsidiar o proteger empresas para que produzcan y vendan a precios "más favorables", el objetivo no se alcanza puesto que:

Tales auxilios financieros pueden otorgarse, de modo directo, mediante específico subsidio, que se carga al erario, o, de forma indirecta, implantando las correspondientes barreras arancelarias, cuya onerosidad, en definitiva, gravita sobre los propios compradores de las correspondientes mercancías.^[33]

Así, si algunos bienes parecen estar "baratos" porque su producción o su precio reciben ayuda o protección del gobierno, es gracias a que otros bienes están más caros o a que los impuestos a otros bienes han subido. El abaratamiento, entonces, deviene ficticio y puede considerarse un timo descarado.

El asunto esencial consiste en que para poder proveer subsidio a determinados bienes o servicios permitiendo que los "pobres", "desheredados", o "las grandes mayorías", los consuman a precios menores a los que imperan en el mercado, es necesario que el Estado cuente con dinero.

Porque nadie crea que el estado, superando al particular, pueda crear algo de la nada. Cuanto más gasta el gobierno, menos pueden gastar los súbditos. No hay fórmula mágica alguna que permita la financiación autónoma de las obras públicas. Se pagan éstas con fondos detraídos íntegramente a las gentes.^[34]

El dinero extraído a productores y contribuyentes enriquece al Estado pero reduce la capacidad productiva en general repartiendo, en última instancia, más pobreza. Este es, en mi opinión, el argumento más inmportante esgrimido por Mises en contra del subsidio. Ya en su obra de 1922, El socialismo. Análisis económico y sociológico, había  hecho tal advertencia llamándole un proceder "destruccionista". Destruccionista por partida doble: No sólo hace desaparecer el capital sino que aniquila cualquier esperanza futura. Dice:

La política destruccionista es la disipación del capital. Sin duda, apenas pocas gentes se dan cuenta de este fenómeno. (…) Para descubrir el vicio de una política que aumenta el consumo de las masas con detrimento del capital existente y que, por tanto, sacrifica el porvenir en favor del presente, se requiere una inteligencia más penetrante que la que es común en los hombres de Estado, en los políticos y en las masas que los han elevado al poder.^[35]

Le parece al ciudadano medio que todo marcha bien y normalmente y que los problemas que enfrenta la sociedad , la productividad, y la economía en general, son dificultades que tiene su origen en otras causas. No se le ocurre que todo se debe a "una política que devora materialmente el capital".^[36]

Asi, por medio de los subsidios el poder coactivo del Estado traslada capital al ámbito del consumo impidiendo su preservación actual e imposibilitando su futura creación.

Para Mises no es la acción subsidiaria del estado el medio idóneo para combatir la pobreza, fortalecer el poder adquisitivo del salario y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. La vía más aconsejable, práctica y efectiva se halla precisamente en facilitar la formación de capital.

Cuando más crece el capital más se incrementa la productividad del trabajo y aumenta más la remuneración del mismo, en valor relativo y absoluto. La formación gradual del capital es el único medio que permite multiplicar la cantidad de mercancías que la sociedad puede dedicar anualmente al consumo, sin comprometer el rendimiento de la producción futura; es también el único medio de mejorar duraderamente el nivel de vida del obrero, sin perjuicio para las subsiguientes generaciones de trabajadores.^[37]

La solución no se encuentra en la "benévola" mano del Estado; ésta no sabe sino dilapidar, destruir y menguar el capital necesario para producir. Asi, mientras el pensamiento socialdemócrata, la democracia cristiana y la doctrina social de la Iglesia invocan el poder destructivo del Estado, el capitalismo insiste en que no debe sacrificarse el largo plazo ante el corto plazo, que es precisamente a lo que conduce el consejo keynesiano de: "a largo plazo, todos muertos".

En su obra de 1949, Mises deja clara constancia de su crítica postura con estas palabras:

El ahorro, la creación de capital y la inversión, en un mercado libre, constituyen sumas idénticas y correlativas; por el contrario, bajo una economía intervenida, el gobierno puede libremente dilapidar el efectivo ahorro de los gobernados. El particular se sacrifica y reduce el consumo propio en el deseo de proveer a su futuro; por tal vía, como decíamos, aun sin él quererlo, contribuye al progreso económico de la nación y a la elevación del nivel de vida de sus conciudadanos. Pero interviene el gobierno y nulifica tan beneficiosos efectos. Queda así evidenciada la inanidad de ese mito siempre manejado por el paternalismo dirigista, que nos presenta, de un lado, al particular, egoísta y de estrechas miras, interesado tan sólo por las satisfacciones del momento, siempre olvidado del bienestar de sus congéneres y de la sociedad en su conjunto, y de otro, al gobernante seráfico y omnisciente, perennemente entregado a promocionar la felicidad presente y futura de todos los por él administrados.^[38]

Las buenas intenciones sobre las que descansa el estado paternal, subsidiario, provocan en realidad consecuencias desastrosas sobre todo el cuerpo social: Hace crecer y agravarse aquél estado de cosas que pretende combatir.

Todo esto significa que la intervención estatal en tales direcciones, aunque inspirada en buenas intenciones, provoca resultados completamente distintos: No sólo distorsiona el funcionamiento del mercado y distrae recursos que deberían emplearse en aspectos más acordes con la razón de ser del gobierno, sino que afecta negativamente otros sectores productivos, con resultados en el ámbito laboral y de los precios que terminan por  exterminar cualquier logro obtenido vía subsidios.^[39]

Creo interpretar que la postura del economista austriaco es de abierto rechazo a la idea de la subsidiariedad entendida, entonces, como el reparto deliberado de la riqueza ejecutado por el poder coactivo del Estado, aun cuando la repartición se inspire en nobles intenciones.

 

 

6. LA OPINIÓN DE FRIEDRICH A. HAYEK.

La subsidiariedad del Estado es también examinada por Hayek. Sin embargo su perspectiva difiere mucho de lo anteriormente examinado. Incluso su definición del subsidio es diferente. Nada tiene que ver con la repartición de la riqueza; nada tiene que ver con la supuesta incapacidad del mercado para repartir la riqueza; ni ninguna asociación guarda con el uso del poder coactivo para "ayudar" a los más necesitados o con menos recursos.

Entiende más bien Hayek el subsidio como la intervención del Gobierno en momentos y lugares en los que la iniciativa  privada sea incapaz de prestar algún servicio por estrictas razones de conveniencia. No se trata de quitarles a unos para darles a otros, ni de castigar a unos para que otros gocen. Se trata de hacer por los ciudadanos lo que la iniciativa privada y el mercado no pueden hacer por ellos.

De este modo, no es el precio sino la ausencia de los servicios lo que a Hayek le importa. No es que la ciudadanía no pueda tener acceso a los servicios por que su precio es "muy elevado"; es simplemente que no son ofertados por nadie: Ningún empresario ve atractivo el actuar en orden a proporcionarlos.

El tratamiento de la cuestión, podría decirse, no parte aquí de benévolas actitudes hacia un sector poblacional considerado en desventaja. Tampoco de criterios morales para expoliar parte de la riqueza de aquella minoría económica que no reconoce la supuesta "función social" de la riqueza.

El laureado con el Nóbel en Economía 1974 tiene más bien razones prácticas que lo conducen a plantear la cuestión en los siguientes términos: ¿Se justifica la intervención del Estado para prestar servicios que de otro modo la población no tendría? La respuesta de Hayek es afirmativa pero han de cumplirse una serie de requisitos y condiciones. Lo que preocupa evidentemente a Hayek es que el Gobierno no deja, en ningún momento, de ser un agente coercitivo por lo que trata de conciliar el ejercicio del poder con aquellas actividades que considera legítimas pero que rebasan el resguardo de la paz y el mantenimiento del orden.^[40] En consecuencia no debe extrañarnos que en la lista confeccionada por hayek, el primer requisito sea:

Que el Estado no recurra al uso de la fuerza o de la coacción para prestar u organizar servicios que el mercado no presta. Según él:          

Ninguna razón aconseja que semejante autoridad o excluyente derecho deba ser también atribuido a organismos que únicamente tienen por misión facilitar servicios de tipo utilitario que únicamente quedan confiados al gobierno porque sólo así cabe arbitrar su financiación.^[41]

La cuestión es que aunque tales servicios puedan ser tan útiles y necesarios como los que prestan los empresarios privadamente (zapaterías, lavanderías, etc.), siempre cabe la posibilidad de que el Estado resulte utilizando a tales fines el poder que le es característico. Por ello Hayek recomienda:

…siempre se les deberá mirar con cierta desconfianza, dado que, en cualquier momento, el gobierno puede sentirse tentado a recurrir a la coacción, al objeto de cubrir los correspondientes costes. Las democracias actuales, que con tanta frecuencia hacen gala de su escaso respeto por la ley, tienden a magnificar injustificadamente la importancia del gobierno como ente ofertante de servicios y a exigir para él, en el ejercicio de dicha función, privilegios que únicamente debe corresponderle como institución a la que se le haya encomendado la salvaguardia de la ley y el orden.^[42]

En tal orden de ideas Hayek mantiene el ideal que alienta en términos generales su obra completa: el de un gobierno atado a principios; el de un poder público al servicio del principio meta-jurídico y meta-constitucional que es la justicia, entendida mínimamente como la persecusión y el castigo de toda conducta contraria a las normas de recto comportamiento.

Segundo:

Que intervengan los gobiernos locales o regionales, evitándose a toda costa el centralismo.

En el caso de bienes colectivos destinados a satisfacer las necesidades sentidas en una determinada zona o concreto lugar, tal condición quedará más adecuadamente satisfecha si tanto la administración de los servicios como el propio proceso tributario quedan encomendados a la autoridad local. (…) La más adecuada materialización de los servicios colectivos parece recomendar que la aludida tarea recaiga, en gran medida, sobre las autoridades regionales o locales.^[43]

Y es que el concepto Gobierno, así en singular, aunque puede interpretarse como referencia a una autoridad central, apunta más bien a gobiernos de carácter local ^[44] y a su protagonismo en la vida ciudadana.

En un país como Guatemala esto podría iniciar  una sana competencia entre los diversos departamentos o regiones ofreciendo condiciones fiscales diversas para procurar, de esa manera, atraer inversiones de capital tan necesarias para el desarrollo del país entero. Pero ello haría impostergable una nueva y distinta organización política: La de una confederación de estados con un gobierno federal y gobiernos estatales con cierta autonomía y organización.

Esta propuesta proviene, obviamente, de una mentalidad republicana aderezada con concepciones de tipo federalista. Dicho dentro modo, no sólo subyacen a ella ideas en torno a la cosa pública sino respecto a la organización política del estado. Ideas que, entre otros documentos que podrían citarse, alientan a la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.[45]

 

Tercero:

Que tales servicios se presten apoyándose en la iniciativa privada,^[46] pues no tienen los gobiernos locales que proveerlos directamente.  

…en contraste con lo que muchos parecen tácitamente suponer, el hecho de que ciertos servicios deban ser financiados por los cauces tributarios en modo alguno implica que el control de los mismos deba quedar reservado al gobierno. Resuelto el problema de su financiación, muchas veces será preferible encomendar la organización y gerencia de dichos servicios a entidades privadas entre sí competitivas…^[47]

Las autoridades vendrían a convertirse en administradoras de los recursos de los contribuyentes. De este modo las empresas más eficientes, más competitivas y que ofrezcan el servicio al menor costo, estarían proveyendo los necesarios servicios. Las autoridades, de esta forma, no serían las únicas encargadas de exigir eficiencia a las empresas comprometidas a brindar los servicios; el usuario jugaría aquí un papel muy importante.

Cuarto:

            Que una buena parte de los impuestos se queden en los lugares en que se generan.

            Este requisito es consecuencia inmediata del anterior. Si las autoridades locales o regionales van a tener un protagonismo en proporcionar aquellos bienes colectivos que el mercado o la iniciativa privada no ofrecerán entonces es de esperarse que también se produzca un cambio radical en materia impositiva.

            Tal transformación implica que los impuestos se queden en buena medida donde se generan a fin de garantizar la satisfacción de aquellas necesidades sentidas en las distintas localidades. Hayek lo expresa así:

            En el caso de bienes colectivos destinados a satisfacer las necesidades sentidas en una determinada zona o concreto lugar, tal condición quedará más adecuadamente satisfecha si tanto la administración de los servicios como el propio proceso tributario quedan encomendados a la autoridad local.[48]

            La propuesta se refiere a una descentralización tanto política como administrativa, cuestión que en el caso de Guatemala ha visto algunos progresos sobre todo en lo referente a los gobiernos municipales. Aunque el cacicazgo  y el presidencialismo hacen ver tales acciones como dádivas del gobierno central y muchas veces se orientan por favoritismos de carácter político-partidista lo ideal sería conceder a los gobiernos locales una verdadera autonomía financiera y administrativa. Con ello se lograría no sólo la satisfacción de las necesidades de las poblaciones sino un mayor y mejor control del uso de los recursos públicos por la facilidad con la que los gobiernos locales pueden ser fiscalizados.

            La corrupción y el desvío de los fondos públicos para fines de enriquecimiento personal son mayormente posibles en los casos en que las autoridades se pierden en la lejanía de lo impersonal y aún de lo anónimo.

Quinto:

En ningún momento el sector público ha de constituirse en monopolio, pues esta tendencia perniciosa únicamente genera atraso en el aparecimiento de empresarios privados que, a largo plazo, podrían relevar al Estado en su función subsidiaria.

Lo que suele denominarse sector público, por lo tanto, no debe interpretarse como determinado conjunto de funciones cuya gestión haya de quedar reservada, por naturaleza, al Estado, sino como un específico volumen de medios materiales que se sitúan a disposición del gobierno al objeto de que éste pueda prestar lo servicios que se le encomiendan.^[49]

Lo único que ha de hacer al sector público diferente es su capacidad de obtener los recursos (por coacción), pero en lo que toca a los servicios a prestar, las diferencias y privilegios deben desaparecer.

En la aplicación de los medios materiales así obtenidos no puede el gobierno gozar de privilegio alguno, debiendo quedar en todo momento sometido a un nivel de competencia y a una normativa jurídica similar a la que pueda afectar a cualquier otro ente.^[50]

En este sentido la legislación cobra una función importante, siempre y cuando dicha legislación se entienda como esa clase de "leyes" que no tienen que ver con el derecho -estrictamente entendido- ni con la justicia sino con la eficiencia en el manejo de los recursos y la eficacia en la consecusión de los objetivos fijados. En lo demás quienes actúan en el gobierno, al igual que cualquier ciudadano, han de quedar comprometidos a observar aquellas reglas generales, iguales para todos que permiten la cooperación pacífica en sociedad.

Sexto:

No basarse en la equivocada política de que serán otros quienes soportarán el costo de los servicios.

Este principio, de suyo, está en contra de la manera en la que socialdemócratas, democratacristianos y doctrina social de la Iglesia, entienden el rol subsidiario del Estado. Estas tres posturas, como hemos visto, concuerdan en que aquellos que más tienen soporten los gastos inherentes al rol subsidiario del Estado.

Uno de los graves riesgos que lleva implícito el Estado Subsidiario es que las mayorías "desheredadas" no sólo son recipiendarias del subsidio sino jueces de la riqueza de la minoría. Se genera así una imparable espiral hacia presupuestos gubernamentales cada vez más abultados.^[51]

…un sistema tributario basado en el supuesto de que otros han de ser quienes deban hacer frente al esfuerzo fiscal y que asimismo  acepta el principio de que corresponde a la mayoría el derecho de determinar el monto total de los recursos que la minoría debe aportar, dictando al efecto un conjunto de normas que no obligan a quienes las establecen -cosa que no ocurriría si el incremento de la presión tributaria repercutiese sobre todos- debe necesariamente producir el ininterrumpido aumento del gasto público llevándolo a cotas superiores a las que el pueblo considera oportuno.^[52]

Todo ciudadano debe entender, entonces, que el Estado no puede hacer nada en favor de los individuos sin que eso implique afectar su propio bolsillo. No insistir en este principio conduce, como lo demuestra la historia lejana y reciente de diversas naciones,^[53] no a ajustar las acciones gubernamentales a los recursos disponibles, sino a todo lo contrario: Sin tomar en cuenta el coste, dedicarse a obtener los recursos a gastar, acudiendo a la coerción y promoviendo el despilfarro.

Una vez examinadas las opiniones de Hayek respecto a la noción de subsidio, vale la pena recordar que la postura de Hayek no fue bien vista por Ludwig von Mises quien creía que aceptarla significaba abrir las puertas al socialismo o, por lo  menos, al intervencionismo estatal en el ámbito de la economía. Mises creía que se trataba de una contaminación del liberalismo con elementos con él incompatibles.

Sin embargo Hayek estuvo siempre consciente de los riesgos que implicaba su postura. Reconoce entre otras cosas que: a) es posible que los recursos no lleguen a aprovecharse eficazmente, b) pueda resultar la burocracia decidiendo los pocos objetivos que la organización gubernamental  puede atender, c) el control de la ciudadanía sobre el uso de los impuestos vaya dificultándose, d) por atender las actividades subsidiarias (hayekianamente entendidas) puede el Estado olvidar aquellas que le son inherentes.

Pero por sobre todo lo anterior el mayor riesgo consiste en propiciar el aumento de la subsidiariedad del Estado, lo cual no es sino el mismísimo camino a la servidumbre:

Quienes propician el incremento de la actividad estatal suelen olvidar que cada paso avanzado por tal camino implica la progresiva transformación de un orden social de tipo espontáneo -orden que es capaz de servir a las muy diversas necesidades individuales- en una organización sólo capaz de atender un limitado número de objetivos…^[54]

Adecuado es recordar que toda la obra hayekiana está consagrada precisamente a la defensa y preservación de la sociedad como orden espontáneo, criticando y rechazando el manipuleo de dicho orden por parte de un aparato gubernamental arbitrario.

 

 

 

 

CONCLUSIONES

Luego de estas reflexiones podemos arribar a algunas conclusiones:

1. Hay algunas doctrinas que entienden el subsidio como un mecanismo para distribuir más "equitativamente" la riqueza.

2. Tales posturas no necesariamente se identifican con el socialismo radical como sistema económico en el que no existe la propiedad privada y están lejos de identificarse con el proyecto marxista. Aunque Misis afirmaría que se sostienen en los dos pilares centrales de todo socialismo: la confianza en el gobierno y la tendencia a destruir el capital por la vía el consumo.

3. Las posiciones pro-subsidio examinadas (socialdemocracia, democracia cristiana y doctrina social de la Iglesia) están a favor del libre mercado, la actividad empresarial y la propiedad privada, como características de un sistema económico que, en general, consideran eficiente productor de bienes y servicios.

4. Las doctrinas mencionadas critican la economía de mercado por no repartir la riqueza como se supone que debiera hacerlo, y la acusan de concentrar la riqueza en pocas manos y pauperizar a las masas de trabajadores.

5. En su intento por hacer que la riqueza llegue a todos recomiendan la intervención estatal subsidiaria apoyando, para lograrlo, desde impuestos progresivos hasta la nacionalización de actividades privadas.

6. Ludwig von Mises no avala la posición subsidiaria como instrumento de equidad económica, argumentando que se trata fundamentalmente de una actividad destructora del capital tan necesario para aumentar la capacidad productiva del trabajo, y por ende, aumentar los salarios.

7. Friedrich August von Hayek utiliza una noción de subsidio distinta: la de que el Estado sólo haga por la población lo que el mercado no hace por ella.

8. Propone ciertas condiciones  y requisitos que cree pueden ser el marco para que funcione su noción de subsidiariedad. Estos requisitos conducen a pensar que él tampoco avala la idea de subsidio de la socialdemocracia, la democracia cristiana y la doctrina social de la Iglesia.

9. Mises comparte con Hayek su rechazo al subsidio como instrumento de equidad económica pero también rechaza la idea hayekiana de subsidio por considerarla expresión clara de intervencionismo.

10. Hayek es consciente de los riesgos que implica su postura y lo que menos quiere es que el orden social espontáneo devenga en una organización alejada del Estado de Derecho e imposible de fiscalizar por la ciudadanía.

11. Si en los primeros setenta y cinco años del Siglo XX el enemigo número uno del libre mercado fue la ingeniería social, herencia del racionalismo europeo continental, parece que en las últimas décadas la amenaza proviene más bien de la albañilería social o intento chapucero de enmendar las supuestas deficiencias del mercado. Es decir esa propuesta que con elegante pedantería algunos denominan: la tercera vía. Propuesta con la cual algunos empresarios están dispuestos a transar ya sea por que no quieren identificarse con el “capitalismo salvaje” o porque piensan que de esa forma se aplacan las exigencias de la mentalidad proletaria de los sindicatos.

 

*Julio César De León Barbero es director del Area de Filosofía del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín.

 

Bibliografía

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