Zonas de Guerra del Oriente Colombiano, Fotografía de Jesús Abad (PCS, 2004)

 

Marco Teórico y Aspectos Generales

Relativos al Fenómeno de Desplazamiento Interno Forzoso

 

Por Angélica Lucía Aguilar Gutiérrez*

 

Viene del número de Otoño de 2007.

 

Capítulo II

Contexto Histórico, Social y Político. Conflicto Armado y Violencia

II.  Contexto Histórico, Social y Político. Conflicto Armado y Violencia

 

“La única cosa que se puede hacer en América es emigrar”

Simón Bolívar (1830)

 

“Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado

luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”

Gabriel García Márquez

Diversas interpretaciones pretenden dilucidar las razones de la violencia en la nación colombiana. Algunas de las más frecuentemente esgrimidas hacen énfasis en la historia y formación del Estado, otras en la pobreza generalizada y las condiciones socioeconómicas a las que está expuesta la mayoría de la población, muchas otras encuentran explicaciones en el carácter cerrado del sistema político o a la ausencia e ineficiencia propias de la administración gubernamental. No es objetivo de este trabajo llegar al fondo de estos planteamientos o escudriñar con profundidad el conflicto histórico, social y político hasta pretender validar las hipótesis existentes, generar nuevas respuestas o incursionar directamente en el amplio universo del que se ocupa la violentología colombiana. Sin embargo, se hace necesario definir los antecedentes y circunstancias que rodean las dinámicas de una de las mayores crisis de migración forzosa en el mundo contemporáneo, con el objeto de una mejor comprensión del  fenómeno que nos interesa: el desplazamiento interno de población.  En este contexto, la violencia generada por el conflicto armado se descubre como causa importante del mismo y se ve ligada primordialmente a un problema histórico de precariedad del Estado y debilidad de las instituciones. Al respecto, el historiador político y politólogo colombiano Fernán González señala: “es posible vislumbrar la tendencia a la solución privada y violenta de los conflictos como la contrapartida de la existencia o precariedad de un ámbito público de solución de las tensiones sociales. Así, las diferentes violencias han tenido siempre un referente político común: la no-aceptación del Estado como detentador del monopolio de la fuerza, como tercero en discordia en medio de los conflictos de la sociedad” (González, 1998).

 

II. I  El Escenario

Una mirada retrospectiva en el espacio y el tiempo permite descubrir que debido a condiciones climáticas, la población precolombina se concentró mayormente en la región andina. En este contexto, fueron los colonizadores españoles quienes fundaron ciudades-puerto en el Caribe y centros poblados en el eje andino, alrededor de los cuales establecieron encomiendas y resguardos. Esto originó una estructura bimodal de tenencia de tierra: latifundios o encomiendas no divididas y minifundios o encomiendas y resguardos divididos. En el minifundio usualmente ha trabajado toda la familia campesina, produciéndose un excedente de mano de obra relacionado con los demás factores de producción; no así el latifundio que absorbe poca mano de obra  porque su uso de la tierra se caracteriza por ser extensivo.  De esta manera se produce un excedente de población rural que típicamente migra hacia las ciudades, pero también constituye lo que varios autores denominan “ejército de reserva” para colonizar nuevas zonas de frontera. La migración a esas zonas es un proceso complejo que puede ser directo o por etapas, donde influyen considerablemente ciertos factores específicos  de atracción y expulsión.

 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 cita a Gouësset como quien mejor describe el proceso de colonización colombiano. Este analista señala que históricamente el proceso se llevó a cabo en dos grandes márgenes por fuera del eje andino:

Los márgenes cercanos correspondientes a las llanuras del Caribe y a las vertientes externas de los Andes (y sus respectivos pies de monte). Esta fase duró hasta bastante entrado el siglo XX y sus grandes oleadas fueron la colonización antioqueña, la de las llanuras costeñas y la del Magdalena medio. Su lógica podría describirse como de conexión (del Caribe con los Andes) y “densificación” (incorporación plena de las llanuras y pie de montes). Con excepción del café, esa colonización abrió nuevas áreas para el latifundio; de esta manera, se mantuvo la dualidad (minifundio en  los Andes y la zona cafetera; latifundio dentro y, sobre todo, fuera de los andes).

 

En los márgenes lejanos, o llanuras y bosques de la Costa Pacífica, la Orinoquia y la Amazonia, esta fase se acelera durante las últimas décadas como resultado del ya dicho excedente demográfico, del desplazamiento forzado por la violencia y de las bonanzas locales lícitas (petróleo, banano, esmeraldas, oro, caucho) o ilícitas (contrabando, coca, amapola, etc.). En este territorio se encuentran las zonas de colonización recientes, donde el conflicto armado ha encontrado nuevas y poderosas fuentes de alimentación.

 

El mismo autor subraya que, salvo excepciones menores o parciales, la colonización ha sido un proceso espontáneo y no dirigido por el Estado: “en esas zonas de frontera interna los derechos de propiedad están en curso de definición o tienden a ser precarios”. Por ser ellos la base del orden social, deciden a quien corresponde el producto del trabajo, del capital, de la naturaleza, del esfuerzo colectivo, del gasto público y de todos los bienes o servicios que existen en el momento. Esta precariedad o definición imprecisa es una fuente de incertidumbre, inestablilidad y conflictos, mientras estimula la exacerbación de la competencia individual en ausencia de los parámetros necesarios. Estas características del entorno generan cierta “cultura de frontera” que incluye esfuerzo, creatividad y movilidad social, pero adolece de certidumbre y seguridad. “El individuo sufre la vulnerabilidad, el engaño y la indefensión frente al  más rico, el más astuto, el más poderoso o el mejor armado”.

 

El problema central de estas tierras de colonización es la ausencia de Estado. No tanto porque falte presencia u obras públicas, maestros y policías, sino por dos circunstancias que se suman: el orden jurídico tiende a se difuso (no son claros los derechos y obligaciones surgidos de cada trato o contrato) y el Estado no garantiza el respecto imparcial y efectivo de esos tratos o contratos. Dicha ausencia de Estado no estaría reducida a las zonas de frontera: para varios analistas en Colombia predomina un modo de vida altamente incierto, donde cada cual debe “negociar el orden” para cada situación y sin duda en buena parte del territorio urbano –empezando  por los barrios marginados de las grandes ciudades- parecería imperar la ley de la selva (PNUD,2003).

 

Siguiendo el anterior orden de ideas, el mismo informe establece tres argumentos:

En la frontera existe un orden peculiar y distinto del orden del centro: debe ser así porque las realidades económicas y sociales que se trata de ordenar son peculiares de la frontera.

 

El conflicto armado se está extendiendo de la periferia campesina hacia el centro urbano –incluidos los barrios marginados-.

 

Se trata de una cuestión de grado: la frontera es una prolongación corrupta y entusiasta del resto de Colombia.

 

Por lo tanto, en las zonas de frontera existe un déficit de coerción o autoridad que asegure la interpretación imparcial y el cumplimiento efectivo de los contratos. En su lugar, existen ciertas prácticas diseñadas para asegurar claridad y el cumplimiento de los contratos en ausencia del Estado.  Como resultado, se produce un notable incremento de la conflictividad y la arbitrariedad y se hace justicia por mano propia o por mano contratada. Por esto, las zonas de colonización son vulnerables a las prácticas de justicia privada o privatización de la justicia y al surgimiento de ejércitos irregulares. Estos ejércitos funcionan como asociaciones privadas de protección. Protegiendo únicamente a quienes pagan por ello, porque carecen del poder monopólico para castigar a quien haga uso de la fuerza sin autorización expresa.

 

En síntesis, según el profesor Fernán González, dos fenómenos históricos fundamentales nos llevan a entender el conflicto colombiano. El primero es la colonización campesina de las áreas periféricas, la cual a través de la historia ha servido como ruta de escape a las tensiones creadas por la enorme concentración de la propiedad rural de la tierra. “En contraste con otros países latinoamericanos, en Colombia no ha sido implementada una reforma agraria que permitiera la redistribución  de la propiedad de la tierra. Por el contrario, ha ocurrido una constante expulsión de campesinos pobres a través de las áreas de frontera no reclamadas, donde la presencia de las instituciones reguladoras del Estado y la interacción con el resto de la sociedad ha sido mínima”. Segundo, en términos políticos esta dinámica se ha reflejado en un proceso gradual de construcción del Estado, en el cual el escenario de incorporación  de territorios y poblaciones ha resultado en una presencia desnivelada de mismo en las regiones.

 

Ambos procesos tienen sus “raíces torcidas”[i] en la historia del establecimiento de la nación desde la época colonial hasta el presente. Desde principios del siglo XVI, los territorios más desolados e inaccesibles fueron establecidos  al margen de ciertos grupos –blancos  pobres, mestizos, afro-colombianos y mulatos-. En estas áreas de colonización periférica, el ordenamiento de las relaciones sociales quedó a cargo de los individuos o grupos sociales y el Estado carecía en distintos niveles del monopolio de la justicia y el uso legítimo de la fuerza. Aún en territorios mejor integrados, la presencia de las instituciones estatales ha sido desnivelada o parte de una  estructura dual de poder –donde  el control era compartido con las élites locales-. Por tanto, la combinación de este proceso de colonización con gran dependencia de poderes locales ha hecho la integración de territorios recientemente establecidos al resto de la nación   altamente conflictiva (González; 2005).

 

II.I.I Confrontaciones

Desde el gobierno español hasta la consolidación de la nación actual, muchos de los problemas rurales y político-estructurales heredados de la Colonia Española se profundizaron. La historia del Siglo XIX es la historia de un régimen republicano oligárquico, con un fuerte regionalismo, una presencia militar marginal, un Estado pobre y débil y violencia. Jonathan Hartlyn sostiene que estos factores posibilitaron la gradual consolidación de dos partidos políticos en el país, por el contrario de lo que ocurrió con sus países andinos vecinos, donde sólidas estructuras estatales y militares condujeron a regímenes caudillistas duraderos y  a la ausencia de partidos oligárquicos  fuertes (Hartlyn, 1994). Los partidos Conservador y Liberal fueron el principal instrumento de integración nacional, dominando la vida política hasta mediados del siglo XX  Ambos partidos tradicionales tuvieron frecuentes confrontaciones relacionadas con la extensión y el paso de la modernización económica y social y el rol de la Iglesia Católica.

 

Fernán Gónzalez señala que estos mismos partidos frecuentemente sirvieron de canales para la expresión de conflictos de una naturaleza más social, como las luchas por tierra, rivalidades entre regiones y centros poblacionales, conflictos raciales y confrontaciones entre familias o grupos de familias. Estos conflictos prologaron la estructura dual de poder: junto a las instituciones políticas formales modernas y democráticas, los partidos tradicionales funcionaron como dos opuestas pero complementarias federaciones de redes clientelistas de poder local y regional, sirviendo como puentes entre las autoridades centrales del Estado y las realidades locales y regionales. En las áreas de colonización periférica, la presencia del Estado se hacía posible a través de la concentración de la propiedad de la tierra. Esto creó un grado de jerarquía social en retorno del cual se fue conformando la base de los poderes locales y regionales, los cuales podían ser integrados a la red nacional formada por los dos partidos tradicionales e instituciones del Estado. Por estas razones, el diferente grado de consolidación  de las instituciones del Estado  desembocó en diversas expresiones de violencia en diferentes contextos locales. En las regiones más integradas, existía violencia que confrontaba directamente al gobierno del Estado, la cual era muy distinta a la violencia en las áreas donde los mecanismos sociales de regulación no habían sido consolidados o   donde estaban en crisis: aquí no existía un claro actor dominante sino una lucha por el control territorial (González, 2005).

 

II.I.II “La Violencia” y el Frente Nacional

En 1930 tuvo lugar un traspaso de poder pacífico de un presidente conservador a otro liberal, en un periodo en que los gobiernos de otros países latinoamericanos estaban siendo derrocados por golpes militares bajo el efecto de la Gran Depresión. Una “República Liberal”, políticamente exclusivista, dio paso a  ciertas reformas políticas y sociales: intervencionismo, Estado laico, sindicatos, ley de tierras, entre otras,  que intentaron modernizar el país e incorporar sectores de clase media, obreros y campesinos hasta entonces excluidos. Pero el cambio fue objeto de dura resistencia y de una pausa a partir del gobierno del presidente Santos (1938-1942). En esta época,  el partido liberal se divide en un ala moderada apoyada por Santos y un ala populista liderada por Jorge Eliécer Gaitán. Esta situación desemboca en la renuncia del presidente  López (1944) y la elección del conservador Ospina en 1946, en una sociedad más movilizada y polarizada. Ello sentó las bases para una renovada ola de intensa violencia que provoca el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948), produciendo un estallido en Bogotá y otras ciudades: el “Bogotazo”, que no derroca al gobierno pero desencadena la violencia campesina en dos márgenes territoriales cercanos:

a.    En los llanos orientales, donde la guerrilla es más disciplinadamente liberal

 

b.    En las zonas de minifundio andino y en particular cafetero (Tolima grande, viejo Caldas).

 

Consecuentemente, la crisis democrática de 1949 agrava la polarización bajo el gobierno de Gómez, quien es elegido con la abstención del liberalismo (1950). Su mandato se caracteriza por ser una cuasi dictadura conservadora, llevándose  a cabo en el transcurso de una guerra civil latente entre los partidarios de las distintas fuerzas políticas. Esta situación desemboca en un golpe militar con una parcial atenuación y transformación de las bases del conflicto hacia el bandolerismo y la violencia revolucionaria.

 

Históricamente, el fin de la violencia interpartidista se produce en tres fases. Primero la amnistía del general Gustavo Rojas Pinilla (1953) que desmovilizó la guerrilla del llano. Luego el Frente Nacional (pactado en 1957) que establece la paridad y la alternación de poder entre ambos partidos, con lo cual se desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras conocidas como “pájaros”. Después vienen unos años de transición hacia una violencia social y de descomposición hacia el bandolerismo, que se prolonga hasta mediados del gobierno de Valencia (1962-1966).[ii]

 

En síntesis, el Informe Nacional de Desarrollo Humano  describe “la Violencia” como una disputa burocrática y también ideológica por el control del Estado entre los dos partidos mayoritarios – cuyo clímax siguió al asesinato del líder de la oposición-, su escenario principal fue la capital de la República y su eventual solución sería un pacto entre los dos partidos. Pero esta violencia política se nutrió, se  superpuso y exacerbó la violencia social que bullía en el mundo campesino. Los conflictos agrarios alimentaron el estallido de 1948, los aparatos políticos luego se usaron para llevar la guerra a las áreas rurales, y la mezcla entre lealtad partidista y conflicto agrario recrudeció la violencia y al mismo tiempo la alejó de las ciudades. Así, mientras las luchas sociales tomaban el camino de la violencia, la política se estaba retirando del conflicto. El desorden urbano fue contenido pocos días después del “Bogotazo”, las primeras guerrillas rurales fueron más defensivas que ofensivas, y la dirigencia liberal rápidamente se distanció de sus bases de apoyo popular. Esta temprana bifurcación del conflicto –el “partidista” y el “social”-  explica por qué el Frente Nacional, que fue su solución política, no fue bastante para extinguir la lucha armada en el campo. Y es en la periferia campesina donde la lucha armada vuelve a emerger como el vehículo de la revolución socialista (PNUD,2003).

II.I.III La Crisis Política

El mismo informe describe como las dificultades enfrentadas por el sistema político se hicieron evidentes durante las décadas setenta y ochenta, mientras rápidos cambios volvían el marco institucional obsoleto.  Según éste, desde principios de 1970 hacia adelante, Colombia experimentó una rápida urbanización, la secularización de los estratos sociales medio y alto, una fuerte exposición al pensamiento internacional y el significativo crecimiento de la educación secundaria y universitaria. Al mismo tiempo, los mecanismos partidarios tradicionales de expresión de las tensiones sociales en las comunidades rurales se empiezan a debilitar, llevándose a cabo el divorcio entre los partidos tradicionales y uniones de comercio. Finalmente, esta situación fue exacerbada por las enormes limitaciones de la reforma agraria y la criminalización de la protesta social, ello ilustraba las dificultades enfrentadas por el régimen bipartidista en la introducción de reformas apropiadas. “La heterogeneidad del frente nacional había hecho parecer los esfuerzos de reforma demasiado tímidos como para asegurar a las clases media y trabajadora soporte y movilización, pero excesivos a los ojos de las élites regionales y locales”. En este contexto, los movimientos revolucionarios de guerrilla aparecieron en la década de los años sesenta debido tanto a la persistencia de problemas campesinos, como a la creciente radicalización de los estudiantes universitarios y las clases medias urbanas (PNUD, 2003).

 

Así, varios especialistas sostienen que la actual guerra comenzó en 1964 cuando el gobierno lanzó una campaña para acabar con el movimiento guerrillero de izquierda, el cual más tarde se formalizó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Para cuando se fundaron las FARC-EP, el conflicto armado se había convertido en una característica cotidiana de la vida colombiana. La renovación del conflicto en los años 70 abrió un período aún vigente, marcado por luchas en el campo, varios diálogos de paz, aparición y desaparición de grupos guerrilleros y la creación de grupos “paramilitares” pro gobierno. Consecuentemente, el crecimiento de la industria ilegal de la droga de los 80 proporcionó una nueva e importante fuente de ingresos para las partes en conflicto, permitiéndoles expandir la intensidad del combate y llevando el conflicto a una constante degradación (Watchlist on Children and Armed Conflict, 2004).

 

II. II  Los Actores Armados Irregulares

II.II.I Las FARC

La emergencia de la lucha armada en el campo se dio, sobre todo en el caso de las FARC, fruto del encuentro de la guerrilla campesina que no logro desmovilizar el Frente Nacional y el Partido Comunista (PC) que no encontraba espacio dentro del sistema político. Este proceso es descrito en cinco momentos:

a.    Luchas Agrarias. Los sindicatos y ligas campesinas que desde los años 20 venían actuando en regiones de Cundinamarca y Tolima se acercaron al PC (creado en agosto de 1930) y se radicalizaron en algunos sitios.

 

b.    Autodefensas. Al estallar la Violencia, aquellos movimientos campesinos crearon grupos armados que oscilaban entre liberalismo y comunismo, y entre la defensa territorial estricta y ciertas incursiones de guerrilla móvil. Viotá (Cundinamarca) fue el ejemplo de “ciudad roja” o comunidad agraria organizada bajo inspiración comunista y con defensa territorial armada. En cambio, la inestabilidad prevaleció en el sur del Tolima: de allí partió la “Columna de Marcha” (1950) que llegó al río Davis y creo el modelo de “colonización armada”. El ala liberal de esta guerrilla (“Los Limpios”) aceptó la amnistía de Rojas, pero el ala comunista (“los comunes”, bajo el mando de “Charro Negro” y “Manuel Marulanda”) persistió como autodefensa campesina.

 

c.    Guerrilla. En 1955 el ataque masivo del ejército en Villarrica (Tolima) causó el desplazamiento de colonos armados hacia Marquetalia, Riochiquito, el Pato, Guayabero, el Duda y el Ariari, donde crearon las llamadas “repúblicas independientes” bajo influencia del PC. Aunque su “comunismo” fue más una forma de organizar la vida diaria, esta palabra, en pleno auge de la Guerra Fría disparó las alarmas y escaló la respuesta militar. Durante varios años, sin embargo, el PC continuó viendo a las guerrillas como formas de resistencia campesina y no como un instrumento para la toma del poder.

 

 

d.    Radicalización de la Guerrilla. Mientras las FARC se iban gestando en la periferia, el PC iba siendo excluido del sistema político. Tras apoyar la revolución en Marcha y participar  en los movimientos campesino y sindical de las décadas de los años treinta y cuarenta, el partido fue reprimido bajo “La Violencia” e ilegalizado a partir de 1954. El Frente Nacional prohibió la participación electoral y el acceso a cargos públicos de terceros partidos, de suerte que muchos cuadros urbanos del PC ingresaron a las FARC. La nueva visión política cuajó en la VII Conferencia: cuando las FARC se declaran “Ejército Popular” al servicio de la revolución socialista: un proyecto que desde la periferia rural busca conquistar el centro del poder político.

 

II.II.II Otras Guerrillas

Aunque las guerrillas distintas de las FARC son de origen más urbano, sólo han logrado mantenerse o prosperar en zonas más rurales. Más aún, el origen urbano no significa su proveniencia del centro del sistema político sino, típicamente, de fracciones de izquierda sin mayor arraigo electoral o social. El grado y modos de apoyo al campesinado varían de una a otra  organización guerrillera y permiten obtener la siguiente relación abreviada:

a.    El Ejército de Liberación Nacional –ELN–. A diferencia de las FARC no nace como autodefensa campesina, sino como una guerrilla decididamente revolucionaria. En 1964, inspirados en Cuba y en las teorías del Che, un grupo de activistas procedente del PC, de la izquierda liberal, de la teología de la liberación y del sindicalismo crea un foco guerrillero en la zona rural de Santander.  Pese a purgas internas y ejecuciones sumarias, el foco logra asentarse, penetrar la lucha obrera –sobre todo en el petróleo- y tener un momento de brillo con el ingreso del padre Camilo Torres en 1965. Sin embargo, el movimiento no prosperó en las ciudades. Esta guerrilla siguió siendo campesina, en parte por su doctrina, en parte por caudillismo y rencillas internas y en parte porque el Estado desbarató sus redes y estuvieron sujetos a reveses militares –como el de Anorí, en 1973, cuando quedó prácticamente eliminada-. La tendencia se acentúa desde la segunda mitad de los años setenta, cuando la presión militar y las necesidades de financiación concentran al ELN en las zonas de bonanza –petróleo del Magdalena Medio, Norte de Santander, Arauca y Casanare; banano de Urabá; oro del oriente antioqueño y el sur de Bolívar-.

 

b.    El Ejército Popular de Liberación –EPL- . Fue importante en su tiempo, nació cuando el pleno del partido comunista marxista-leninista ordenó el traslado de los cuadros directivos al campo. Fue creado en 1967 y desmovilizado en 1991. El EPL de línea china logró penetrar el movimiento campesino y tuvo presencia significativa en regiones de Córdoba y Urabá.

 

c.    El Movimiento 19 de Abril –M19-. En su origen fue más urbano que el ELN. En 1970, tras la dudosa derrota del general Rojas Pinilla, cuadros de la izquierda tradicional se sumaron a activistas de la Anapo –el movimiento populista/nacionalista del general- para recuperar el poder por medio de las armas. Más que en acciones militares, el M-19 se especializó en golpes de opinión que le fueron generando una imagen de defensor de los más necesitados. Mientras las FARC o el ELN jamás han registrado 2 o 3 puntos porcentuales de favorabilidad en las encuestas, el M-19 llegó a tener un 15% en las encuestas. Pero la guerrilla urbana difícilmente podía prosperar en Colombia, dado el control policial sobre las ciudades. El M-19 opta entonces por la guerra rural e inicia operaciones en el sur. El proyecto no logra desarrollarse por los golpes del ejército, porque choca con el cartel de Medellín y porque los dirigentes perciben que tienen el apoyo de la opinión y por lo tanto una buena oportunidad política, siempre que renuncien a la violencia. En 1990 el M-19 se desmoviliza. En las elecciones siguientes, para Asamblea Constituyente, su lista obtuvo el primer lugar de los votos con el 27%. Para entonces el movimiento ya había desaparecido como guerrilla.

 

d.    Pequeños grupos foquistas o voluntaristas que aún operan en Colombia: el Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP-, El Ejército Revolucionario Guevarista –ERG- y el remanente del EPL.

 

 

II.II.III Los Paramilitares

Al respecto el Informe de Desarrollo Humano señala que los combatientes irregulares contra la guerrilla prefieren llamarse a sí mismos “autodefensas”, mientras en el lenguaje común es más frecuente llamarlos “paramilitares”. Estos dos términos difieren en que el primero apunta a un fenómeno espontáneo de autoprotección ciudadana ante la ausencia de Estado, mientras el segundo sugiere un cuerpo de combate paralelo a las Fuerzas Militares y en algún grado de connivencia con agentes del Estado. En la realidad colombiana se han dado mezclas de ambos fenómenos. Es por ello que ambos términos son utilizados indistintamente a menos que se den especificaciones precisas. (PNUD, 2003)

 

Los antecedentes del paramilitarismo se remontan al siglo XIX y en tiempos más recientes a la “ley del llano”, a los “chulavitas” y “pájaros”[iii] de mediados del siglo XX, o a las autodefensas que, en la estrategia contrainsurgente de la Guerra Fría, tuvieron existencia legal y debatida a partir de 1965. Sin embargo, a comienzos de los años ochenta surge un paramilitarismo diferente, pues no es autodefensa, ni tampoco estatal, sino extensión de ejércitos privados de industrias ilegales –narcotráfico y comercio de esmeraldas-. Tras comprar grandes extensiones de tierra, estos empresarios se empeñan en realizar lo que denominan “limpieza de guerrilleros” en el Magdalena Medio. Su ejemplo es seguido por los propietarios de Córdoba, Urabá y la Orinoquia. A partir de sus orígenes locales, varios de estos grupos confluyeron en las Autodefensas Unidas de Colombia –Las AUC-.  Se trata de un proyecto nacional construido de abajo hacia arriba y sujeto a intensas tensiones internas que aunque haya adoptado un discurso político de alcance nacional, es un conjunto de respuestas individuales y locales a la guerrilla en el escenario de operación de la misma –el mundo rural-. 

 

II. III Contexto Reciente y Agudización del Conflicto

“La prolongación, por años, del conflicto armado interno, la ausencia de una

solución política por parte de gobiernos sucesivos, la consolidación y profesionalización de los

               actores armados ilegales  (guerrilla y paramilitares)  y  su dependencia económica del

     narcotráfico, la pérdida de confianza en el Estado y el ejército oficial  para resolver el conflicto,

               han hecho olvidar las causas originales de la violencia en el país y  la han instituido como                       un estado continuado en la vida de todos.”

Michael Agier y Odile Hoffman

 

II.III.I Crisis Política y Penetración del Narcotráfico

Las décadas de los  años setenta y ochenta fueron testigos de una situación caracterizada por el creciente divorcio entre la sociedad colombiana y la política. Más aún, los intentos de racionalización de la burocracia estatal y el control del gasto público crearon sin intención fuertes tensiones entre los sectores tecnocráticos y clientelistas, desacreditando mayormente a la clase política tradicional por corrupta y culpable de los grandes males sociales. Estos eventos produjeron una grave crisis de representación política que afectó profundamente la legitimidad de las instituciones estatales y el significado de la mediación política en la sociedad. Fernán González subraya que el resultado de la crisis fue la reforma constitucional de 1991, vinculada a los procesos de paz con las distintas agrupaciones de guerrilla. La nueva Constitución reconoce el pluralismo étnico, religioso, cultural y regional del país, tratando de corregir los más obvios vicios de la vida política nacional.  No obstante, varias de las reformas han sido frustradas y limitadas por la subsiguiente legislación y la realidad de la cultura política.  Además, la crisis fue complicada más aún por las medidas descentralizadoras y la elección popular de alcaldes y gobernadores, dislocando los mecanismos políticos a través de los cuales los partidos tradicionales mediaban entre las localidades, las regiones y el Estado central, sin crear nuevos mecanismos de cohesión política (González, 2004).

 

Paralelamente, la necesidad de financiación y nuevos recursos impulsó las guerrillas hacia una expansión gradual desde las áreas periféricas hasta zonas más ricas y mejor integradas en la economía nacional y las estructuras políticas. Ello incrementó la utilización de la extorsión y el secuestro como medios frecuentes de obtención de recursos y cambió la percepción social sobre el conflicto armado.  Esta situación sirvió también para arraigar el desarrollo de las fuerzas paramilitares y cierto grado de simpatía pública por la utilización de soluciones autoritarias. Mas aún, las actividades de narcotráfico se incrementaron notablemente. En la década de los noventa se dio un significativo crecimiento en la producción de coca, vinculado al declive  del número de plantaciones en Perú y Bolivia. Estas cosechas ilícitas encontraron condiciones ideales en las áreas periféricas de colonización, donde existía un bajo nivel de presencia estatal y una base social en  forma de colonos –campesinos fundadores-.  Ello propició el desarrollo de poderosos carteles de droga, particularmente en las ciudades de Medellín y Cali, los cuales iniciaron una guerra contra el Estado durante las décadas de los años ochenta y noventa. Fueron eventualmente derrotados a mediados de los años noventa por el gobierno colombiano con el apoyo de los Estados Unidos de América.  Sin embargo, se dividieron en grupos pequeños. Ante esta situación, los Estados Unidos incrementaron desde 1999, durante la administración Clinton, su política de apoyo a la erradicación del narcotráfico en Colombia  con la implementación del Plan Colombia.

 

Según González, los narcotraficantes, quienes gradualmente se transforman en propietarios de tierra, han contribuido a la creación de grupos paramilitares. En 1982,  en Puerto Boyacá, terratenientes, policías, personal militar, hacendados, empresarios y una enorme petrolera formaron el grupo Muerte a los Secuestradores –MAS-, en respuesta a las estrategias de secuestro empleadas por la guerrilla. El fenómeno empezó a extenderse a través de toda la nación colombiana, particularmente después del años 1984 cuando aparecieron otros grupos como la agrupación Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU-  fundada por Carlos y Fidel Castaño, miembros fundadores del MAS.  En 1997, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, el grupo Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-  fue creado para servir de “grupo sombrilla” a todos los paramilitares en el país (González, 2004).

 

La expansión de los cultivos ilícitos ha transformado, con el transcurso del tiempo, la relación entre la guerrilla y el narcotráfico.  Por ello, algunos autores argumentan que la violencia a partir de los años 80 representa una ruptura fundamental con la violencia previa. En principio, las FARC regulaban las relaciones entre los campesinos que cultivaban la coca y los narcotraficantes. Gradualmente resultaron más envueltos en  la recolección de “impuestos” sobre los cultivos, hasta finalmente controlar la producción y el tráfico de droga.  Como resultado de esta situación y del aumento de los cultivos ilícitos, se incrementó notablemente la autonomía de esta agrupación insurgente,  dejando de depender para su integración de las comunidades rurales.  Por tanto, fueron dando un mayor énfasis a la dimensión militar del conflicto e incrementaron su capacidad ofensiva y de reclutamiento.

Paralelamente, la penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana ha contribuido a la expansión de la corrupción y el proceso de deslegitimación de la élite política, alcanzando su cumbre en 1994 –cuando el Presidente Ernesto Samper fue acusado de recibir dinero del Cartel de Cali para financiar su campaña electoral-. La infiltración del comercio de drogas ha profundizado la fragmentación y privatización del poder estatal y la crisis de legitimidad del régimen político, conduciendo al desvanecimiento de los umbrales que separan la violencia política de actividades criminales como la extorsión y el soborno. Fernán González argumenta que es en este contexto donde el conflicto deja de obeceder exclusivamente a  una racionalidad política y en cambio combina objetivos militares y políticos con fines económicos y sociales; iniciativas individuales con acciones colectivas; y luchas en el ámbito nacional con conflictos de carácter regional y local. Es así como la sociedad colombiana se ha permeado con esta violencia, trasformándose ésta en el mecanismo de resolución de conflictos privados y colectivos en ausencia del Estado (González, 2005).

 

II.III.II Dinámicas Territoriales y Modelos de Desarrollo de los Actores Armados

El desarrollo histórico de las dinámicas de conflicto demuestra lógicas diferentes de expansión de los actores armados. González argumenta que las diferencias en la expansión de las guerrillas y los grupos paramilitares tienen su origen  en el problema agrario, el proceso gradual de construcción del Estado y la percepción de los campesinos de su integración inestable a la vida nacional, siendo las lógicas de expansión de la manera que se perfilan a continuación.

 

Siguiendo esta línea de argumentación, las guerrillas se desarrollan en áreas periféricas de colonización campesina, expandiéndose en la dirección de:

1.    áreas de riqueza, mayor integradas económicamente a los mercados nacionales e internacionales, que coexisten con bolsas marginales de colonos, y las cuales son reguladas por poderes semi-autónomos locales y regionales;

 

2.    áreas que siguen un proceso rápido de expansión económica, con poca presencia estatal, coexistiendo con grupos de colonos que no tienen acceso al nuevo bienestar o a la mediación en los conflictos sociales de un Estado suplantado por las jerarquías sociales;

 

3.    áreas campesinas anteriormente prósperas e integradas con cierto grado de presencia institucional y de regulación social establecido por los poderes locales, pero donde gradualmente declina la economía, se produce un quiebre social de la cohesión y  de la regulación, disminuyendo la presencia institucional del Estado. Un ejemplo de este tipo de áreas es la región cafetalera, seriamente afectada por los precios internacionales del café.

 

En contraste, los paramilitares aparecen en áreas relativamente prósperas e integradas a la economía nacional y global, donde existen poderes locales y regionales semi-autónomos y parcialmente consolidados. En estos lugares, las élites locales se sienten amenazadas por la expansión de la guerrilla y abandonadas por las instituciones centrales: perciben la modernización del Estado y sus políticas reformistas como factores que minan las bases tradicionales de poder e interpretan las negociaciones de paz como traición. 

 

Así, estas lógicas contrapuestas de expansión territorial ilustran la confrontación entre dos modelos contradictorios de desarrollo económico rural, de igual forma que los diferentes niveles de integración regional en la política nacional. En las áreas de frontera abierta en el sur y  el oriente del país, el traslape de regiones controladas por las FARC y áreas de producción del cultivo ilícito de coca llevan a los campesinos a una alianza funcional con estos actores. Por tanto, los paramilitares consideran el sur del país como el paso central en la batalla contra la insurgencia. En áreas de frontera interna, en el norte y el centro del país, el modelo de desarrollo basado en haciendas de larga escala y agricultura comercial compite con la economía agrícola labriega de los colonos (González, 2004)

 

II.III.III Geografía de la violencia

La violencia no cubre de manera homogénea ni con igual intensidad el territorio de Colombia. La confrontación armada es altamente diferenciada siguiendo la dinámica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social como  en su organización económica, su vinculación a la economía nacional y global, su relación en el Estado y el régimen político y, por consiguiente, con la presencia diferenciada y desigual de las instituciones del Estado.

 

Fernán González subraya que se pueden distinguir tres tipos de dinámicas:

1.    Dinámica Macrorregional

Existe una dinámica nacional que refleja el conflicto sobre los corredores geográficos que permiten, el acceso a los recursos económicos, armas o el movimiento de zonas de refugio a zonas de conflicto. De esta forma, el conflicto puede ser distinguido de acuerdo a ciertas áreas:

–          En el norte del país las AUC han logrado el control. Ello, a pesar de que las FARC intentan recuperar su influencia en el terreno que anteriormente fuera su principal  fortaleza. Por su parte, el ELN trata de defender su presencia en el sur de Bolívar.

 

–          En contraste, en el suroriente las FARC tradicionalmente han poseído una enorme capacidad militar, lo cual explica por qué esta área fue la elegida para la creación de una zona desmilitarizada –zona de despeje-, durante los diálogos de paz, en el gobierno de Pastrana.  No obstante, este dominio ha sido desafiado en época reciente: desde la década de los ochenta las fuerzas paramilitares han estado consolidando un bastión militar en este lugar y desde 1999 la Armada Colombiana ha recuperado un grado de su capacidad ofensiva en áreas estratégicas.

 

–          En el suroccidente, talvez por los cambios anteriormente descritos, un nuevo corredor geográfico está siendo consolidado, el cual corresponde a un eje que empieza desde la zona de despeje y busca la salida al Pacífico, aprovechando la colonización campesina de la región.

 

 

 

2.    Dinámica Mesorregional

Esta dinámica regional corresponde a la confrontación entre las guerrillas y los paramilitares por el control de recursos estratégicos como el petróleo, el banano y la coca. Es una lucha por el control entre las áreas más ricas e integradas y las zonas marginales de colonización campesina. La poca presencia directa del Estado central deja bastante autonomía a los poderes locales o regionales de corte tradicional en estas zonas, consolidados o en proceso de consolidarse como una forma de dominio indirecto del Estado. Este poder político y económico de las zonas en expansión se siente amenazado por el avance militar de la guerrilla que encuentra bases de apoyo en el mundo campesino periférico y recurre a la extorsión sobre particulares y administraciones locales tuteladas por ella. Pero también se siente amenazado por las políticas modernizantes o reformistas del Estado central, que significan el intento de expandir el dominio estatal directo, socavando las raíces tradicionales de su poder.

 

3.    Dinámica Microrregional

Refleja la lucha dentro de las subregiones, localidades y sublocalidades –veredas campesinas-. Generalmente se producen pugnas entre la cabecera urbana –más fácilmente controlable por los paramilitares o el ejército- y la periferia rural de las veredas campesinas, donde la guerrilla puede actuar con mayor libertad. También se desarrollan enfrentamientos entre veredas campesinas, donde la guerrilla puede actuar con mayor libertad. También se desarrollan enfrentamientos entre veredas de distinto signo ideológico, diferente origen poblacional, diversa dinámica económica, intereses económicos contrapuestos (González, 2003).

 

El resultado de esta triple dinámica del conflicto y su difusión a través de la sociedad colombiana es la degradación del conflicto y una profunda crisis humanitaria, la cual se refleja en numerosas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Más aún, la capacidad de los diferentes actores armados para operar en territorio enemigo y la inestabilidad de control territorial producen total incertidumbre entre la población civil. En estas áreas las funciones estatales son las  acciones de otro actor más, interactuando de difusa manera con los otros poderes en desarrollo. La población es abandonada sin referencias a un sistema institucional organizado y está constantemente expuesta a las represalias de un grupo armado o de otro, ninguno de los cuales puede garantizarle control permanente y protección duradera. Por el contrario, estos grupos utilizan el recurso del terror para asegurarse y granjearse la lealtad de la población civil, negando al adversario el apoyo. Esta situación es exacerbada en un conflicto descrito como “Guerra a través de Terceros” –“War through third parties”-, donde los oponentes no se enfrentan directamente, pero en cambio, lanzan sus ofensivas contra la real o supuesta base social del enemigo. Por esta razón el conflicto colombiano ha sido caracterizado como una guerra contra la población civil “Guerra Sucia”.

 

II.III.IV El Impacto del Conflicto en la Población Civil

Durante los últimos quince años, los excesos cometidos por los actores en el conflicto armado interno –particularmente de las FARC-EP y las AUC- se han traducido en graves violaciones a los derechos humanos y/o el derecho internacional humanitario en contra de la población civil. En concreto, se ha empleado la comisión de masacres como estrategia contra miembros de sectores vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas desplazadas internamente; y desapariciones forzadas como estrategia contra los defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, líderes sindicales y sociales, periodistas y candidatos a cargos de elección popular quienes son repetidamente declarados como objetivos militares, principalmente por la AUC.

 

Según el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Proceso de Desmovilización de Colombia, el despliegue de violencia que se ha concentrado en ciertas áreas del país parece responder a objetivos estratégicos de dominación militar y económica; siendo los departamentos más afectados los de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Meta, Arauca, Caquetá, Cundinamarca y Chocó, aunque en todos se han registrado hechos de violencia y desplazamiento. La presencia de los actores armados en los corregimientos y municipios se ha traducido en constantes actos  de violencia o castigo contra miembros de la comunidad, percibidos como simpatizantes de grupos adversarios simplemente por el hecho de no demostrarles o haberles demostrado resistencia en el pasado, así como la imposición de formas de comportamiento en el ámbito comunitario y actos de limpieza social (CIDH, 2004).

 

Mapa No.1. Poblaciones y Comunidades en Riesgo por Despliegue de Violencia

 

 

Fuente: Sala de Situación Humanitaria, OCHA, Organización de las Naciones Unidas, Colombia: http://www.colombiassh.org/paginas/home.php

 

El mismo informe sobre desmovilización de la CIDH señala que se han identificado al menos tres etapas en la dinámica del conflicto durante los últimos quince años:

a.    Una primera etapa entre 1988 y 1991 durante la cual las partes enfrentaron las consecuencias del fracaso de una serie de iniciativas de paz, y que culminó con el violento rechazo de la Constitución de 1991 por las FARC.

 

 

 

b.    Un segundo período entre 1992 y 1996 sucedió a la primera etapa, durante el cual la intensidad del conflicto decreció y se mantuvo estable.

 

c.    Finalmente, una tercera etapa entre los años 1997 y 2002 trajo un aumento en la intensidad del conflicto, especialmente los años 2000 y 2001, con picos de violencia paramilitar contra la población civil; incluyendo a miembros del Ejército, la Policía, las FARC y las AUC muertos en combate y a civiles que no constituían blancos militares legítimos y se encontraban en estado de indefensión (CIDH, 2004).

 

En relación con los hechos suscitados en la última etapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en forma reiterada su preocupación. En los casos en los cuales resulta posible para los órganos del sistema interamericano ejercer su jurisdicción –por ejemplo aquellos en los cuales se alega la responsabilidad de agentes del Estado por acción u omisión en el fallecimiento fuera de combate de personas que no pueden ser consideradas como blanco militar legítimo- la CIDH ha tramitado peticiones sobre la alegada violación a los derechos humanos protegidos en la Convención Americana. Un importante número de reclamos ha sido resuelto por la Comisión y en algunos casos, han sido referidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Fuentes oficiales señalan que a partir del año 2003 se produjo una disminución en el número de homicidios y masacres perpetrados tanto por los grupos armados disidentes –FARC-EP, ELN, EPL- como por las AUC. El Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2002 y Avances del Período Presidencial subraya una reducción del 29% de homicidios perpetrados por grupos armados disidentes y del 67.3% de homicidios perpetrados por las AUC en el período agosto 2002- junio 2003, en relación con el período agosto 2001- junio 2002.  Además, se resalta la disminución de un 84% en el número de masacres ejecutadas por las AUC en el mismo período y la tendencia en el 2004 a la disminución del 53% del número de víctimas de masacres, con relación al pico histórico registrado a principios del año 2002 (Ministerio de Defensa, 2003). Sin embargo, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que esta disminución es atribuida a un cambio de estrategia orientado a la comisión de homicidios selectivos –menos impactantes y de menor costo político-, sumado al cumplimiento parcial del cese unilateral de hostilidades producto del acercamiento entre el Gobierno y las AUC con el fin de lograr acuerdos de desmovilización (CIDH, 2003).

 

Información de otras fuentes, contenida en el ya mencionado Informe sobre el proceso de Desmovilización en Colombia, señala que los niveles de violencia sociopolítica se han mantenido altos entre los años 2002 y 2004, con más de seis mil personas muertas por fuera del combate.  Así, las estadísticas elaboradas por el  Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP- y Justicia y Paz registran 4457 muertes de enero a diciembre del 2003, atribuibles a ejecuciones extrajudiciales  por abuso de autoridad –199-, por persecución política u homicidio intencional –1150-, homicidios por infracción del derecho internacional humanitario –422-, muerte en combate –1849- y asesinatos políticos por autor indeterminado –837-. De igual manera, atribuyen un total de 294 infracciones graves al derecho internacional humanitario a las FARC-EP y el ELN, incluyendo solo homicidios (CIDH, 2004).

 

Las violaciones a los derechos humanos y/o el Derecho Internacional Humanitario perpetradas contra la población civil, principalmente en las zonas rurales, buscan provocar terror, desplazamiento y apropiaciones indebidas de bienes y tierras. Ello continúa empeorando la grave crisis humanitaria que afecta a más de dos millones de colombianos.

 

* Angélica Aguilar es M.A. en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile; y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Francisco Marroquín.

 

Sigue en el número de Primavera de 2008.