¿Qué sucedió realmente en Bolivia?

Por NICOLAS RUSSO

 

Palabras clave: BOLIVIA – EVO MORALES – LATINOAMÉRICA – REBELIÓN – AUTOGOLPE – CONTRAGOLPE

 

Índice

Introducción  ………………………………………………………………………………………………………………….1

Los mandatos de Evo Morales2

Las últimas elecciones y la crisis política4

El autogolpe y el contragolpe  ……………………………………………………………………………….………6

Conclusión .…………………………………………………………………………………………………………………. 10

Bibliografía ………………………………………………………………………………………………………….……… 11

 

Introducción

En los últimos días, lo sucedido en la política boliviana ha estado en boca de todos los medios de comunicación de la región. En medio de unas fraudulentas elecciones, un levantamiento popular masivo, la desobediencia de la policía y las fuerzas armadas y la posterior renuncia de Evo Morales luego de una cuestionada sugerencia del ejército, las calles bolivianas se sumieron en el caos y su política se convirtió en una incógnita.

La crisis boliviana ha actuado como una bomba explosiva dentro de la inestabilidad política de América Latina, signada por las revueltas en Chile y previamente en Ecuador. Numerosos mandatarios y líderes políticos de la región han aprovechado la situación para justificar o exponer sus posturas frente al que debería ser (según ellos) el futuro de la política latinoamericana. En este sentido, no han faltado las declaraciones de la dictadura venezolana y la cubana, los presidentes del continente y, obviamente, el oficialismo y la oposición política boliviana, entre otros actores.

En este contexto, no es de extrañar que la discusión sobre el tema y las posturas frente a tal situación se conviertan en una “lucha retórica” más que en un altercado ideológico basado en hechos y fundamentos objetivos. Esto no es nuevo, pues la política siempre ha tergiversado los hechos (internos o externos) para adaptarlos efectivamente a su discurso y así intentar justificar su accionar, sea de la ideología que sea.

Es preciso, entonces, intentar despegarnos un poco de la exasperación que predomina en estos días y analizar los sucesos ocurridos en Bolivia en la última semana con suma cautela. No dudo en que esto beneficiará en encontrar las respuestas -o, al menos, un acercamiento más objetivo a ellas- a las preguntas que más resuenan respecto de esta situación: ¿Ha ocurrido en Bolivia un golpe de Estado que ha concluido en la huida de Evo Morales?, ¿Es Evo Morales un dictador?, ¿Cómo se debe actuar ante un “presidente” que acaba de falsear las elecciones?, ¿Deben las FFAA obedecerle sin importar su violación a la constitución?, entre otras cuestiones.

Los mandatos de Evo Morales

Empecemos por recapitular por qué razón el mandato de Evo Morales es tan cuestionado internacionalmente.

El líder boliviano llego al poder presidencial por primera vez en enero del 2006, luego de ganar las elecciones presidenciales del año anterior. En su primer mandato, sin dudas su emprendimiento más polémico fue el de la creación de una Asamblea Constituyente para modificar la constitución boliviana. Desde un principio, este suceso estuvo plagado de controversias que tuvieron como consecuencia que los últimos ajustes de la nueva constitución sean redactados casi en la clandestinidad, por un comité en un cuartel y luego en una oficina del edificio de la Lotería Nacional, y con una oposición que no había participado en tal actividad y que además desconocía la legalidad de dicha Asamblea.

Finalmente, el Congreso de Bolivia aprobó en 2008 las modificaciones realizadas. Luego de esto, solo quedaba un último paso para ratificar la nueva constitución: la aprobación de la ciudadanía. Este proceso se realizó mediante un referéndum en el año 2009 que contó con un 90,26 % de participación, en el que se aprobó el nuevo documento con el 61,43 % de los votos a favor.

Dentro de los puntos clave de la nueva Carta Magna, se encontraba el que indicaba que un presidente electo solo podía ser reelecto una sola vez de manera continua (art. 168). De esta manera, y como señala un artículo de BBC News Mundo escrito por Boris Miranda, “Eso significaba que el presidente de Bolivia podía postular[se] en las elecciones de 2009 y, en caso de vencer, gobernar hasta 2014 y nada más”[1].

El apoyo al candidato se mantuvo en las elecciones del 2009, y, efectivamente, fue reelegido con el 64,22 % de los votos. El problema mayor surgió cuando “las autoridades bolivianas comenzaron a señalar que el primer gobierno de Evo no contaba porque se dio bajo otro régimen constitucional” (Miranda, 2019). Este argumento deficiente pierde aún más fuerza cuando se observa que, además, la nueva constitución boliviana especificaba en sus consideraciones finales que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”, es decir, que el mandato de Evo de 2006-2009 efectivamente contaba como su primer mandato[2] (esta condición fue hasta defendida por el oficialismo en un principio, como señala el artículo antes citado). De esta manera, y bajo un artilugio sucio que no puede ser considerado como democrático, el partido en el poder se excusaba para que Evo pueda postularse, en 2014, a una segunda reelección. El accionar del gobierno en este contexto fue respaldado por el poco imparcial Tribunal Constitucional, que declaró que la “nueva Constitución política del Estado (…) contempla un nuevo orden”.

Así, y con el apoyo de la justicia, Evo Morales se presentó en 2014 a una nueva elección, que ganó con el 63,36% de los votos, consagrando su tercer mandato consecutivo. Sin duda alguna, este mandato, que perduró hasta noviembre de 2019, puede ser de todo menos legítimo. La constitución planteaba que los presidentes solo podían tener dos mandatos consecutivos, pero, con el apoyo de la justicia y con una perpetuación en el poder cada vez más preocupante, Evo Morales pasó por arriba de ella con un artificio legal y consiguió su objetivo.

Ya entrado el tercer mandato, en 2016, el gobierno llamó a un referéndum para consultarle a la ciudadanía boliviana si aprobaba una nueva postulación del mandatario actual en las elecciones del año 2019. Evo Morales no se había conformado con una segunda reelección, sino que iba tras una tercera.

El referéndum tuvo como resultado la negativa a la nueva postulación de Evo con un 51% de los votos en esa dirección: el pueblo le había negado un nuevo atropello a la institucionalidad de Bolivia, y el líder perdía sus primeras elecciones (contando referéndums como este) en una década.

A pesar de haber proclamado que respetaría el resultado del referéndum, Evo desconoció aquellos resultados. En medio de una victimización por la existencia de noticias falsas y una “campaña sucia”, “el oficialismo optó por acudir de nuevo al Tribunal Constitucional e interponer un recurso con el argumento de que poner un candado a una nueva reelección de Morales atenta contra sus derechos políticos. Los magistrados aceptaron el argumento y fallaron a favor de Evo Morales en 2017” (Miranda, 2019).

Esta constituía ya la segunda vez que la justicia fallaba en favor de la perpetuación en el poder de Evo, desconociendo descaradamente los resultados de un plebiscito y contribuyendo al deterioro creciente de la democracia boliviana.

Además de todo lo mencionado, se ha corroborado, mediante una investigación del periodista David Beriain, que el gobierno de Morales tenía un papel esencial en el tráfico americano de cocaína, poseyendo estrechas relaciones con el Cartel de Sinaloa, la organización criminal mexicana conducida durante mucho tiempo por “El Chapo” Guzmán[3].

Esta investigación, retomada por el escritor y analista político Jaime Bayly[4], evidencia la implicancia de Evo Morales en la espesa red de narcotráfico latinoamericano. Según estos análisis, el principal puerto de salida de la cocaína producida en Bolivia se encontraba en la provincia de El Chapare, “cuna política” de Morales. Este territorio funcionaba como centro de procesado y producción de la droga, que luego sería exportada a otros países mediante los negocios con el Cartel de Sinaloa.

En el artículo El Chapare, una zona que sigue leal a Evo, donde conviven los cocaleros y el narcotráfico, escrito por Germán de los Santos[5], el autor indica:

“Bolivia produjo en 2018 55.000 toneladas de coca, pero la que se utiliza para el consumo interno no supera las 28.000 toneladas. ¿Qué ocurre con el excedente? Se transforma en cocaína. Bolivia es el tercer productor mundial de ese estupefaciente, después de Colombia y Perú.” (de los Santos, 2019)

Además, la nota recalca que, en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, donde se encuentra El Chapare, “se producen unas 40.000 toneladas de hoja de coca por año, en su mayoría de manera ilegal”.

De esta manera, en un territorio que Bayly define como la “República Independiente del Emperador Evo Morales”, se encuentra, literalmente, un centro de producción de cocaína que recibe incontables sumas de dinero por año y representa uno de los puntos clave de la red de narcotráfico latinoamericano, básicamente respaldado legalmente por Morales.

No es de extrañar que, actualmente, luego de su renuncia, El Chapare haya sido el lugar donde fue a refugiarse y una de las zonas donde el apoyo al ex-mandatario se mantiene intacto. Además de ver nacer a la figura política de Evo, la región se benefició con sus medidas inclinadas y dirigidas directamente a uno de los negocios delincuentes más acaudalados del mundo: el tráfico de estupefacientes.

 

Todos estos sucesos que caracterizan el camino de Evo Morales en la presidencia boliviana son de crucial importancia para entender la situación actual. Bajo ningún punto de vista Evo puede considerarse como un mandatario democrático, más bien sus aspiraciones al poder eterno contemplaron el atropello de la institucionalidad boliviana una y otra vez, siendo el último zarpazo el fraude electoral perpetrado en la última elección.

Desconocer el pasado de Evo y su paulatina conversión hacia uno de los líderes más autoritarios y corruptos de la región para analizar la crisis actual dudosamente pueda ser una buena estrategia a seguir para entender lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Sin entender y tener en cuenta el contexto y la historia completa, difícilmente se pueda hacer un estudio cabal e íntegro de la delicada situación.

 

Las últimas elecciones y la crisis política

Volviendo a las elecciones de la semana anterior, recapitulemos brevemente los sucesos ocurridos en los últimos días antes de emitir juicio sobre ellos.

Como ya hemos señalado, sobran fundamentos para calificar al tercer mandato de Evo como ilegítimo y a su nueva postulación para la re-re-reelección en 2019 como inconstitucional. Sin embargo, las pisoteadas sobre la democracia boliviana no acabaron aquí.

El 20 de octubre de este año, día de las elecciones presidenciales, el conteo preliminar de los comicios fue suspendido sorpresivamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 83% de los votos escrutados y unos resultados que sugerían de manera clara la tendencia hacia la existencia de una segunda vuelta: Evo iba ganando, pero el conteo sugería que la diferencia con el principal candidato opositor, Carlos Mesa, sería insuficiente para proclamarse ganador en esas elecciones.

24 horas después, la Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP) se reactivó con un 95% de los votos escrutados, dando a Evo como potencial ganador en primera vuelta por un fino margen. Luego de este sospechoso suceso, y con razón, la negación de los últimos resultados se extendió cada vez más por la población y se materializó en masivas protestas en contra del gobierno y fuertes quejas de la oposición. Mientras tanto, un equipo de la Organización de Estados Americanos, que se encontraba en Bolivia auditando la elección, manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Por si fuera poco, el martes 22 el vicepresidente del TSE anunció su renuncia debido a “la desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del sistema de transmisión de resultados preliminares electorales-TREP”.

Tras la escalada de la violencia y las intensas protestas en distintos puntos del país, los reclamos por la existencia de fraude y el pedido por la renuncia de Evo de algunos sectores, el dictador proclamó que se trataba de un intento de golpe de Estado hacia su gobierno y llamó a sus seguidores a frenarlo y a movilizarse. Comenzó así una semana eterna con centenares de heridos y un caos social cada vez más alarmante. Al mismo tiempo, la oposición se fortaleció y apoyó las protestas contra el oficialismo.

El 8 de noviembre, Ethical Hacking, la empresa contratada por el TSE para auditar el cómputo informático del proceso electoral, afirmó que las elecciones estuvieron “viciadas de nulidad”. Álvaro Andrade, responsable de la empresa, señaló que “No se llevaron adelante los procedimientos adecuados” y que “se violaron elementos básicos”, refiriéndose a los últimos comicios. Este informe, sin dudas, acaloraba la situación y constituía el primer paso hacia el desenmascaramiento completo del fraude perpetrado por el gobierno.

El 10 de noviembre, la OEA presentó su informe de Análisis de Integridad Electoral, que comprobaba la existencia de prácticas inadecuadas en el cómputo preliminar y definitivo de los votos con respecto a los estándares de seguridad, el manejo y la integridad del software y un sinfín de irregularidades y vulnerabilidades debido a las cuales, según el informe, no era posible “garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”.

Además, se corroboró la existencia de firmas falsificadas y alteración de actas que, según el análisis pericial, sería todavía mayor si se contara con más tiempo para procesar mayor documentación. Por si esto fuera poco, también se comprobó que la cadena de custodia del material electoral sensible fue altamente deficiente. Además, las investigaciones también evidencian la falta de controles necesarios y previsiones adecuadas. El último de los cuatro elementos revisados por la Misión de la OEA (tecnología, integridad de las actas, cadena de custodia y proyecciones estadísticas) afirma que “resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo”, pero que “resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”.

La investigación, que explica una serie de contundentes hallazgos preliminares, concluye: “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”[6].

El mismo día en el que Evo anunciaría su renuncia, el informe de la OEA fue el segundo y último paso para constatar la manipulación de los resultados electorales -en otras palabras, el fraude electoral.

Entre el viernes 8 y el domingo 10, el gobierno perdió el control de casi todas las fuerzas policiales, que se amotinaban y unían al reclamo popular, haciendo caso omiso a las órdenes del ejecutivo de frenar el “intento de golpe”. Frente a esta particular situación, a la cual se le sumaban el aumento de la violencia en las calles y la sentencia final de la OEA, Evo Morales se vio acorralado y no tuvo más remedio que llamar a la realización de nuevas elecciones, sin reconocer (explícitamente) el chantaje descarado del pasado 20 de octubre.

Sin embargo, el mismo domingo, el líder sufrió el último revés: en un clima abarrotado de caos, violencia e incertidumbre, las Fuerzas Armadas dieron un polémico aviso mediante el cual adherían a las manifestaciones civiles y sugerían la renuncia a Evo Morales.

Unas horas después, el mandatario dio un discurso mediante el cual anunciaba su renuncia, manifestando que su gobierno había recibido un “golpe político, cívico y policial”. Otros funcionarios de su partido, el MAS (Movimiento Al Socialismo), ya habían dejado su cargo, consagrándose así un vacío de poder que esperaba a ser llenado para restaurar el orden democrático en Bolivia.

 

El autogolpe y el contragolpe

Habiendo explicado las cuestiones esenciales, podremos ahora analizar íntegramente los aspectos de esta historia que son a primera vista más difusos: el juicio sobre el accionar de la policía y las FFAA y la calificación del sublevamiento de ambas instituciones y la presión de gran parte de la ciudadanía.

En primer lugar, es necesario indicar que el gobierno de Evo hablaba de un “intento de golpe” incluso antes del amotinamiento de la policía y las FFAA. En un acto de descaro colosal, el mismo gobernante que había falseado la constitución no una, sino tres veces (el “mandato que no cuenta”; la violación de los resultados del referéndum de 2016; y el intento de fraude electoral) calificaba a la gente que se manifestaba en contra de sus atropellos como “golpistas”. Por si esto fuera poco, también culpaba de aquello a “la derecha neoliberal”, que, como varias experiencias latinoamericanas han mostrado, se ha convertido en el fantasma al cual culpar por cualquier desorden social que ocurra.

Habiendo aclarado esto, descartaremos esta postura por su falta de fundamentos y su clara irracionalidad. Nos enfocaremos, de ahora en más, en quienes defienden la existencia de un “golpe consumado” a partir de lo sucedido el domingo 10 de noviembre en relación a, principalmente, el accionar de las FFAA y la renuncia de Evo.

El argumento más común entre los voceros de este último razonamiento se encuentra en la desobediencia directa de la policía y las FFAA al ejecutivo y la “sugerencia” del ejército a Evo. Los defensores de esta postura interpretan la sugerencia de renuncia como una exigencia (o amenaza) y como una intromisión del organismo dentro de la política nacional.

El primordial problema con este argumento es que no tiene en cuenta la totalidad de la situación. Para juzgar correctamente tanto el accionar de las fuerzas policiales y el ejército como el reclamo popular (que había pasado de transformarse en un pedido por unas nuevas elecciones o una segunda vuelta a un pedido por la renuncia del líder del régimen), tenemos que tener en cuenta, también, el accionar de Morales como mandatario principal de Bolivia.

Antes de ello, empero, explicaremos algunos conceptos clave para el posterior desarrollo del estudio.

El artículo Coups Ain’t What They Used to Be (Los golpes de Estado ya no son lo que eran), publicado por la revista Foreign Policy y escrito por Joshua E. Keating en 2012, explica de manera breve cuales son los diferentes tipos de golpes de Estado y cual es la diferencia entre la naturaleza de tales sucesos hoy con respecto a décadas pasadas[7].

En su análisis, Keating señala que se produce un autogolpe cuando “un gobierno que llegó al poder por medios democráticos erosiona gradualmente las instituciones democráticas de un país para perpetuarse en el poder de forma permanente”. La definición de la Real Academia Española también concuerda con el autor, y señala que un autogolpe es la “violación de la legalidad vigente en un país por parte de quien está en el poder, para afianzarse en él”.

Volviendo hacia los puntos ya explicados en la primera mitad de este ensayo, podemos calificar como autogolpe a todos aquellos desmanes a la democracia y la constitución realizados por Evo Morales en estos últimos años para mantenerse eternamente en el poder, a saber:

–         La inmortalización en el poder con el uso de la parcialidad de la justicia y diferentes artificios para, primero, justificar su segunda reelección en 2014, y, segundo, violar un referéndum y presentarse como candidato buscando una tercera reelección en 2019;

–         Su intento de perpetuarse en el alto mando mediante el cometimiento de fraude electoral en los últimos comicios.

Retomando las incógnitas planteadas al inicio de este artículo, podemos ya responder la primera de ellas: ¿Es Evo Morales un dictador? Pues la respuesta es sí. Sus peores actos, resumidos en el párrafo anterior y explicados con profundidad en las primeras dos secciones de este artículo, nos impiden definirlo de una manera diferente.

En ese sentido, es imperioso introducir otro nuevo concepto para explicar la rebelión del pueblo boliviano -acompañado de la policía y las FFAA- de los últimos días: el contragolpe.

En su ensayo Acerca del contragolpe de Estado[8], el economista Alberto Benegas Lynch (h) define al contragolpe como la rebelión contra el totalitarismo y el abuso de poder. El derecho a la resistencia a la tiranía, señala Benegas Lynch (h), se encuentra ya explicitado en varios textos de referencia de la teoría liberal: los escritos de John Locke y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.

Según John Locke (1632-1704), destacado filósofo y médico inglés, y uno de los precursores del liberalismo clásico, “Aquél que ejerciendo autoridad sobrepasa el poder que le fue otorgado por la ley y utiliza la fuerza que posee a su mando para gravar sobre sus súbditos obligaciones que la ley no determina, por ello mismo deja de ser juez y se le puede oponer resistencia, igual que a cualquier persona que atropella el derecho de otra por la fuerza”.

En el mismo sentido, en la Declaración de Independencia de los EEUU se indica que “cuando cualquier forma de gobierno se torna destructivo para estos fines [los derechos inalienables de los gobernados[9]], es el derecho del pueblo de alterarlo o abolirlo y constituir un nuevo gobierno y establecer su fundación en base a aquellos principios”, como cita Benegas Lynch (h) en el trabajo antes señalado.

En suma, ambas frases consagran el derecho de la ciudadanía a la resistencia a la tiranía como algo legítimamente apelable cuando se es efectivamente gobernado de modo autocrático y los derechos individuales de cada ciudadano se ven atropellados por el poder de turno. Si bien el documento norteamericano no aplica al escenario histórico boliviano, si es de gran importancia para entender los fundamentos filosóficos de la legitimidad de la resistencia a la autoridad y la defensa ciudadana del imperio de la ley y la constitución, como así lo son los argumentos de Locke.

Relacionando estos conceptos con la rebelión social boliviana de los últimos días, es posible afirmar que se trata de un contragolpe legítimo, tanto así la desobediencia policial y militar en favor de los derechos de los ciudadanos que consagra la constitución[10]. El concepto de contragolpe implica que el golpe de Estado original es el perpetuado por los líderes autocráticos (en este caso, la dictadura de Evo Morales y compañía), y la resistencia ciudadana a las violaciones de sus propios derechos constituye la mera rebelión y defensa contra ese golpe original (llamado contragolpe).

De esta manera, podemos dar por resuelta la segunda de las incógnitas planteadas en la introducción: ¿Ha ocurrido en Bolivia un golpe de Estado que ha concluido en la huida de Evo Morales? La respuesta es no. Lo que ha ocurrido es un contragolpe, significando este la resistencia y rebelión contra el autogolpe perpetrado anteriormente por Evo.

Volviendo al análisis del concepto de contragolpe, nos encontramos con un concepto no menor, que es el posterior desenvolvimiento de los hechos. Como afirma Benegas Lynch (h), “De más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor) solo que con otros gobernantes”. En ese sentido, sobran ejemplos de rebeliones contra regímenes totalitarios que concluyeron en la instauración de regímenes totalitarios diferentes, como es el caso de la revolución cubana.

También, igualmente, existen ejemplos de contragolpes que culminaron con una restauración (o instauración en los Estados históricamente autocráticos) del orden democrático y los derechos de los individuos. Para ello, Benegas Lynch (h) afirma:

“(…) lo más importante es comprender que las revoluciones no producen milagros, en casos extremos permiten espacios de mayor respeto que resultan muy efímeros si no hay ideas suficientemente sólidas como para reemplazar lo que venía ocurriendo. Si no es así, en definitiva, se habrán consumido energías y recursos sin resultados que compensen los sacrificios, los desgastes y conflictos que así se convierten en infructuosos”. (Benegas Lynch (h), 2015)

El análisis es perfectamente aplicable al caso boliviano. Sin, de ahora en más, una restauración del orden institucional y los poderes republicanos, y una llamada a elecciones libres y transparentes realizadas con ayuda de la comunidad internacional, lo único que habrá dejado esta rebelión habrá sido violencia, caos y un pase libre para quienquiera que desee imponer un nuevo régimen totalitario que suceda al de Evo Morales.

Otro punto interesante del estudio anteriormente citado descansa en la previsión de la cualidad de inoportuno del contragolpe. En su ensayo, Benegas Lynch (h) señala que, en algunas situaciones, puede ser no aconsejable sustituir al poder actual debido a los pretextos para exculparse y victimizarse que pueden surgir del gobierno de turno si este no absorbe “las consecuencias de su propia mala praxis”, entre otras razones[11].

Lo señalado anteriormente resulta ocurrente debido a la reciente victimización de Evo Morales antes y después de su renuncia. En estas ocasiones, el mandatario primero se refirió a que su pecado como líder es “ser indígena, dirigente sindical y cocalero”, y luego clamó de su situación de desamparo y persecución a su persona consecuente a la renuncia al cargo, en un acto infame de descaro y demagogia pura.

Por otra parte, una incógnita destacable de la investigación del economista es el consejo de no sustituir a los gobernantes por las probabilidades del surgimiento de estos sucesos indeseables. En este caso, me permito cuestionar el señalamiento del autor y afirmar que, por un lado, tales hechos potenciales son de casi nula importancia para el ciudadano promedio local cuyos derechos están siendo vulnerados día a día; y que, por otro lado, dadas los infinitos escenarios circunstanciales, nunca será completamente previsible la revolución contra el tirano, tanto por las incontables situaciones inciertas que puede disparar como por la naturaleza espontánea del levantamiento.

De esto se concluye que, desde mi punto de vista, el énfasis tendría que ser puesto en el empleo de energías para evitar la insurrección de un nuevo régimen autocrático luego de la rebelión y no en la duda de su conveniencia momentánea, principalmente porque menos conveniente es quedarse de brazos cruzados mientras un presidente se consagra dictador vitalicio, por el mero miedo a que las cosas no resulten como se preveía o se disparen nuevos inconvenientes en el posterior camino hacia la democracia.

 

Ahora, volvamos al caso de las Fuerzas Armadas y la policía. Habiendo explorado la situación en su conjunto, es posible deducir la peligrosidad de la no-resistencia de las instituciones como estas a las órdenes de proteger los actos de un líder inconstitucional. Un ejemplo que ilustra muy bien esta situación es el caso del desenvolvimiento de los hechos en Venezuela.

En su artículo El caso boliviano y la renuncia de Evo Morales: por qué esto fue legítimo y no un golpe de Estado[12], Luis Fleischman destaca las relaciones entre el caso boliviano y el venezolano. Dentro de las diferencias encontradas, el autor señala que, en Venezuela, los militares permanecieron del lado del gobierno opresor cuando la resistencia civil ante la tiranía comenzó a manifestarse; por otro lado, en Bolivia, los militares retiraron su apoyo al gobierno, evitando la perpetuación de Evo en el poder.

Lo que sucedió en Venezuela luego de que Maduro consiguiera el control total de las Fuerzas Armadas ya es conocido por todos. Como señala el autor del último artículo citado, cuando los oficiales venezolanos decidieron rebelarse ante la dictadura, ya era tarde: Maduro tenía un gran poderío y hasta tenía bajo su mando fuerzas terroristas y paramilitares, además de gran parte del ejército venezolano.

Dudosamente alguien pueda afirmar que las fuerzas armadas venezolanas actuaron en favor de los derechos de los ciudadanos al mantenerse funcionales al régimen dictatorial y defenderlo directamente, subordinándose al poder de la tiranía.

De la misma manera, dudosamente alguien pueda argumentar que el camino que debían tomar los militares bolivianos era continuar defendiendo al poder de turno. Sin dudas, retirar su apoyo al régimen y evitar una eventual consagración cuasi-permanente de Evo Morales fue la opción más correcta y prudente. Igualmente, no debemos olvidar que esto solo tendrá efectos positivos si las FFAA no se constituyen como una fuerza política y contribuyen al ascenso de otro régimen autócrata[13].

Así, ya podemos responder las últimas dos incógnitas planteadas al comienzo del ensayo. En respuesta a la primera de ambas (¿Cómo se debe actuar ante un “presidente” que acaba de falsear las elecciones?), la respuesta más sensata probablemente concluya en que depende de la naturaleza de la situación y las circunstancias nacionales. Dentro del caso boliviano, como ya hemos visto, podemos decir que tanto la sociedad civil como las FFAA y la policía actuaron, en general, de manera sabia y acertada. Con respecto a la segunda (¿Deben las FFAA obedecerle sin importar su violación a la constitución?), podemos afirmar que la respuesta es un rotundo no. Como hemos explorado en el ejemplo del caso venezolano, seguir obedeciendo y defendiendo al régimen pondría al dictador en una posición de poder absoluto y alejaría al pueblo cada vez más de la libertad y la democracia.

Finalmente, es de vital importancia recalcar que la rebelión contra la opresión totalitaria no contribuirá en nada al bienestar ciudadano si no se reinstaura el orden democrático y en no más de 90 días se realizan nuevas elecciones libres y transparentes que permitan a la sociedad boliviana ejercer su propia soberanía y recuperar la democracia. Para ello, es de máxima importancia que la línea de mando sea respetada, la asamblea legislativa funcione, se definan nuevas autoridades electorales y cese la violencia y el caos en las calles, con apoyo de la comunidad internacional y respetando en todo momento la constitución.

 

Conclusión

Después de este estudio, espero se hayan aclarado varias cuestiones referidas a la situación boliviana. Como indiqué anteriormente, estoy seguro de que entender la cuestión en todos sus frentes ayudará a tener una visión más completa y acertada de lo ocurrido.

En resumen, podemos decir:

Primero, que, aunque Evo Morales haya llegado al poder inicialmente por medios democráticos, luego de sus continuas y profundas erosiones a la democracia y la constitución boliviana es posible catalogarlo como un dictador sin escrúpulos.

Segundo, que el abuso de poder y la tiranía legitiman le rebelión ciudadana, representando esta un contragolpe, surgido en respuesta al autogolpe de Evo Morales.

Tercero, que este contragolpe no garantiza por si mismo el regreso de la democracia. Para ello, se necesitan proyectos sólidos basados en el respeto de los derechos de los bolivianos y la constitución, que permitan el desarrollo de elecciones libres y transparentes y bloqueen la posible insurrección de un nuevo régimen totalitario. De no ser así, todos los esfuerzos habrán sido en vano, y lo único que dejará esta rebelión será violencia, caos y un pase libre para el regreso de la tiranía.

Cuarto, que de no haber actuado como actuaron las Fuerzas Armadas y la policía, muy probablemente el régimen del dictador Morales seguiría en el mando, y ambas instituciones se convertirían en cómplices de la negación de la mera función para la cual que fueron creadas: resguardar los derechos de los ciudadanos.

 

Dadas las circunstancias, es imposible que la crisis boliviana no sea utilizada como herramienta política por las fuerzas de la región. La “lucha retórica” de la que hablé en la introducción probablemente prevalezca sobre la discusión basada en los hechos. Como señala el artículo Coups Ain’t What They Used to Be (Los golpes de Estado ya no son lo que eran), y tomando a la vez el análisis del politólogo Jay Ulfelder, la posición de cada persona sobre las transferencias de poder en América Latina probablemente dependa de sus simpatías políticas, influyendo directamente estas en la connotación de ciertas situaciones como “golpes de Estado” o “reincorporaciones de la democracia”.

En el caso boliviano, la realidad es que la salida de Evo Morales no constituye un golpe de Estado, pero tampoco podremos constatar que se trata de una “reincorporación de la democracia” hasta que no se den los sucesos ya mencionados.

Para finalizar, me permito mencionar que, si bien estas discusiones son sumamente relevantes para el análisis de la realidad boliviana como de otros casos alrededor del mundo, probablemente pocos efectos tenga en el ciudadano boliviano promedio la discusión sobre cómo debe interpretarse la situación desde el punto de vista de los conceptos de la ciencia política.

Los ciudadanos bolivianos, cuyos derechos están siendo vulnerados hace varios años por una tiranía fuerte y arraigada, están actualmente luchando por la libertad y por un nuevo gobierno que respete sus derechos.

En ese sentido, es esencial no correr el foco de la realidad para evitar dejarse llevar por atractivas retóricas que concluyan en la justificación del accionar de un dictador. Sobran ejemplos de encantadores enunciados teóricos que parecen terminar con todos los males del planeta Tierra, como así también sobran ejemplos de las terribles consecuencias que usualmente tienen sus aplicaciones cuando chocan con la realidad.

 

Bibliografía

·         Aríñez, R., 2017. En reportaje sobre el Cartel de Sinaloa se afirma que ‘El Chapo’ compró cocaína en Bolivia, Recuperado de: http://la-razon.com/index.php?_url=/nacional/seguridad_nacional/Chapo-Guzman-compro-droga-Bolivia-venderla-Mexico_0_2673332677.html

·         Benegas Lynch (h), A., 2019. Acerca del contragolpe de Estado. Recuperado de:  https://www.elcato.org/acerca-del-contragolpe-de-estado

·         Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia, InfoLeyes, Legislación online. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf

·         Corbacho, A., 2019. La lección que deja la renuncia de Evo Morales (y por qué no hubo golpe de Estado). Recuperado de: https://www.infobae.com/america/opinion/2019/11/11/la-leccion-que-deja-la-renuncia-de-evo-morales-y-por-que-no-hubo-golpe-de-estado/

·         De los Santos, G., 2019. El Chapare, una zona que sigue leal a Evo, donde conviven los cocaleros y el narcotráfico. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-chapare-zona-sigue-leal-evo-donde-nid2305362

·         El País, 2019. Ethical Hacking: Todo el proceso electoral en Bolivia está viciado de nulidad. Recuperado de: https://elpais.bo/ethical-hacking-todo-el-proceso-electoral-en-bolivia-esta-viciado-de-nulidad/

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